Brújula Digital |24|05|2022|

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y exministro de Justicia de Evo Morales, Héctor Arce, afirmó que no era autoridad competente, "mucho más tomando en cuenta la autonomía universitaria", para asumir alguna acción contra del entonces dirigente universitario Max Mendoza cuando recibió en 2019 una denuncia en su contra.

Arce admitió, citado por la agencia oficial ABI, que recibió una nota del entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, en la que se identifica una "irregularidad" respecto a las funciones que cumplía Mendoza y se respondió formalmente indicando que, ante estas observaciones, la autoridad universitaria tenía el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere pertinentes.

"Yo no era la autoridad competente para tomar ninguna determinación sobre el señor Max Mendoza, mucho más tomando en cuenta la autonomía universitaria, que es el parámetro fundamental del sistema universitario boliviano, desde el año 1930, algo que nosotros militamos, primero como estudiantes y después, durante 20 años, como docentes universitarios", sostuvo el exministro en contacto con la ABI.

Según una carta del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, el entonces ministro de Justicia sabía que el dirigente Max Mendoza estaba usurpando funciones en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Por ese cargo recibía un sueldo de más de 21 mil bolivianos.

La nota está fechada el 4 de febrero de 2019 y recibiael mismo día en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

"En lo concerniente a los suscribientes del Convenio de marras, corresponde a la entidad que represento, observar la firma y falsa representación que ostenta el Sr., Max Mendoza, estudiante y dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), por cuanto dicha persona no es miembro el CEUB, sin embargo, aparece firmando el documento como ‘Secretario Ejecutivo de la CEUB", señala una parte de la carta.

Arce respondió a Albarracín el 15 de marzo de 2019: "Mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que, si su autoridad en calidad de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo ésta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere más pertinentes (sic)".

Arce remarcó que, si Albarracín o cualquier persona tenía elementos de convicción para denunciar que Mendoza estaba incurriendo en delitos, "su obligación constitucional era presentar, él o las personas que hayan conocido (el hecho), una denuncia ante el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público es el órgano constitucional de defensa de la legalidad, de defensa de la sociedad y tiene la función de la acusación penal pública".

Mendoza, el máximo dirigente de los estudiantes universitarios de Bolivia que tenía el control del sistema universitario, ahora está detenido por varios delitos como usurpación de funciones y conducta antieconómica.

BD/ABI