¿Qué nación quería el MNR?

Un primer aspecto al que se le dio poca o ninguna importancia hasta hace relativamente pocos años, fue la columna vertebral del proyecto ¿Qué nación proponía el MNR? ¿En qué se diferenciaba del proyecto fundador de 1825 y del proyecto oligárquico liberal de posguerra del Pacífico? El MNR proponía una nación cuyo paradigma de unidad fuera el mestizaje. Acuñó, inspirado en la Revolución Mexicana, la idea de que había que amalgamar nuestro pasado común “indo-mestizo” que estaba dislocado y enfrentado secularmente. La mirada de entonces, apoyada en la visión decimonónica del Estado-Nación, reforzaba sin resquicios la idea de una nación unitaria, sólidamente cohesionada por valores comunes y únicos que garantizaran la construcción de una sociedad con los mismos valores y las mismas creencias.

Para ello el pivote era la idea del mestizaje en el que se insumirían las tres categoría entonces aceptadas de modo sobresimplificado como componentes de nuestra población: indígenas, mestizos y blancos. Había que reconocer un pasado común tanto indígena (Tiwanaku fue el referente simbólico del esplendor de ese tiempo pretérito) como colonial y republicano. Quedaba claro que la única forma de lograr tal uniformidad era la de imponer una lengua común y dominante, el castellano como “lingua franca” del país y la adhesión a una religión unificadora, el catolicismo.

Desde el punto de vista de la referencia política, para el MNR estaba claro que dicha cohesión tenía una amalgama imprescindible, la de un Estado poderoso, garante de la protección de nuestros recursos naturales, empresario y rector de una economía planificada y férreamente controlada. Ese Estado gestor decidiría el grado de participación de los privados en la economía.

Desde la perspectiva intrínsecamente política, la influencia mexicana fue también decisiva. La formalidad democrática era eso, una formalidad para disfrazar a través del voto genuino a favor de quien cambiaría el país, una dictadura de partido, una renovación indefinida del poder y un control férreo de éste. La oposición (en el caso que nos ocupa, FSB), sería simplemente un ingrediente para hacer creíble el tal disfraz. El mecanismo terminaría por estallar pero en el camino dejó una secuela de arbitrariedad, violencia y manipulación de la democracia nominal instaurada especificamente en 1956 con la primera elección por voto popular universal.

Las medidas legendarias

Fueron más de tres y una de ellas fue la clave. En lo práctico, sin ninguna duda, la combinación entre la ortorgación del voto universal (que liquidó el voto censitario que impedía ese derecho a mujeres e indígenas) y la implantación de la reforma agraria, cortó a cuchillo la historia republicana. Los caminos paralelos de racismo, exclusión, expoliación y el circuito terrible de levantamientos indígenas-masacres, se cortaron para construir una ruta única de presente y de futuro. La mitad de la población sobre cuyas espaldas se construyó el proyecto conservador-liberal, dejaba de ser carne de cañón y objeto de la historia para conquistar la ciudadanía política y económica a partir de la recuperación de la propiedad de la tierra. Sin discursión, fue el paso fundamental del proceso del 52.

Es evidente que la reforma agraria pecó de insuficiencias importantes tanto técnicas como conceptuales (su aplicación se dio exclusivamente en altiplano y valles dada la relevancia menor de población y control de tierras en el norte, oriente y sur). Sobre el modelo del sindicalismo europeo, concibió la medida en la lógica de propiedad individual y no comunitaria, lo que desbarató significativamente la tradición indígena anterior a la colonia y también la del propio periodo colonial que había mantenido un vínculo con las formas previas de organización y uso de la tierra. Pero aún considerando esas deficiencias, el objetivo central de inclusión, igualdad y ciudadanía, se cumplió, lo que vino después (sobre todo en el periodo democrático inaugurado en 1982) fue el ajuste y afinado del imperativo de cerrar la página entonces inaugurada.

A estas medidas esenciales se sumó el Código de Educación (1955) que, por fin, la universalizó incorporando la educación rural que en un par de décadas logró educar a la casi totalidad de los niños bolivianos en edad escolar. El pilar fue el castellano, recién cuestionado como vehículo básico en la reforma educativa de 1994 instaurada por el propio MNR.

Otro de los logros cruciales del proceso de la Revolución fue la universalización de la seguridad social para los asalariados a partir de la creación de la Caja Nacional de Seguridad Social.

