A tres meses de su visita al país, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, publicó su informe sobre las observaciones al sistema judicial boliviano y alertó que persiste la injerencia política y la corrupción en altos niveles de la justicia. El Gobierno anunció que el informe será un insumo para la reforma judicial.

El Relator de la ONU no sólo enfatizó temas como la injerencia y corrupción, sino también sobre la impunidad, abuso de la reclusión preventiva, hacinamiento, falta de independencia judicial y otros. En sus conclusiones, hizo algunas sugerencias para encarar la reforma judicial.

Injerencia política

En su visita al país en febrero, el Relator recabó testimonios que dan cuenta que el proceso de elección y designación de autoridades judiciales está politizado y no siempre se escogió a las personas más idóneas. Recomendó que es esencial que en estos procesos cuanto más alejado esté el poder político, mejor.

“La elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”, señala el informe.

También hizo referencia a injerencias políticas en procesos, persecuciones y “amedrentamiento sistemático” a jueces.

Asimismo, en el informe se retomaron las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre las observaciones “a tipos penales ambiguos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes”.

Y en este punto de las injerencias, García-Sayán hizo mención al caso de Jeanine Añez, quien está detenida desde marzo de 2021 y enfrenta los casos: “Golpe I” por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo; y “Golpe II” por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución.

“Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Añez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, éste pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso. Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”, indica el informe.

En ese sentido, exhortó al Gobierno a que todas las personas procesadas tengan un juicio justo y con todas las garantías procesales.

Jueces corruptos

García-Sayan remarcó que la corrupción es un problema serio en la Justicia boliviana, debido a que varias víctimas le revelaron las extorsiones que sufrieron de parte de jueces, fiscales y régimen penitenciario, además de liberaciones irregulares de reos sentenciados y presiones de operadores de justicia hacia las víctimas.

“La corrupción puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial”, sostiene el informe.

También hizo notar el tema de la impunidad, dificultades en el acceso a la justicia, la falta de transparencia y el bloqueo al acceso a la información de parte del Órgano Judicial y la Fiscalía.

Mencionó, por ejemplo, la impunidad en el caso de las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y zona Sur, quienes esperan más de dos años justicia o los casos de feminicidios.

Para superar esas deficiencias, el Relator de la ONU remarcó que la carrera judicial garantiza la independencia judicial; sin embargo, hasta 2020, sólo 44% de jueces bolivianos eran de carrera y el resto transitorios.

“La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia; a ello se suma la alta proporción de jueces transitorios”, detalla el informe.

Abuso de la detención

García-Sayán apuntó a un problema latente que a la fecha no se pudo erradicar en el país: el uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles. Esto a raíz del rezago procesal en la instancia judicial.

Señaló que hasta marzo de 2021 se tenían 18.703 privados de libertad en las principales cárceles del país, con un hacinamiento que alcanzó hasta 349,8%.

“El 64,10% de las personas privadas de libertad estaba bajo detención preventiva. Es decir, siete de cada diez personas privadas de libertad no tenían condena. En el caso de las mujeres privadas de libertad, en 2020, el 71% de ellas no contaba con una condena”, refiere el documento.

Además de estos aspectos, el informe subraya también que se ha relegado la jurisdicción indígena, la falta de presupuesto para el Órgano Judicial, la carencia de jueces, fiscales y abogados para la defensa pública, la concentración de juzgados en el área urbana y la vulnerabilidad de las autoridades judiciales.

“Los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión”, señala el informe.

Ante ese panorama, se recomendó: recuperar la confianza en la justicia; debatir sobre las formas deseables de elección de autoridades judiciales; dar más recursos al Órgano Judicial; elaborar un plan de reforma estructural; establecer una efectiva carrera judicial; incrementar juzgados; poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas; avanzar sin demora casos de la crisis sociopolítica de 2019-2020; adoptar una ley de acceso a la información pública, entre otros.

“Insumo” para la reforma

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que el Gobierno toma el informe del Relator de la ONU como un “insumo” para la reforma judicial.

“Uno de los insumos para la reforma y transformación que pretendemos del sistema de administración de justicia son sin duda las conclusiones y recomendaciones que contiene este informe”, señaló el viceministro.

Siles apuntó que además se toman en cuenta como insumos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los informes de otras comisiones de las Naciones Unidas.

Entre algunos aspectos, Siles señaló que el informe hace referencia al “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos en 2019.