José  Antonio Revilla , magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, apuesta por una reforma de la justicia pero “desde adentro”. Rechaza que el Ejecutivo pretenda liderar los cambios cuando son los propios jueces quienes deben   consolidar las mejoras en el sistema .

De esto y otros temas habló el magistrado en  entrevista con Los Tiempos.

Los Tiempos (LT).- Es de conocimiento público que el sistema judicial de Bolivia atraviesa una grave crisis y se habla de consolidar reformas urgentes. ¿Cómo se deberían abordar estos cambios?

José Antonio Revilla (JAR).- Hemos dicho desde hace cuatro años, desde que está en funciones esta Magistratura elegida por voto popular para  conducir del Tribunal Supremo de Justicia, que debemos sentar las bases de un proceso de reforma.

Pero que esta reforma no puede ser un proceso caótico donde se amontonen diversas ideas y de ahí salga algo absolutamente irrealizable.

Toda reforma judicial que se plantee debe partir primero de una asignación presupuestaria justa.

Un Órgano Judicial, llamado además poder del Estado, no puede tener un presupuesto menor que el de la Universidad pública e inferior al de un Ministerio del Órgano Ejecutivo. Este es un desajuste que debe ser encarado con responsabilidad si acaso el Ejecutivo pretende que el sistema judicial funcione a la altura de lo que corresponde.

No hemos escuchado proyectos específicos sobre una reforma judicial, lamentamos que se concentre la atención sobre las personas. Se dice que los magistrados no sean elegidos por voto popular y otras cosas. Nosotros decimos que si el mecanismo actual y vigente es del voto popular, si no es el más idóneo que se encuentre uno que sea mejor.

LT.- Y entonces, ¿de dónde debe venir la reforma judicial o quién debe hacerla?

JAR.- En primer lugar, una reforma judicial no puede partir del Órgano Ejecutivo. El Órgano Judicial no es un despacho del Ejecutivo y no puede arrogarse para sí la tarea de reformar a una instancia independiente y autónoma.

La reforma debe provenir de la máxima instancia judicial, en este caso es el Tribunal Supremo de Justicia y de otras instancias como el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental u otras instancias afines como las facultades de derecho de las universidades y las asociaciones de jueces y abogados. Ellos están involucrados en el Órgano Judicial. Consiguientemente, el Órgano Ejecutivo debe ocuparse conforme a la función política que tiene.

En el sistema de la administración de justicia no debe haber ninguna interferencia política.

LT.- ¿Qué últimas mejoras se han realizado en cuanto a la atención al público en el sistema judicial?  

JAR.- Por ejemplo, tenemos el buzón judicial y las notificaciones electrónicas que ayuda a que el sistema judicial no colapse.

Las partes pueden presentar memoriales con la prueba digitalizada desde donde se encuentren. Por decirle, hay un plazo que se vence y sin necesidad de ir hasta Sucre el litigante puede enviar sus documentos desde donde esté.

También nos interesa extender la cobertura judicial en todo el país. De los 327 municipios que existe en el país, simplemente se llegaba al 49 por ciento. Incluso se hizo una reducción de personal administrativo para implementar más juzgados.

En esta gestión se han creado 94 juzgados con recursos propios. Esto implica un crecimiento en la cobertura de un 27 por ciento en los primeros 18 meses.

En estos 18 meses de la actual Magistratura se han creado ítems que estaban bajo la forma de contratos recurrentes que bordean los 800 juzgados en personal estrictamente judicial, no en planta burocrática.

No es posible que ciudadanos tengan que trasladarse de un municipio a otro para un trámite de Derechos Reales perdiendo varias horas y encima que no logren hacer el trámite como corresponde.

LT.- ¿A qué se debe esta baja cobertura en la atención de justicia a la población? ¿Es netamente un factor presupuestario?

JAR.- La cobertura es bajísima, obviamente, por defectos de asignación presupuestaria, porque en lugar de aumentar el presupuesto, se ha disminuido.

Y esto afecta al todo el sistema judicial porque no se puede nivelar salarios. Se está pagando sueldos que no corresponden a la dignidad jurisdiccional de los jueces de instrucción.

La llamada mora procesal en realidad es un tema de saturación judicial. Tenemos todavía juzgados cuyas acefalías no se han cubierto.

 LT.- A cuánto ascendería un presupuesto adecuado para un buen funcionamiento del Órgano Judicial?

JAR.- Planteamos sí un aumento de presupuesto. Pero previamente tenemos que conocer los requerimientos de cada instancia. Antes de eso no podemos hablar de un porcentaje requerido.

Alguien hablaba de un 3 por ciento más, pero nosotros vamos por el camino inverso.

Queremos dotar a cada municipio con su juzgado correspondiente, con su fiscalía correspondiente y con los equipos multidisciplinarios necesarios. Tomando todo eso en cuenta recién se puede decir que el Órgano Judicial necesita del 8 o 10 por ciento más de presupuesto.

LT.- ¿Qué pasa con la corrupción judicial?

JAR.- Si bien es un rumor de que corren venta de cargos para jueces, algo de cierto debe tener. Cada departamento y distrito conoce a sus profesionales y entran a esos puestos algunos profesionales no muy competentes y no tienen las mejores notas, algún desajuste ha debido haber.

Tiene que ver con el tema meritocrático. No se está calificando la meritocracia. La función judicial no solamente es una acumulación de títulos académicos, es una función eminentemente de destreza y de habilidades de manejo de audiencias y resoluciones y de improvisación y, sobre todo, de solución de conflictos.

Estamos en desacuerdo con las formas en que se lleva a cabo la convocatoria para llenar las acefalías.

Consideramos que el mecanismo más idóneo para ingresar a la carrera judicial es a través de la escuela de jueces.

Tampoco estamos de acuerdo que para ser juez se exija solamente dos años de ejercicio profesional, no podemos dejar en manos de gente sin experiencia la justicia del país. Las cosas están bastante mal y hay que ir perfeccionando y no quedarnos en la mera crítica.

Estamos conscientes de ese alto nivel de corrupción que existe en la justicia boliviana y ahí lo que corresponde es simplemente la actuación del Ministerio Público.

El funcionario judicial o litigante que pretenda resolver su conflicto a través del favor económico comete un delito y, consiguientemente, debe ser procesado sin importar la investidura de autoridad jurisdiccional que tenga. También debe ser procesado el particular que pretendía obtener ese favor judicial.

Sobre la conducta poco decorosa de algunos jueces, se tiene un Tribunal Disciplinario a cargo del Consejo de la Magistratura.

Y los jueces que cometan delitos deben ser destituidos inmediatamente.

También se debe despolitización del sistema judicial. Se judicializan los temas políticos. Pienso que los temas políticos que se resuelvan entre políticos, porque el sistema judicial es un mecanismo de solución de controversias, de redefinición de conflictos en términos más pacíficos.