La descomposición social e institucional en todos los niveles a lo largo y ancho del país debe mover a preocupación a quienes ocupamos este territorio y aunar esfuerzos para que por las vías democráticas y en uso de los derechos y facultades que nos reconocen la Constitución Política del Estado, las leyes y los tratados internacionales, hagamos escuchar nuestras voces de indignación por el estado de abandono y nomeimportismo gubernamental. 

No hay día que no se difundan noticias en el ámbito nacional e internacional sobre actos delincuenciales que involucran a bolivianos/as; llegando, en muchos casos, a comprometer a autoridades del Estado, situación que en cualquier Estado con un mínimo de sentido de dignidad daría lugar a la movilización de lo más selecto del Sistema de Justicia para encarar. Sin embargo, en Bolivia tal cosa no sucede porque la palabra dignidad no existe para quienes detentan el poder político. El estado de desmantelamiento institucional en el que se encuentra el país no permite actuar a quienes desearían hacerlo así sea para lograr un resultado regular y, finalmente, porque hay ausencia de voluntad gubernamental para encarar con responsabilidad los desafíos de la situación. En el mejor de los casos realizan altisonantes conferencias de prensa en las que prometen investigaciones profundas, tratan de desmentir las acusaciones de encubrimiento cuando los señalados como autores son identificados con el partido, o simplemente esperan que otra denuncia tape la anterior, sin posibilidad para que la prensa y la opinión pública terminen por digerir ninguna de ellas; de esta manera se garantiza que los/as señalados como autores, no serán procesados para establecer su culpabilidad o inocencia, menos reciban el reproche social.

La tragedia que se cobró la vida de estudiantes en Potosí, resultado de una trifulca llevada al extremo entre bandos opuestos, dio lugar para que se visibilice crudamente toda la podredumbre que carcome a la universidad boliviana en sus distintos estamentos, convirtiendo a las casas superiores de estudios en antros donde campea la delincuencia impune y la mediocridad, sin que docentes, alumnos y administrativos honestos, con excelente formación, respetabilidad lograda con grandes sacrificios y espíritu de superación, puedan, pese a sus esfuerzos, hacer nada para evitar el crecimiento exponencial del mal que no solo amenaza con destruir a la universidad, sino que desde ella se proyecta a toda la sociedad.

Es momento de actuar social, política y judicialmente para sentar precedentes ahora para no tener que lamentar después.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontaño@gmail.com