Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 19 de julio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El pasado 8 de junio, Mérida fue suspendido por el Concejo Municipal luego de que el juez Elvis López aceptó una acción de cumplimiento de sentencia en primera instancia por la presunta falsificación del certificado de libreta militar de Mérida. Entonces, se reveló un audio en el que reconocía que recibía presiones de políticos del MAS para sacar al Alcalde de oposición.
Sin embargo, Mérida presentó un amparo con el argumento de que fue destituido ilegalmente, ya que no contaba con ningún impedimento.
La jueza de garantías, Olma Rojas, dispuso su restitución el 13 de julio. Al retomar sus funciones, el demandante de la acción de cumplimiento, Álvaro Zamorano, presentó un recurso de queja en el juzgado de López. Ayer, el juzgador dispuso la suspensión de Mérida y el Concejo sesionó de emergencia para designar nuevamente a Zacarías Jayta, concejal de FPV y afín al MAS.
“Han participado 10 concejales (MAS y FPV) en la sesión y se ratificó a Jayta para cumplir la instrucción del juez López, lo que falta ahora es que tome su despacho para cumplir funciones”, expresó el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga (MAS).
Asimismo aclaró que el lunes se pidieron “medidas precautorias”, ante el Tribunal Constitucional en Sucre para que la jueza Rojas, que ordenó la restitución de Mérida, no realice más actuaciones y la señaló de “prevaricato”.
Reacciones
El secretario general de la Alcaldía, Albert Valdivia, estableció: “Se ha quebrantado el Estado de derecho, porque López ha emitido una resolución que extralimita todas sus competencias (…) ha obviado todo razonamiento jurídico”.
Mérida dijo que no aceptará la orden de juez Elvis López, ya que la resolución constitucional de Rojas, que lo restituyó, sigue vigente.
“Este juez emite una resolución que me suspende hoy, pero no anula la resolución de la jueza que me restituyó, es decir que mi persona continúa siendo Alcalde”, expresó a tiempo de adelantar que hoy se presentará a trabajar.
Antes la nueva suspensión, Mérida presentó un recurso de queja a la jueza Olmos por incumplimiento de su resolución de restitución, sin embargo, ésta fue rechazada. La respuesta dice: “Los antecedentes procesales ya no se encuentran en este juzgado emérito de la remisión en Sucre en cumplimiento al artículo 38 del Código Procesal Constitucional, esta autoridad no tiene competencia de emitir ninguna otra resolución ni atender ningún otro pedido, debiendo estarse a la sentencia emitida”.
La autoridad judicial establece que se debe dar cumplimiento a la sentencia de restitución; pero, en caso de incumplimiento de ésta, debe darse cuenta a la Fiscalía.
Por esta razón, Eduardo Mérida presentará querella contra el juez Elvis López por prevaricato.
Zacarías Jayta, concejal de la misma agrupación que el Alcalde Frente Para la Victoria (FPV) y afín al MAS, halló “legal” decisión del juez López y apuntó que no “correspondía el amparo”. “Desde el jueves ya asumiremos funciones y representaciones legales por el incumplimiento a la suspensión”.
El abogado constitucionalista César Cabrera calificó la orden del juez López como “fuera de lo legal”. “El juez ya perdió competencias para tomar decisiones sobre una sentencia de amparo que ya está en Sucre”, dijo.
PUNTOS DE VISTA
"No podemos ir en contra de una instrucción judicial, así que designamos a Zacarías Jayta". Víctor Osinaga. Presidente Concejo Municipal de Quillacollo
"No se ha anulado mi sentencia de restitución y me suspenden de manera ilegal".Eduardo Mérida. Alcalde de Quillacollo
"Se me ha designado como alcalde suplente y desde mañana (hoy) asumiremos".Zacarías Jayta. Alcalde suplente
ANÁLISIS
César Cabrera. Abogado constitucionalista
“El juez no tiene facultad de suspender”
En primera instancia, el juez designó al Concejo ver la situación de Mérida y se desligó de la determinación de suspenderlo al no reconocer esto implícitamente en la primera resolución. Ahora, emite otra resolución, cuando ganó un amparo constitucional y se atribuye la función de suspender, cuando en realidad, él en este momento no tiene ninguna facultad para suspender.
A diferencia de lo que sucede con el alcalde Leyes, que se le dio automáticamente por suspendido porque hay una medida cautelar de detención domiciliaria que le impide cumplir funciones, Mérida aún goza del derecho a la presunción de inocencia porque no tiene impedimento ni sentencia ejecutoriada.
Entonces es incorrecto que el juez tome la decisión de suspenderlo de manera directa, mientras Mérida no tenga sentencia ejecutoriada, no puede ir más allá del voto soberano.
El juez suspendió sin que haya ninguna atribución. Entiendo que habría acudido fallo constitucional que él emitió, pero ése resulta anterior al fallo favorable a Mérida de amparo que lo restituyó. Entonces, por un mínimo de coherencia y jurisprudencia, se debe dar cumplimiento al último fallo de restitución.
Ahora, el juez, al ordenar otra vez suspensión, ha ocasionado un entuerto judicial por una interpretación errónea que hace y sin cumplir el amparo que defiende derechos fundamentales.