No nos habituamos a escuchar las propuestas desatinadas de los políticos, que por lo general pecan de irreflexivas, pero esconden una intencionalidad que no se puede advertir a simple vista.

Es lo que sucede, por ejemplo, con el planteamiento del expresidente y jefe cocalero Evo Morales, quien ha propuesto hace poco que el país se retire de la Organización de Estados Americanos (OEA). La claque de este dirigente, compuesta por legisladores del trópico cochabambino, además de otros partidarios e incondicionales seguidores, ha reaccionado inmediatamente al expresar que la “idea” se debatirá a fondo en el partido oficialista. O al menos en la fracción que sigue a Morales y que cada vez está más alejada del poder.

En tal debate, si se diera, se debería considerar que la OEA, en tanto institución internacional panamericanista, establecida el 30 de abril de 1948, es en realidad un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América y que en sus 74 años de vida ha trabajado por fortalecer la paz, la seguridad, la consolidación de la democracia, la promoción de los derechos humanos y el apoyo al desarrollo social y económico para favorecer el crecimiento sostenible en este continente, como expresan sus documentos constitutivos.

Son estas tareas por afianzar la democracia, sus valores y los derechos humanos las que disgustan no sólo a Morales, sino también a los gobiernos de inclinaciones autoritarias reunidos en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. En el caso específico de Morales, fue un informe electoral de la OEA sobre el fraude el que, en noviembre de 2019, precipitó su renuncia y posterior fuga a México, que le otorgó la condición de asilado político; aquel documento estableció manipulaciones dolosas que Morales y los masistas intentan convertir ahora en un retorcido e inexistente “golpe de Estado”, mediante dos inconstitucionales e ilegales procesos en la justicia ordinaria contra la expresidenta Jeanine Áñez.

Lo que ignora Morales es que a la OEA se le debe, entre otros logros, la constitución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que se ha fortalecido con el trabajo institucional, acertado y respetado, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En particular, las sentencias y opiniones consultivas de la Corte IDH han fortalecido el ejercicio de los derechos humanos en la región, frenan el avance de los regímenes proclives a concentrar irracionalmente el poder y son vinculantes, mediante el bloque de constitucionalidad, para los países signatarios del Pacto de San José.

Pero queda claro que a los gobiernos de tendencia autoritaria les aterra la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática de alcance interamericano y en particular del artículo 21, que autoriza la expulsión de un Estado miembro cuando hay ruptura del orden democrático. Es esto lo que quieren evitar aquellos que plantean abandonar la OEA, entre ellos Evo Morales.