En febrero de 2019, el Gobierno de Evo Morales conoció los ilícitos de Max Mendoza a través de una carta escrita por el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín al exministro de Justicia Héctor Arce Zaconeta, sobre usurpación de funciones cometida por el dirigente universitario al suscribir un convenio con diferentes instancias como secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Según abogados penalistas, Arce Zaconeta habría incurrido en delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes por obviar y no investigar las denuncias realizadas por Albarracín.

En entrevista con la agencia ABI, Arce, actual embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que “no era su competencia” asumir acciones por respeto a la autonomía universitaria.

Mendoza cumple detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro y está acusado por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

“(Héctor Arce) debió remitir esa denuncia al Ministerio Público para que se investigue y esclarezca el contenido de la carta (...). Al no hacerlo, se convierte en un encubridor silencioso de las acciones de Mendoza desde 2018. También incurrió en incumplimiento de deberes conforme al artículo 285 del Código de Procedimiento Penal”, señaló el abogado penalista Eusebio Vera.

Advertencia

Pese a conocer la carta, el Gobierno de Evo Morales no hizo nada, incluso se advertían sobre las figuras penales transgredidas.

El entonces rector de la UMSA alertó al actual embajador de Bolivia ante la OEA, Arce Zaconeta, sobre usurpación de funciones en el CEUB.

Sin embargo, este hecho sale a luz después de más de tres años, luego de la tragedia que se suscitó en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, por la explosión de una granada de gas de triple acción y que se cobró la vida de cuatro estudiantes, y que involucró a afines a Mendoza, dirigente de la CUB y estudiante por 33 años sin lograr un título.

La denuncia

El exrector Albarracín escribió en su misiva: “El señor Max Mendoza, estudiante y dirigente de la CUB (...), no es miembro del CEUB; sin embargo, aparece firmando el documento como secretario ejecutivo del CEUB”.

Para el cargo de secretario se debe poseer “el grado académico de doctor, magíster, licenciado o sus equivalentes o ser docente con más de cinco años de antigüedad”.

“El susodicho estudiante no cumple tales requisitos, por tanto está usurpando funciones, transgrediendo el artículo 122 de la Constitución Política del Estado y 163 del Código Penal”, indica en la misiva enviada.

“Es conveniente que ese portafolio de Estado no permita estos atropellos en contra del Sistema Nacional Universitario, respaldados en la influencia política que ejerce la persona en cuestión”, refiere la carta en su cierre.

Artículos

El abogado penalista Ramiro Cárdenas señala que el exministro Arce no podía omitir la denuncia y coincide con Vera sobre que incumplió deberes.

Además, destaca que Albarracín daba cuenta de que, por ilícitos de Mendoza, según el artículo 122 de la CPE: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

Próximos convocados

Autoridades del Ministerio Público de La Paz informaron que se convocará a todas las personas involucradas en la designación ilegal de Max Mendoza como miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y permitir que acceda a un sueldo de más de 21 mil bolivianos.

Según datos, el Ministerio Público debe convocar al Roberto Bohórquez, rector de la Universidad Tomás Frías de Potosí, como presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades y Rodrigo Rodríguez, secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), que actualmente ya no cumplen esas funciones.

Denuncian a ejecutivo de la CUB por trata y tráfico

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce reveló que llegó a sus manos documentación que da cuenta sobre los supuestos viajes internacionales que habría realizado Max Mendoza como ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) junto a grupos folklóricos de 20 a 25 personas, de los cuales sólo 10 a 15 retornaron al país.

“Aparentemente, esta gente era trasladada por él, eso vamos a investigar, ésa es la denuncia que nos ha llegado, se presume que se ha hecho ese trabajo, que se cobraba a esas personas por ese traslado, eso vamos a investigar”, adelantó el diputado oficialista.

En este contexto, el asambleísta señaló que se requirió informe a la Dirección General de Migración para conocer de manera detallada sobre los viajes realizados por Mendoza a Estados Unidos y Europa.

“Mediante una petición de informe escrito (PIE) (solicitamos) que se nos informe cuántas veces ha viajado al exterior, si ha viajado en representación de alguna institución, si ha viajado con delegaciones. Necesitamos saber esta información para corroborar esta denuncia”, sostuvo el legislador.

Agregó que recabará mayor información para esclarecer esta denuncia sobre un probable tráfico de personas. No descarta presentar una nueva denuncia contra el dirigente en caso de corroborar su hipótesis.