Dos largos meses fueron invertidos por la Asamblea Legislativa en la elección del nuevo Defensor del Pueblo, sin que exista resultado alguno, salvo la medición de fuerzas de parte del MAS y de la oposición. Desde el 17 de marzo hasta la semana que concluye, los legisladores recibieron postulaciones, depuraron a los candidatos, aceptaron impugnaciones, las procesaron, entrevistaron a los aspirantes y luego votaron cuatro veces en el pleno sin lograr los dos tercios de los presentes necesarios para nombrar al reemplazante de la interina Nadia Cruz.

Sin embargo, el proceso ha servido para visualizar con nitidez la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, donde tanto la oposición como el oficialismo mostraron sus divisiones internas y la imposibilidad de encontrar consensos ni siquiera entre ellos mismos.

La primera constatación es que las dos corrientes del MAS también existen en el Legislativo, pues en las primeras sesiones el voto oficialista se dividió entre Pedro Callisaya y Porfirio Machado. Pero, también es importante mencionar que, pese a esa fractura, hacia la última votación el partido de gobierno logró alinear a sus legisladores bajo una única candidatura, la de Callisaya, dejando fuera de juego a Machado, quien renunció a su postulación para “des-renunciar” al día siguiente.

Si bien es por todos sabido que el MAS no tiene dos tercios de votos como en el pasado para imponer su voluntad en el Legislativo en temas cruciales, también ha quedado claro que no ha podido conseguir el suficiente número de disidentes de la oposición como para lograr los votos requeridos.

Al viejo estilo, las sesiones fueron suspendidas y reinstaladas sin el aviso ni el tiempo necesario para que la oposición pueda reunirse en el hemiciclo. En el pasado eso hubiera ocurrido en horas de la madrugada o en sitios no oficiales para asegurarse que algunos opositores estuvieran durmiendo, pero esta vez al menos algunas formas se respetaron.

Los resultados del proceso pueden denotar al menos lo siguiente: que el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, no tuvo la capacidad para lograr el consenso para la designación; que la oposición ha mostrado su verdadera musculatura a la hora de bloquear al oficialismo; o que definitivamente al MAS no le interesa buscar a un nuevo defensor porque se siente cómodo con Nadia Cruz, quien se mantiene en el cargo, pese a haber cesado en sus funciones la semana pasada.

La experiencia legislativa indica que, si un partido no tiene los votos necesarios para lograr su objetivo, debería buscar consenso antes de entrar a la votación, o caso contrario, ingresará en un infructuoso empantanamiento, a no ser que el objetivo de las votaciones sea otro, en este caso, disciplinar a la bancada del MAS y quedarse con Cruz como defensora y, de paso, culpar a la oposición por esta situación.

En cuanto a la oposición, Comunidad Ciudadana se ha decantado por la abogada Evelín Cossío y Creemos ha preferido votar en blanco. Pese a que han tomado caminos distintos, han logrado bloquear al oficialismo en su intento de nombrar a un defensor afín, lo que demuestra que algún margen de acción queda para los no masistas en el Legislativo.

Pero, este aparente logro puede tener un resultado contraproducente, que es la ratificación de Cruz o el nombramiento de otro adjunto y también interino en la Defensoría del Pueblo. Si eso ocurriera, será nuevamente una gestión sin legitimidad, al servicio del oficialismo y sin un aporte concreto a la democracia y a la vigencia de los derechos ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo ha sido concebida no como un brazo operativo del oficialismo, sino como un contrapeso al poder; por eso se requiere que el o la elegida sea una persona que interpele al poder y que tenga una carrera comprometida con los derechos humanos, tal como lo fue en su momento la periodista Ana María Romero de Campero.

Los juegos de la política, esta vez, han servido para mostrar la musculatura de los partidos en pugna, pero una vez más el país se ha quedado sin un verdadero defensor del pueblo.