Cada vez queda más clara la relación de ciertos actores del partido gobernante y grupos de delincuentes. Un entramado de relaciones mafiosas entre narcotraficantes, ladrones de autos en el exterior, contrabandistas, extorsionadores y militantes del MAS, en muchos casos con representación nacional, regional o departamental, nos hace pensar que las semillas sembradas a lo largo de los años dan frutos incluso en dimensiones mayores a las esperadas. Esta siembra que se la hizo en cuanta institución pública fue posible: Policía, Ejército, Sistema de Justicia y otros resultó tan prolífica que cada vez les resulta a los propios mentores difícil controlar.

Sería injusto sostener que todo empezó con el MAS; la corrupción, la convivencia entre lo ilegal y lo político existió en el pasado, tanto en gobiernos militares como en gobiernos elegidos democráticamente, son muchos los crímenes cometidos para tapar hechos de corrupción y otros delitos que no fueron aclarados, menos procesados y sancionados los verdaderos responsables. 

Sin embargo, es en el gobierno de Evo Morales y el MAS que esa connivencia entre la política y la delincuencia se fue potenciando abiertamente, tanto que hoy ser juez, fiscal, policía, militar, empleado público, empresario o ciudadano común honesto, respetuoso de las leyes y los derechos de los demás es una ofensa al “proceso de cambio” y sus líderes, en consecuencia, un peligro para su estabilidad laboral. Se ha llegado a tal estado de inversión de valores que resulta riesgoso para una autoridad o funcionario público ser identificado/a como incorruptible; para colmo los niños y jóvenes bolivianos van consumiendo día a día los peores ejemplos de ser humano al constatar que los antecedentes delictivos de una persona no son óbice para aspirar a un cargo en el Estado, incluidos cargos diplomáticos; al contrario son muy bien valorados.

En estas circunstancias, lo que toca a la ciudadanía responsable y demócrata es, además de censurar y levantar la voz contra la corrupción y el abuso de poder, apoyar a toda autoridad, funcionario/a o persona común- así sea masista- que respeta las leyes y no es obsecuente con partido alguno; a autoridades judiciales, policiales y administrativas que cumplen con responsabilidad, apego a la CPE y respeto a los DDHH, las funciones para las que fueron designadas. Debemos intentar separar el grano de la paja y no permitir que se consoliden los lazos  entre la delincuencia y la política laboriosamente tejidos durante el desgobierno de EMA.  

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontaño@gmail.com