Las sociedades contemporáneas no tienen un único derrotero a seguir, aunque es cierto también que los intercambios y flujos de lo que se ha dado en denominar globalización van marcando pautas de las que no se pueden excluir las configuraciones estatales, que ni con dosis mayores de represión y control, como ha mostrado el caso reciente de Corea del Norte en relación a la llegada tardía del Covid-19 a sus habitantes.

En un nivel de menor escala ocurre lo mismo, por ejemplo en el manejo de la tecnología asociada a las comunicaciones que con la pandemia se ha hecho indispensable incluso para transacciones básicas, cotidianas. Los adultos mayores en España se han organizado para protestar sobre esa creciente tendencia que se les dificulta, además con los ajustes continuos para mayor seguridad, pero no cambiará la tendencia, a lo sumo la hará algo más amigable en su uso.

En nuestro país, a título de inclusión y de dizque “proceso de cambio” se han ido aumentando los grados de desinstitucionalización: Ya nos faltan adjetivos para calificar la administración de la justicia, lo mismo para la policía periódicamente afectada por escándalos en sus varios niveles jerárquicos… y saltándonos otras instancias públicas (p. e. los efectos  catastróficos de la minería del oro), ahora en la universidad, en particular en su estamento estudiantil, pero sabemos que situaciones similares ocurren en los otros. Y la reacción de cierta opinión pública es refleja, igual que cuando de violadores se trata, es vía demanda punitiva. Para el caso, se pide cancelación del cogobierno docente estudiantil, o directamente anular la autonomía universitaria. Lo del cogobierno es discutible, lo otro es equivocado y lo abordaremos adelante.

Lo llamativo es que al mismo tiempo estamos presenciando las enormes dificultades que enfrenta la Asamblea Legislativa Plurinacional donde la oposición quiere hacer valer su voz para la selección de un Defensor del Pueblo, digno del nombre y cargo, ante la práctica masista, cuya verdadera guía de sus acciones es  “meterle nomás”. Y para ello es común criticar a esos representantes de CC y Creemos que intentan se cumpla el espíritu de las designaciones por mayoría calificada, el que el funcionario/a tenga las cualidades reconocidas más allá de sus simpatías partidistas. Y no hay manera de responsabilizar de eso a la oposición, que incluso está votando por una candidata alejada de un perfil tipo de los tres primeros titulares que tuvo la Defensoría. El discurso masista al respecto, entre victimista y de chantaje -otro interinato- muestra que creen que el capricho y su voluntad copadora es argumento suficiente. Impresiona que todavía haya quienes les crean.

Menos eco ha tenido la renuncia de la vocal y vicepresidente A. Ruiz del TSE, que se suma a la de Rosario Baptista y antes a la casi sigilosa salida de S. Romero, lo que ha dejado al árbitro de las elecciones en manos abiertamente partidarias. No hay que olvidar que el fraude del 2019 tuvo en ese ámbito a su instrumento más importante. Y es que para el masismo ya sin el apoyo que tuvo al inicio del ciclo en 2006 la votación es la vía de legitimar su acceso a los puestos, no como reconocimiento plural del juego democrático (en tanto resultado imprevisto), sino como trámite a cumplir, nada de delicadezas de limpia lid.

La universidad ciertamente tiene problemas internos, pero no son ajenos a los males del conjunto de la sociedad bajo embate masista, de copamiento de cargos, sin importar mucho los medios en tanto haya impunidad. Pretender anular la autonomía es atacar a uno de los pocos resguardos que aun existen para ejercer el derecho de crítica al poder. Es más que eso, desde luego, pero no es desdeñable en la circunstancia política actual.

Mientras persista esa voluntad de acaparar recursos y puestos, aunque luego se dilapiden, no hay perspectivas de afrontar los desafíos del mundo, que siguen y suman no importante que estemos en rencillas que ya perfilan ser tribales. Si los órganos del Estado no cumplen sus funciones básicas, mínimos de seguridad y freno al arbitrio de prepotentes, abusivos y delincuentes nos encaminamos hacia un Estado fallido, y de ese desbarajuste generalizado no se salvan ni los masistas, pues es un tipo de fallo sistémico. Los desbordes de la desmesura en lo penal son un ejemplo cercano. Y no deben seguir.

Gonzalo Rojas Ortuste  es politólogo, docente de postgrado.