El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, dijo este lunes que, cuando fungía como Ministro de Justicia en 2019, tras recibir una nota del entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, en la que se identifica una “irregularidad” respecto a las funciones que cumplía Max Mendoza, se respondió formalmente indicando que ante estas observaciones, la autoridad universitaria tenía el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere pertinentes. Además, sostuvo que la cartera de Estado que presidía, tomando en cuenta la autonomía universitaria, no tiene competencia en el tema.

“Yo no era la autoridad competente para tomar ninguna determinación sobre el señor Max Mendoza, mucho más tomando en cuenta la autonomía universitaria, que es el parámetro fundamental del sistema universitario boliviano, desde el año 1930, algo que nosotros militamos, primero como estudiantes y después, durante 20 años, como docentes universitarios”, sostuvo el exministro en contacto con la ABI.

Esta jornada se difundió en redes sociales una nota en la que Waldo Albarracín, quien en 2019 se desempeñaba como rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se dirige al Ministerio de Justicia con referencia a su participación en la realización del censo carcelario, pero a la vez manifiesta que Max Mendoza estaba “usurpando funciones”, ya que no era miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Ante esta nota, en fecha 15 de marzo de 2019, Héctor Arce, en su condición de Ministro de Justicia, a través de otro documento responde: “Mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que, si su autoridad en calidad de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo ésta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere más pertinentes (sic)”.

Arce remarcó que si Albarracín o cualquier persona tenía elementos de convicción para denunciar que Mendoza estaba incurriendo en delitos, “su obligación constitucional era presentar, él o las personas que hayan conocido (el hecho), una denuncia ante el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público es el órgano constitucional de defensa de la legalidad, de defensa de la sociedad y tiene la función de la acusación penal pública”.

“El Ministerio de Justicia no tenía competencia para esta situación y estaba dentro de un trámite que era totalmente diferente, el trámite referido al censo carcelario que se dio en esa oportunidad”, insistió.