La legisladora chiquitana María René Álvarez denunció que ya pasaron 4 meses y el Órgano Ejecutivo no responde a las Peticiones de Informe Escrito (PIE) que solicitó desde enero, sobre la ex concesión forestal Romano, ubicada en el municipio de San Rafael, de la provincia Velasco. 

El 25 de enero, Álvarez presentó dos PIE. Una fue enviada al ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), para que explique sobre la otorgación de la concesión forestal denominada Romano a la Empresa Comercial e Industrial Romano Ltda, Import Export, con una superficie de 40.806,8186 hectáreas.

La segunda Petición de Informe Escrito (PIE), de 16 preguntas, está dirigida al ministro de Desarrollo Rural y Tierras para que informe de forma detallada cuántos asentamientos de comunidades fueron autorizados en la zona, además de la modalidad de asentamiento humano. 

La tercera PIE, enviada el 16 de febrero, con diez preguntas, está dirigida al ministro de Medio Ambiente, en la que pide información de quiénes realizaron desmontes ilegales en Romano. Asimismo, solicita que explique si la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) otorgó derechos de aprovechamiento forestal, a partir de la conclusión de los derechos forestales otorgados a la Empresa Comercial e Industrial Romano Ltda, Import Export.

"A más de cuatgro meses, el nivel Ejecutivo no envió a la Cámara de Diputados las respuestas de las tres PIE, situación que preocupa, por el daño ambiental que se genera en esta región. No tenemos respuesta, esa acción obstaculiza nuestro trabajo de fiscalización, pero es mi responsabilidad continuar con la defensa del medioambiente”, dijo.

Álvarez citó el artículo 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que “las respuestas a las peticiones de informe escrito deberán ser remitidas a la Cámara en el término máximo de 10 días hábiles, a partir de su recepción”.

La legisladora además presentó tres cartas de reclamo, y en dos oportunidades, de forma oral, solicitó al pleno que bajo conminatoria se entregue el mencionado informe en 48 horas, pero indicó que no fue escuchada por el presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani.

“En esas tierras se están asentando de manera ilegal, causando un tráfico de tierra. Hay una mafia organizada dentro del Gobierno entre el INRA y la ABT. Prácticamente esa es la realidad de San Rafael de Velasco”, manifestó Álvarez, quien agregó que los asentamiento ilegales tienen la única finalidad de convertirlas en tierras de producción agrícola.

“Son alrededor de 50 mil hectáreas que están por desaparecer, imaginen la magnitud de la afectación medioambiental. El Gobierno del MAS se dice protector de la naturaleza, pero asume acciones contrarias a la defensa y protección de la Madre Tierra”, lamentó.