Como nunca antes, nuestro país hoy se encuentra totalmente desinstitucionalizado. Prácticamente una mayoría de las instituciones públicas que conforman el Estado nacional está con autoridades interinas o con autoridades nombradas a dedo por el partido oficialista que nos gobierna.
Un caso patético es la Defensoría del Pueblo, que hace seis años está sin rumbo y sin una autoridad titular idónea y con recursos humanos improvisados, además sin cumplir su verdadera función, que es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, que establecen la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y los instrumentos internacionales.
Otro caso preocupante es el de las instituciones que conforman el sistema judicial boliviano; Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Ninguno de estos cuatro entes goza de la credibilidad de la ciudadanía. Urge una reestructuración y despolitización profunda de las mismas. Así como van sus tareas que desarrollan a diario, antes que convertirse en protectores de la sociedad dan a entender que son todo lo contrario.
El Órgano Electoral está igualmente sumergido en su laberinto político, no es creíble la función que desarrollan sus vocales, porque es un secreto a voces que sus actuales integrantes, que conforman su sala plena, todas y todos son masistas, lo cual demuestra la poca institucionalidad y transparencia que se tiene en este poder del Estado. Lo que da a entender que actualmente tenemos un “árbitro electoral bombero”.
El Órgano Legislativo es otra institución que no da confianza a la población en lo que realiza, pues, antes de ser un verdadero templo de la democracia, en los últimos tiempos se ha convertido en un ring de boxeo o de lucha libre. Donde sus integrantes, antes de usar la razón usan la brutalidad o ruidos ensordecedores para hacer prevalecer sus ideas o propuestas legislativas. Definitivamente el mismo se ha convertido en un circo del hazme reír. Una mayoría de las personas que desempeñan el cargo de asesores políticos de senadores/as y diputados/as, especialmente del oficialismo, no tiene ni siquiera títulos de bachiller.
Ni qué decir del Órgano Ejecutivo, donde si uno no es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), no tiene cabida para ingresar a trabajar en el mismo. Hace tiempo que no hay cargos institucionalizados, casi todos las/los servidores públicos que trabajan en las distintas reparticiones que conforman dicho sector público fueron elegidas/os por favoritismo partidario y, en muchos casos, ni tienen una formación profesional académica. Muchos dirán que eso no es novedad, ya que en gobiernos neoliberales igualmente estuvo copado por partidarios de los gobiernos de turno. Claro que sí, pero la diferencia estuvo en que para entrar a trabajar en cualquier de sus instituciones se exigía condiciones mínimas profesionales. No entraban analfabetos funcionales.
Con respecto a la Contraloría General del Estado, es otra entidad que sigue el camino de las anteriormente mencionadas. Gran parte de la población no conoce acerca de las actividades que estaría cumpliendo de acuerdo con lo que reza la CPE. Mucho menos sabe quién es su máxima autoridad ejecutiva. La misma se encuentra totalmente invisibilizada.
Ahora con el caso destapado del dirigente “decano” universitario, Max Mendoza, quien con 52 años y permaneciendo con 30 años como dizque “estudiante”, cobrando un jugoso sueldo de casi 22 mil bolivianos, también se pone en tela de juicio al sistema universitario público nacional. Aspecto que demuestra otra total vergonzosa desinstitucionalización y corrupción en el interior de esos entes de formación superior.
Todo esto tiene un origen, la llegada del MAS al poder desde el año 2006. Instrumento político que entró con ansias de barrer con todo lo que estaba ligado al republicanismo, al neoliberalismo y a la clase media tradicional que le dio su amplio voto para que esté donde ahora está. Un solo ejemplo de todo esto fue que, a partir de la mal diseñada idea que tuvieron para elegir mediante voto popular a magistradas/os de todos los estamentos que forman el Órgano Judicial y luego de llevarse a cabo las primeras elecciones judiciales realizadas en 2011, a partir del 2012 se empezó a desinstitucionalizar todos los cargos en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, donde antes sí había técnicos especializados en sus funciones, que cumplían de manera profesional las mismas.
Así como van las cosas, sencillamente “Bolivia… se nos muere”.

El autor es Comunicador social.