Para las poblaciones indígenas defender su territorio no es una alternativa, es el único camino. Hogar, cultura, sustento, todo eso se encuentra en el medioambiente y los que encabezan la lucha para proteger la Madre Tierra son los líderes indígenas. En Bolivia, los dirigentes denuncian que existe una estrategia estatal para censurar y dividir las luchas de las naciones.

“En Bolivia la violencia es distinta en comparación a Ecuador o Colombia. En Colombia matan a los dirigentes, todos los días hay líderes muertos. El caso de Bolivia es otro, el método es la corrupción. Han corrompido a los dirigentes, han formado (organizaciones) paralelas, han intervenido otras; de esa forma han logrado debilitar al movimiento indígena”, ése es el escenario que describe la diputada opositora Toribia Lero.

Lero es auditora, nació en el centro minero de Huanuni y creció en la comunidad Kellawani del ayllu Tapacarí, en la provincia Poopó de Oruro. Comenzó su lucha por los derechos de los pueblos indígenas desde muy joven y ha visto cómo, por razones políticas, se han dividido organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) o el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Fondioc y Tipnis, la división

Antes de estas divisiones, décadas atrás, la lucha de las poblaciones indígenas por la defensa de sus territorios era una sola. Las posturas sobre los partidos políticos eran un punto aparte, así lo recordó Adolfo Chávez, actual coordinador de relaciones internacionales y cooperación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Chávez relató que ya desde 2001 las poblaciones indígenas marcaron una agenda en temas de medioambiente y territorios indígenas a todos los partidos políticos. Cuando Evo Morales llegó a la Presidencia en 2006, “entró con ese compromiso, recordándonos a todos los bolivianos que era una persona que supuestamente venía de la lucha social, pero enfocado a un tema más sindicalista, no sabía de autonomías”, explicó.

Chávez destacó que, producto de todo el trabajo de las poblaciones indígenas, se logró constitucionalizar, poner en la ley algunos derechos. Sin embargo, el problema llegó cuando pidieron ejercer lo que estaba en el papel.

“La Cidob se empoderó de todos esos derechos constitucionales, entonces como que le asustó al gobierno de Evo Morales. Él había creído que los indígenas éramos su concesión o éramos su mandado, que el partido de gobierno tenía un derecho ganado sobre nosotros los indígenas. Malinterpretó”, advirtió.

Para Chávez, la primera forma de división a la lucha originaria se dio a través de la corrupción, en el Fondo de Desarrollo Indígena.

“Ahí hubo manipulación y chantaje, con nuestros propios recursos, para abrir cuentas personales a algunos dirigentes. A partir de ahí, cuando se hace ese plan estratégico para debilitar a la dirigencia, vino la Marcha (indígena de 2011) y fue un buen plan. Cuando hicimos la marcha de (la represión en) Chaparina al Gobierno le fue muy fácil desestructurar, en esa línea, al movimiento indígena”, analizó.

Para el investigador Jorge Campanini, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), “lo que se suscita a partir del Tipnis es una política de avance de fronteras extractivas, que es una especie de declaración de guerra a los indígenas que no se someten”.

Chávez acotó que la división tras la represión en Chaparina fue un hito, entonces el Gobierno marcó una regla. “Como diciendo, ‘si no son parte de mi gobierno, entonces yo tengo derecho de enjuiciarlos y amedrentarlos’; sobre esa línea ha actuado el gobierno del MAS”.

En octubre del año pasado, cuando se dirigía a la COP 26 en Escocia para denunciar vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, Adolfo Chávez no pudo abordar el avión debido a una orden de arraigo y alerta migratoria en su contra por el caso Fondo Indígena. En esa ocasión señaló que ni él ni su abogado Otto Ritter tuvieron información sobre el estado del proceso por el ex-Fondioc y no recibieron notificaciones sobre ese caso.

Normas y cooptación

Campanini explicó que desde el 2013 se registraron acciones sistemáticas para el control de la acción de la sociedad civil. “Hay ataques sistemáticos contra ONG, prensa y otras organizaciones que realizan investigación, análisis e información independiente”, precisó el investigador.

En 2013 también se promulgó la Ley 351, la Ley de Personería Jurídica. Además, se aprobaron otras normas de “control y acoso administrativo” en Impuestos Nacionales, Ministerio de Trabajo, entre otros. Campanini expuso que a esto se sumó la cooptación de la Defensoría del Pueblo.

Ya desde 2016, con las amenazas de construir megaproyectos al interior de áreas protegidas y territorios indígenas, “emerge una resistencia desde los pueblos”, como la resistencia articulada contra la hidroeléctrica Bala, la resistencia contra la hidroeléctrica Rositas, la gran marcha en defensa de Tariquía, las movilizaciones en Roboré. Fue en esa resistencia que nació la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), en 2018.