La nacionalización de las minas, que cuando se hizo realidad (octubre de 1952) fue el hecho “estrella” de la Revolución, calificado ampulosamente como la “liberación económica” de Bolivia, mostró en muy pocos años varios de los problemas de su ejecución. La Creación de la Corporación Minera de Bolivia-Comibol, fue la de un superestado asfixiado por la burocarcia, el prebendalismo y la sujeción a las exigencias y necesidades del partido de gobierno. En 1961 -cuando se aplicó el llamado “Plan triangular” que buscó racionalizar y reordenar a la empresa- se había puesto en evidencia que la política había dañado irreversiblemente la medida.

El cambio de razón social (de minería privada a estatal) vino acompañado con la medida demagógica de pago de beneficios y recontratación inmediata de quienes habían sido empleadas de los “barones” del estaño. En poco tiempo se triplicó el personal, especialmente el de superficie. La ley del mineral, que ya venía en bajada en el momento de la nacionalización, descendió dramáticamente. La productividad de los trabajadores en la nueva empresa estatal cayó también de manera significativa.

El resultado fue inevitable; el costo de producción por cada libra fina superó al monto recibido por la exportación de esa misma libra fina. Situación que en 1985 -también en virtud de la brutal caída del precio internacional del estaño- llevó al colapso a la minería estatal boliviana.

La ciclotimia del proceso  

Pero el proyecto iniciado el 52 adoleció de problemas de base que harían compleja su culminación.  El capitalismo de Estado surgido del cambio -como anoté en el caso de la minería- impulsó una monstruosa burocratización, en un contexto de Guerra Fría y de bloques ideológicos enfrentados, en una realidad geográfica y geopolítica dependiente de la influencia de la primera potencia del mundo alineada obviamente con el liberalismo político, la economía abierta y el capitalismo. Una mirada pragmática y realista de ese contexto, apostó (segundo gobierno de Paz Estenssoro) por el desarrollismo que fue promovido por las ideas de la Cepal por un lado y la Alianza para el Progreso por el otro.

Las dificultades macroeconómicas estructurales del primer periodo revolucionario, obligaron al MNR a apelar al apoyo de EEUU a partir de respaldo a fondo perdido para cubrir las obligaciones presupuestarias salariales y -progresivamente- a un endeudamiento que generó condicionantes muy duras en el manejo del modelo político-económico. Muy temprano, desde 1953 el país comenzó a atarse a dicha ayuda. A esto contribuyó el gran desafío del segundo gobierno movimientista, presidido por Hernán Siles, de estabilizar la moneda y salvar la economía, producto de la grave inflación generada por las medidas citadas. El único camino (como pasaría en 1985 tras la hiperinflación de tiempos de la UDP) fue la aplicación de medidas ortodoxas de corte liberal.

Como corolario la consecuente liberalización económica en un rubro importante, contrastó con la lógica estatista; este paso se dio con el Código del Petróleo (1956) que permitió el ingreso de la Gulf Oil (empresa estadounidense) a Bolivia, que aceleró la exploración y acabó demostrando que Bolivia era un país gasífero más que petrolífero.

El tema de los hidrocarburos ilustra la deriva pendular del país desde los años 30 del siglo pasado hasta el siglo XXI. En 1969 la nacionalización de Alfredo Ovando volvió a la lógica de los hidrocarburos para el Estado. La capitalización de Sánchez de Lozada en 1994 revirtió esa forma y potenció como nunca a las transnacionales. En 2004-2006 el referendo de hidrocarburos, la consecuente ley del rubro y la reconversión de contratos en el gobierno de Morales, volvió al estatismo en lo que era entonces el sector productivo más importante de nuestra economía. La citada liberalización de los 50 fue un ejemplo inequívoco de las paradojas de los gobiernos del MNR. 

La gestión de gobierno 1960-1964 y el plan decenal del MNR (1962), estaban marcados -como anotamos- por una corriente determinada del enfoque del crecimiento dominante en América Latina. Dicha propuesta marcó una visión de mediano y largo plazo de políticas públicas orientadas al crecimiento sobre el desafío de la lucha contra la pobreza y, en su origen, la sustitución de importaciones sobre el mito de la gran industrialización, entendible en las potencias regionales, pero impracticable en las naciones más pequeñas como Bolivia.

Pero además, dos elementos impidieron la radicalización de la Revolución que esperaban determinados sectores sindicales y políticos: la raíz demo-liberal y  progresista del MNR y la situación de aislamiento de Bolivia, punto clave de desestabilización del sistema continental, sin posibilidad alguna de apoyo de países externos a la influencia norteamericana. 

