La bancada nacional de Creemos envió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que aseguraron que la división de poderes es “una ilusión en el fallido Estado” de Bolivia. Los legisladores reiteraron además su denuncia de “persecución política” a exautoridades, en especial referencia al caso FMI.

“La justicia secuestrada por el partido masista se enfoca única y exclusivamente en perseguir, exhibiendo la falta de independencia judicial. Los mecanismos de control parecieran inexistentes y la Constitución Política del Estado es superada por los excesos del gobierno masista y sus desenfrenadas ansias de poder. La separación de poderes es una ilusión en el fallido Estado de Bolivia”, consta en la misiva, difundida este lunes en las redes sociales de la alianza.

El caso FMI investiga las circunstancias que rodearon el desembolso de 327 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia, bajo la categoría de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez. Los fondos tenían como objeto el financiar la lucha contra la Covid-19.

Creemos indicó que días atrás la Contraloría emitió un informe preliminar sobre dicho IFR y halló responsabilidad en 25 exautoridades, por lo que se podría activar un proceso civil. Presuntamente, dicho parte de control data del 2 de marzo de 2022 y a varios implicados los notificaron el miércoles 11 de mayo, violando una norma que establece que “los plazos a los que debe sujetarse el proceso interno son: tres días hábiles a partir de conocido el hecho o recibida la denuncia, para que el sumariante inicie el proceso con la notificación del procesado”.

“A pesar de las constatadas violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales que suponen los procesos instaurados por el MAS, este caso evidencia los verdaderos móviles de persecución política y el doble discurso del Gobierno de Luis Arce Catacora”, continúa la carta.

“Estamos en la obligación de continuar denunciando ante la comunidad internacional la constante vulneración de derechos humanos y constitucionales a consecuencia de la persecución desmedida y revanchista de Luis Arce Catacora y del MAS, responsabilizándolos de cualquier detención ilegal y arbitraria, sin respeto de las mínimas garantías judiciales ni al debido proceso”.

El documento finaliza con el pedido de que se activen los mecanismos y acciones necesarias recogidas en la Carta de la OEA y la Carta Democrática de 2001, “que permitan resguardar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en el país, frenando las ansias totalitaristas del Gobierno del MAS”.