Ataques a líderes indígenas

El 28 de abril pasado, el Cedib lanzó una plataforma con una base de datos sobre los ataques a defensores ambientales. El informe indica que desde 2017 se registraron 191 agresiones y el 61% de los casos consistió en: desprestigios, estigmatización pública y difamaciones; hostigamiento, acoso administrativo laboral, espionajes y acoso psicológico; chantajes y coacciones a sus organizaciones, creación de paralelas y división.

El informe agrega otro dato. Un 90% de los perpetradores forma parte, directa o indirectamente, de la estructura del poder gobernante. “Actúan, en la mayoría de los casos, de manera coordinada”, señaló Campanini.

Organizaciones vs. pueblos

Uno de los principales aliados del gobierno de Evo Morales y ahora de Luis Arce es el Pacto de Unidad, una alianza formada por cinco “organizaciones sociales”: Confederación de Trabajadores Rurales de Bolivia (Csutcb), Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Cidob y Conamaq.

De esta lista, Csutcb, Cidob y Conamaq fueron divididos. Aun así, las confederaciones que realizan denuncias al Estado o hacen pronunciamientos sobre violaciones a los derechos indígenas se han bautizado como “orgánicas” o “independientes”.

Al respecto, Lero explicó cómo el término “organizaciones sociales” puede ser confundido. “Una cosa es la organización social. Nosotros somos pueblos indígenas, tenemos base territorial, tenemos estructura indígena; en cambio, las organizaciones sociales o movimientos sociales son otro tipo de organizaciones y los confunden con eso. Ellos manejan organizaciones sociales u organizaciones campesinas, pero nosotros somos pueblos y naciones indígenas, sujetos de derecho de los pueblos indígenas”, precisó.

Polémica en cumbre de Escazú

El término organizaciones sociales también sonó en la COP1 del acuerdo de Escazú, realizada en abril en Chile, como parte de una propuesta sorpresa que Bolivia llevó para discutir las reglas de procedimiento. En la discusión del artículo 7, sobre las reglas de composición, el Gobierno boliviano propuso excluir a la sociedad civil, una parte importante del acuerdo.

Según la propuesta de la representación boliviana, el sacar a la sociedad civil de la mesa directiva tenía el objetivo de que el público no participe sólo los tres días de la COP, sino “que la participación del público sea constante, durante los dos años que se realiza la preparación de la COP. A posterior tenemos una propuesta específica donde los actores esenciales para la participación, durante los dos años, justamente es el público”, destacó una de las representantes.

Y aunque en su propuesta sobre la composición de la mesa directiva, Bolivia no proponía al público, cambió la palabra por otro término: organizaciones sociales. “A posterior estamos proponiendo crear un grupo de trabajo específico para el público, basado también en los actores esenciales que son las organizaciones sociales y los pueblos indígenas. Es ése el entendido, no es sólo escuchar la voz tres días. Queremos que su trabajo sea permanente en los dos años”, reiteró.

El Gobierno boliviano recalcó que era importante poner su propuesta en discusión porque sus propuestas estaban basadas en el trabajo que se elaboró desde las bases, desde la sociedad civil y desde los pueblos indígenas. “Es por eso la importancia de insistir en incluirla”, indicó.

En respuesta, Carmen Capriles, del colectivo Reacción Climática que representó a la sociedad civil de Bolivia, explicó que no hubo procesos abiertos que incluyeran la participación de sectores para la elaboración de la propuesta boliviana. “No debería ser una demanda de la ‘sociedad civil boliviana’, sino de algunos sectores que lastimosamente son afines al Gobierno”, indicó.

Para Lero, “el Gobierno trabaja estos temas (la propuesta de reglas de composición que llevó Bolivia a la COP) con el Pacto de Unidad; y el Pacto de Unidad no representa a los pueblos indígenas, representa al Gobierno, es parte del partido político. Trabajan con ellos y ellos no van a decir lo que necesitan, porque el Pacto de Unidad se maneja de manera cupular, gente que está ligada al partido de gobierno, con intereses extractivistas”, cuestionó.

Desde la Coica, Chávez explicó que se repudió la propuesta del Estado boliviano. “Planteaba que las organizaciones sociales suplanten a las organizaciones civiles. Claro, eso deja ver claramente que hay una intención de seguir avasallando territorios indígenas. No le gusta la consulta previa e informada y el acuerdo de Escazú es muy amplio y explícito en el mandato y les dice a los gobiernos que respeten los derechos constituidos”, precisó.

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.