La noticia llegó este viernes, 14 años después, en medio del olvido. No es un problema de lentitud en la agenda informativa, sino un nuevo caso de retardación de (in)justicia. Un juzgado absolvió —en realidad declaró “sin responsabilidad penal”— al exprefecto cruceño Rubén Costas, y otros 10 sindicados, por la realización, el 4 de mayo de 2008, de un referéndum para la aprobación del estatuto autonómico departamental. Hasta ahí la noticia.

Haré una afirmación terminante para luego introducir matices y, si acaso, atenuantes: en mayo de 2008 las élites cruceñas forzaron una consulta ilegal (debía ser convocada por el Congreso Nacional, no por las autoridades departamentales) a fin de legitimar un estatuto inconstitucional (tanto así que les tomó varios años adecuarlo a la Constitución). El modus operandi, como parte de las acciones de la “media luna”, fue replicado en junio de ese año en Tarija, Beni y Pando.

La realización atropellada de cuatro referéndums aprobatorios de estatutos departamentales, más allá de la legítima demanda autonómica, tenía el propósito declarado de activar el “proceso estatuyente” como alternativa al proceso constituyente. O más claro: era el último intento por buscar el fracaso de la Asamblea Constituyente, que trataron de boicotear y abortar desde el primer día. Había que frenar, como sea, la aprobación de un nuevo texto constitucional.

En ese marco, los prefectos de la “media luna” (Costas, Cossío, Suárez y López), con la complicidad de sus cortes departamentales electorales, que actuaron por fuera de la institucionalidad electoral del país, apostaron todo para la “aprobación y puesta en vigencia” de sus estatutos autonómicos. Con tal propósito dispusieron de recursos públicos. A ello responde la acusación y procesos penales por los delitos de malversación de fondos del Estado y conducta antieconómica.

Con más agotamiento fantasma que rugido de león, el exprefecto-exgobernador cruceño reivindicó el referéndum del 4 de mayo como “mandato del pueblo”. Y en efecto, las banderas de la autonomía departamental tuvieron la legitimidad de la plaza pública y de las urnas (aunque la consulta haya sido ilegal). Claro que luego les tocó reconocer la decisión mayoritaria del país, que aprobó una nueva Constitución cuyo modelo de Estado es plurinacional y con autonomías (en plural).

Catorce años después, el episodio solo cabe en una noticia/decisión judicial. Los referéndums de 2008 habitan en la memoria de la disputa política, aunque no existen en la historia electoral del país. Quedan los procesos, claro. Persisten las tensiones irresueltas de la historia larga. Sigue la apelación a la sentencia sobre el 4M.

FadoCracia memoriosa

1. En sus Observaciones preliminares (diciembre 2019), la CIDH caracterizó de manera inequívoca las masacres de Sacaba y Senkata. Luego el Informe Defensorial Crisis de Estado (septiembre 2020) las documentó ampliamente. 2. Quedaron en evidencia así las falacias de Murillo-López, repetidas por sus operadores mediáticos, de “fuego cruzado” o, peor, “se dispararon entre ellos”. 3. En su tardía Memoria del “Proceso de pacificación” (junio 2021), la Conferencia Episcopal solo recuerda “enfrentamientos violentos”, en Sacaba; y “terribles sucesos”, en Senkata. 4. La omisión/ silencios de los obispos y de otros actores políticos tiene diferentes versiones: “choque entre FFAA y manifestantes” (sic). 5. El Informe del GIEI (julio 2021) puso las cosas en su lugar al demostrar torturas, masacres, ejecuciones sumarias desde la fuerza pública amparada en un decreto del régimen de Áñez. 6. ¿Algo que decir, señora de la APDHB? “Los militares y policías pudieron cometer muchos errores (sic), libres deben seguir luchando por su pueblo”. 7. Ni una palabra de justicia, ni medio premio “Libertad”, para los masacrados, que ya no pueden defenderse.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.