Sin que haya un ambiente que los expertos denominan precensal, es decir, de gran circulación informativa sobre el censo de este año, que se realizará el 16 de noviembre, se han dado pasos fundamentales para que ese importante proceso de recolección de datos se haga realidad.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados ha aprobado ayer, por ejemplo, un proyecto de ley para el trámite de un crédito de 40 millones de dólares del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata (Fonplata), que garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda 2022, aunque quedan pendientes otro préstamo del BID de 26,4 millones de dólares y un desembolso del Tesoro General de la Nación de 1,6 millones de dólares, para completar los 68 millones de dólares que financiarán todo el proceso.

A la par de las gestiones para lograr los recursos, las regiones han comenzado a fortalecer una agenda de acciones con el fin de hacer un seguimiento riguroso al censo. No es para menos: el Gobierno ha dado señales de poca transparencia en el manejo de este proceso, cuando debería ocurrir exactamente lo contrario, para que se espere el censo con gran expectativa. 

Santa Cruz es el departamento más activo en cuanto a la fiscalización y control de la agenda gubernamental y del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la realización de esta consulta. Este dinamismo se explica por la importancia de la información que recolectará el censo para el desarrollo de políticas nacionales, pero especialmente para trazar una fotografía clara sobre el estado de las regiones y su economía. Este proceso, además de definir el número de habitantes, tanto nacional como de los nueve departamentos, sus capitales y municipios más poblados, permitirá determinar cómo se deben distribuir los recursos fiscales mediante la coparticipación tributaria, cómo se tienen que invertir con eficacia y en qué áreas, aunque las nuevas cifras también definirán la representación política. 

El Alto también se ha puesto en campaña. Promovida por sus autoridades, la Asamblea de la Alteñidad ha determinado efectuar un fuerte control social para que los resultados del censo de noviembre sean transparentes y se traduzcan en más recursos para el desarrollo de esa urbe andina. 

Contrariamente a lo que sucede en esas capitales y en otras del país, Cochabamba aún no es lo suficientemente dinámica y no asume un rol proactivo en este censo, pese a que se trata de una región, como se sabe, con enorme potencial económico. 

La dirigencia cívica y de la empresa privada, en las últimas horas, ha anunciado que solicitará una reunión con el INE, para obtener más información sobre el estado de esta consulta, lo cual es un buen paso inicial, pero se necesita que más instituciones se involucren, para evitar que la denunciada falta de transparencia en el manejo de este proceso afecte los intereses de la región. Es imperativo que las organizaciones cochabambinas participen activamente en este censo, para ejercer un control social sobre sus resultados que definirán el futuro regional.