Tras 10 años de juicio, el Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz no halló responsabilidad penal en las actuaciones de Rubén Costas cuando, siendo gobernador, aprobó las dos primeras normas autonómicas: El primer estatuto y la gaceta departamental que ahora están en vigencia. 

El fallo absolutorio fue emitido ayer por la jueza Cinthia Fabiola Chavarría al término de una audiencia que prolongó por ocho horas, incluida una extensa deliberación del Tribunal. El dictamen también favorece a otros 10 ciudadanos que fueron parte del equipo técnico y político de Rubén Costas, quien fue el primer gobernador electo de Santa Cruz. 

“No deja de ser una satisfacción escuchar la sentencia del tribunal. Es un primer dictamen y tenemos que volver a presentarnos para que se ratifique el día martes 17 de mayo. El Ministerio Público podrá hacer una apelación; sin embargo, mis primeras palabras son de tranquilidad al ver que hay un tribunal que ha sabido interpretar lo que este pueblo ha luchado”, sostuvo el exgobernador al término de la prolongada audiencia.

El dictamen estableció, además, la cesación de todas las medidas cautelares que estaban en contra de los acusados, incluido el arraigo y la anotación de bienes. La Jueza fijó para el 25 de mayo la lectura de toda la sentencia. 

El proceso fue planteado hace una década, según recordó la exautoridad, y dijo sentirse alegre porque el fallo también beneficia a gente de su entorno, por lo que también es una tranquilidad para sus familias. Eso sí, afirmó que aún le toca enfrentar otros veinte procesos legales junto con las restricciones cautelares, como el congelamiento de sus cuentas de banco y el arraigo en el país. 

De hecho, Costas debe comparecer este viernes 13 de mayo ante los estrados judiciales por la compra, supuestamente irregular, de camionetas con el respaldo de la cooperación internacional en favor de la lucha contra el dengue.

Por el caso de la aprobación de las dos primeras normas autonómicas de Santa Cruz, la denuncia fue presentada en 2012 por Alfredo Lorenzo Cary exgerente departamental de la Contraloría General del Estado y Pablo Menacho Diederich, exprocurador General del Estado. Las instituciones enviaron a sus representantes para la lectura de la sentencia, pero no emitieron declaraciones.

Tras cuatro años de proceso legal, en 2017 el Ministerio Público pidió que Costas y su entorno sean recluidos en el penal de Palmasola por nueve años, según la acusación formal de ese entonces.

Además de Costas, fueron procesados Roly Aguilera, José Luis Parada, Francisco Cirbián, Erwin Aguilera, Vladimir Peña, Carlos Dabdoub, Juan Carlos Parada, Alcides Vargas, Lilian Roig y el general Elías Eduardo (+) que eran parte del gabinete de Costas. El proceso legal también apuntó a los integrantes del Consejo Departamental: Juan Carlos Parada, representante de la provincia Sara, y Alcides Vargas, de la provincia Vallegrande, quienes supuestamente avalaron las normativas que fueron cuestionadas por el gobierno del MAS.

En 2009, la Contraloría General del Estado y el ahora extinto ministerio de Transparencia acusaron a Costas de malversar $us 1,3 millones para financiar un referendo de estatutos autonómicos, pero esa denuncia se formalizó en 2012, en medio de pedidos para que prescriba el caso pues varios pasos procesales habían vencido.

En el legajó se presenta una relación de hechos, así como de aprobación de normativas entre el 15 de mayo de ese año y el 31 de mayo de 2010, cuando ya estaba vigente la Carta Magna y el sistema político con autonomías. En su momento, Evo Morales, cuando era presidente, dijo que esas normas promovían el “separatismo” en el contexto del debate de la nueva Constitución Política.

De hecho, para 2008, Costas ejercía el cargo de prefecto, pero por primera vez electo por el voto ciudadano, a merced de un acuerdo político que se legalizó en 2005. Este aspecto fue considerado en el fallo emitido ayer en Santa Cruz.

Las instituciones estatales que promovieron el juicio cuestionaron la legalidad “de las leyes y decretos departamentales” de la primera era de Costas en la administración del departamento. Observaron, de este modo, la Ley Departamental Nº 01, que puso en vigencia el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz y “la transformación de instituciones de acuerdo con las disposiciones del mismo de fecha 15 de mayo de 2008” y el “Decreto departamental N° 07, de reglamentación, dependencia, organización y funcionamiento de la Gaceta Oficial del Departamento Autónomo de Santa Cruz”, que se firmó el 17 de junio de 2008. 

El Ministerio Público consideró que estas normas no tenían “el reconocimiento formal dentro de los parámetros legales en el territorio nacional y que hasta el día de hoy se encuentra en adecuación”.

Por eso, los denunciantes consideraron que las leyes departamentales violentaron los preceptos establecidos en la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, vigente cuando se pudieron haber cometido los delitos endilgados a Costas y su equipo. Esa norma no daba a los gobiernos subnacionales la prerrogativa de firmar leyes, un aspecto que, sin embargo, actualmente es legal.

La acusación del Ministerio Público también se fundamentó en otras normas “vencidas” como la Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 2006 y el primer decreto que organizó “la estructura del Estado Plurinacional”.

“Las normas emitidas tienen observaciones en cuanto a su aplicabilidad, vigencia y legalidad, al no haber sido reconocido en el marco de la Constitución y las Leyes, el Estatuto Autonómico”, precisa la acusación que fue ayer fue desestimada por el Juzgado Séptimo de Sentencia.

Ante ese escenario, el exgobernador recordó que las leyes que aprobó en su primera gestión tuvieron un sustento legítimo que ahora cobra una mayor legalidad en favor de la institucionalidad y la “democracia participativa” del país. De este modo, consideró que no se podía emitir sentencia contra todo un proceso histórico.

“Hicimos una ingeniería democrática para hacer el referéndum que estaba dentro de la Constitución y de lo que significa la democracia participativa. Fue algo que nunca se pudo objetar”, complementó Costas poco antes de señalar que ese fue el inicio de la llamada Revolución del Patujú. “Las revoluciones no son golpes de Estado, son cambios radicales e inmediatos en favor de las mayorías”, puntualizó Rubén Costas.

Remarcó que “con la Ley 001, del Estatuto Autonómico, se incluyó a los cinco pueblos indígenas, que ahora tienen voz y voto en la Asamblea Legislativa Departamental, lo que se replicó en otros departamentos de la patria”.

Por su parte, Roly Aguilera sostuvo que fueron 10 largos años y hoy se tiene un fallo que respalda a Santa Cruz y todo un proceso, y una gesta de la población cruceña que marcó la senda para convertir a Bolivia en un país autonómico y más democrático.

“Esto se ratifica con un fallo que nos libera de angustia. A nadie le gusta estar enjuiciado, pasábamos tres veces por semana en audiencia y las familias sufren”, expresó Aguilera. “Hoy se puede decir que los jueces han respetado la voluntad popular”.

Aguilera fue secretario general de la Gobernación de Santa Cruz y al igual que Costas enfrenta varios juicios que aún se ventilan. “Esta es una pequeña gran victoria, es pequeña frente a la cantidad de juicios que tenemos, pero es enorme para el respeto a Santa Cruz”, subrayó el exfuncionario.

El resto de las personas procesadas no dio declaraciones, tampoco los representantes del Ministerio Público ni los funcionarios del Gobierno central que acudieron a la audiencia. 

Hasta el Palacio de Justicia tampoco llegaron seguidores de Costas o los profesionales que, en su momento, demandaron la vigencia de un sistema autonómico, incluso más descentralizado.