La Fiscalía desestimó una denuncia penal el mismo día que fue presentada por los diputados Freddy López y Ramiro Venegas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.

El 13 de mayo los legisladores acudieron a la Fiscalía con una denuncia penal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en contra de ambas autoridades, pero esta fue “desestimada”.

“El viernes (13 de mayo) a las cinco ya está la desestimación, en tiempo récord, en unas cuantas horas toman la decisión los fiscales”, cuestionó el diputado Freddy López (MAS), en declaraciones a la ANF, porque en su opinión ni siquiera revisaron los documentos y pruebas que adjuntaron.

La demanda contra el Ministro de Gobierno y el Comandante de la Policía está vinculada al pago de sueldos presuntamente irregular a 300 efectivos, el hecho sucedió en enero de este año. El supuesto daño económico sería de al menos un millón de bolivianos.

López y su colega Venegas consideran que existen suficientes elementos que hacen presumir que ambas autoridades incurrieron en esos tres delitos, por esa razón, mediante otro memorial han solicitado que se revoque la resolución de la Fiscalía en la que se desestimó su denuncia.

“Presentamos la objeción, están todas las pruebas correspondientes y videos”, dijo López, demandó a los fiscales cumplir su labor en sujeción a las leyes, porque este no es un caso “político” y tampoco "personal”. El caso ingresó al despacho del fiscal Horacio Guillermo Escobar.

La denuncia de acuerdo a los documentos a los que accedió ANF ingresó el 13 de mayo a las 8:48, ese mismo día en horas de la tarde la Fiscalía emitió una resolución en la que “desestima” la denuncia de los diputados del MAS.

En la fundamentación la Fiscalía dice que ha advertido imprecisión de requisitos formales exigidos por la normativa penal, asimismo, realiza una serie de consideraciones, para concluir que no existen los suficientes elementos para admitir el caso.

“Bajo los razonamientos antecedentemente expuestos no se tiene los suficientes presupuestos para tomar una determinación de admisión de la denuncia en merito a la insuficiencia de elementos constitutivos del tipo penal denunciado”, se lee en el documento en el que desestima la denuncia.

Los legisladores exhortaron al fiscal departamental de La Paz, Willimas Alave, a cumplir su labor sujetándose a las leyes, de lo contrario asumirán acciones por el presunto delito de prevaricato en contra del fiscal que “desestimó en tiempo record” la querella penal.

“Se ha pagado un salario ilegal a más de 300 efectivos policiales, el 27de enero se ha hecho un memorándum, pero desde el primero de enero se ha cancelado. Nosotros indicamos que debía ser desde el 27 de enero el pago”, reiteró López.

Insistió que se trata de un daño económico al Estado, por lo tanto, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y no recurrir al mecanismo fácil de “desestimar”.

De no revocar la resolución fiscal, los legisladores recurrirán a las vías legales para denunciar y continuarán con sus acciones de fiscalización.