Esos graves dislocamientos terminaron por quebrar la identificación entre movimiento obrero y partido, que había transformado un golpe de Estado en una insurgencia popular y que había convertido el movimiento, a través de banderas nítidas de lucha (las  medidas ya mencionadas), en una acción colectiva vanguardizada por la avanzada minera que hizo posible la fundación de la COB.

El proyecto nacional revolucionario, siempre anclado en el reformismo, tuvo una innegable vigencia pero a pesar de todo, paralelo a proyectos latinoamericanos signados por ideas próximas como el argentino, el brasileño, el peruano, el venezolano, el colombiano y en muchos sentidos el guatemalteco de Arbenz, fue el único de ellos que pudo llevarse a la práctica hasta niveles de verdadera Revolución (como transformación económica y desplazamiento de clases), especialmente en el periodo 1952-1956.  A pesar de sus limitaciones inherentes, terminó por imponerse en la dimensión de la historia. 

Pero si el fin del gobierno del MNR tiene una fecha específica: el 4 de noviembre de 1964, no sólo por sus índices de decadencia y agotamientos salpicados de corrupción y violencia estatal (exilio, prisión en campos de concentración, discurso y acción de partido único), sino por el grave error de Paz Estenssoro de forzar su reelección y su tercer gobierno (los tres presidentes que lo intentaron no terminaron su mandato), los rescoldos del modelo nacional-revolucionario perviven en Bolivia hasta nuestros días.

La experiencia nacionalista boliviana del periodo 1952-1964 es probablemente la que ha llegado más lejos en lo que se refiere a la puesta en práctica de medidas que permitieron cambios estructurales y formas políticas (cogobierno COB-Ejecutivo y Asamblea Popular en 1971 en el periodo de radicalización de los gobierno militares bajo el liderazgo de Alfredo Ovando y Juan José Torres) en más de un caso inéditas hasta hoy en otras naciones de América.

Colofón, breves reflexiones sobre el MNR y el MAS

Pero si esto es cierto, no lo es menos que precisamente por esas razones el resultado que vive el país hoy, cuando el modelo nacional revolucionario parece haber hecho todos sus aportes, es el de un intento de transformación estructural de la mirada de la nación, a partir de la idea del Estado plurinacional que quiso cerrar la página de la discriminación y la exclusión, abierta en 1952 y profundizada en las primeras dos fases del periodo democrático (1982-2006). El Movimiento al Socialismo (MAS), diciendo las cosas con la crudeza que el caso amerita, heredó un discurso histórico, el del 52, intentando borrar sus huellas fundacionales, pero copiando el modelo autoritario hegemónico y con un envilecimiento cada vez más creciente, que había terminado con la fase idílica de ese proceso transformador, de modo muy parecido al camino de nefastos tumbos autocráticos y degradados de hoy.

Con todo, la Revolución de 1952 creó un nuevo Estado que se constituyó en el proyecto histórico más ambicioso desde la independencia. Sin embargo, esa nueva construcción dejó un tatuaje contradictorio, basando sus premisas en el Estado empresario y dueño de la economía del país, a pesar de la evidencia de sus graves problemas de burocracia, corrupción e ineficiencia.

La respuesta liberal de glorificación de la empresa privada en los 90 mostró también sus excesos y su tendencia a la concentración de riqueza en manos de unos pocos, lo que demandó una respuesta aún pendiente, la de la construcción de un nuevo paradigma económico y ambiental adecuado a los desafíos del siglo XXI, capaz de reformular el futuro, desterrar las ideas obsoletas de la gran industrialización y sobre todo del extractivismo y el rentismo como supuestos parámetros de crecimiento inexcusables para nuestra sociedad.

Finalmente, tras varios lustros de polarización, la democracia, se impuso como el  camino de la nación, que decidió con su lucha y su sangre ese modelo de vida en comunidad, acompañado por un aparato político (un conjunto plural de partidos) que tuvo sus altos y bajos y que vive hoy la misma disyuntiva de los años cincuenta del siglo XX, la de derrotar democráticamente la imposición de un partido hegemónico que conquistó su legitimidad por el voto, pero que la desnaturalizó con un ejercicio espurio, autoritario y antirepublicano del poder.

El MNR, referente del proceso revolucionario y del nacionalismo, mostró a lo largo de 60 años (1943-2003) un vigor y un protagonismo que lo ha convertido en la organización política más importantes de todo el transcurrir de la República hasta hoy. Su periodo embrionario, su momento dorado y su giro en democracia hacia dos corrientes diversas, de entre las que se impuso la de la ruta liberal, constituyen en sus propios hechos una explicación de la lógica repetida y pertinaz del agotador péndulo político, económico y social de Bolivia.

Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia