La tragedia en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) con cuatro muertos y más de 80 heridos tras la activación de una granada de gas y avalancha humana develó la presencia de estudiantes “dinosaurios” como dirigentes, uno de ellos, el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, que tiene un salario de más de Bs 20 mil. También generó polémica por la falta de cumplimiento de los requisitos para asumir el cargo y su militancia con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Desde el partido oficialista, donde era conocido como “el viejo”, le dieron la espalda y analizan su expulsión. Mientras, diferentes rectores y docentes de universidades públicas anuncian una auditoría y el pedido de devolución de dinero del salario que en cuatro años asciende a un millón de bolivianos.
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, anunció en diferentes medios la expulsión de Mendoza y recordó su participación en reuniones del Pacto de Unidad con el expresidente Evo Morales donde era criticado por su edad, 52 años, y su liderazgo de jóvenes estudiantes.
“No podemos tener compañeros que tengan este tipo de comportamiento. Si está militando nosotros podemos expulsarlo. Al parecer, la pelea son intereses económicos que están ahí pugnando”, señaló.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, cuestionó, según ERBOL, la permanencia de algunos dirigentes universitarios que, a pesar de los años, continúan en sus cargos lo que representa un “gasto insulso al Estado”.
“No me parece que los estudiantes se queden mucho tiempo (en las universidades), algunos están 10 o 15 años, están en todo su derecho de que quieran estudiar dos o tres carreras, pueden estar hasta 15 años, obviamente, pero vivir de la universidad, no me parece, de ninguna manera, eso ya es un gasto insulso al Estado”, afirmó.
AUDITORÍA
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, informó, citado por Urgente.bo, que se realizará una auditoría a la gestión de Mendoza y advirtió que deberá devolver los más de 1 millón de bolivianos que recibió de sueldos y 87.480 en aguinaldos.
“Se va a establecer responsabilidades y se ha vulnerado la norma, por lógica deducción tiene que devolver el dinero, eso es una responsabilidad civil. Es mejor que lo haga porque al final las leyes emitidas por el anterior Gobierno le hacen responsable de la deuda que hace daño al Estado”, recalcó.
Mendoza vulneró el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana, que establece que para ser elegido como miembro del presídium se requieren cumplir con cuatro requisitos: ser boliviano, tener grado académico de Doctor, Magister, Licenciado o sus equivalentes; ser docente titular con más de cinco años de antigüedad; y no haber ejercido cargos de autoridad durante los periodos de intervención de la Universidad pública.
Dijo también al mismo medio que la elección del presidente de la CUB es responsabilidad “exclusiva de los estudiantes”. Sin embargo, un documento dice que su designación fue avalada por Justo Roberto Bohórquez, rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.
“La auditoría (a este señor Mendoza) la tiene que hacer la Confederación Universitaria Boliviana. Hemos sacado la resolución que ha sido aprobada y respaldada por el Honorable Consejo Universitario (HCU), y tengo demasiadas cartas contra ese señor, para que haga una auditoria, pero no lo hace”, lamentó.
Por su parte, el ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes, Carlos Salinas, anunció, según ERBOL, que se pedirá la devolución del dinero mal usado “hasta el último centavo”.
“Son dineros públicos, son dineros de todos los bolivianos y esto no se puede manejar de esta manera. Se está distorsionando el co-gobierno docente-estudiantil”, manifestó.
Entre tanto, alistan un Congreso nacional para realizar cambios a sus estatutos que permitan, principalmente, regular la permanencia de los estudiantes. A su vez, se buscará ajustar las representaciones en las Federaciones Universitarias Locales (FUL) y centros de estudiantes que actualmente están copados por estudiantes de mayor edad.
El analista político Reymi Ferreira considera que se necesita una “reingeniería” interna sin tocar la autonomía para anteponer la academia.
