Tal vez sí sea una cosa de insistir todos los días, porque al final, a la mera hora, no parece que a nadie le interese demasiado abordar una reforma de la justicia en serio. El asunto lleva demasiados días dando vueltas por los despachos y apenas hay reales propuestas para abordar una reforma a fondo.

Ni siquiera lo bochornoso de lo descubierto en enero, donde diferentes roscas – no todas – de jueces, abogados y fiscales quedaron expuestas en sus malos manejos luego de que se conociera que un feminicida confeso y condenado a 30 años sin derecho a indulto se encontraba en su casa de El Alto con detención domiciliaria, pero sin siquiera personal de custodia, todo gracias a unos oportunos informes médicos fraguados con la connivencia de todos los implicados.

El asunto fue grave porque trascendió una línea roja: la corrupción en el sistema judicial no solo estaba en los asuntos políticos como todos podíamos prever; ni siquiera en asuntos fiscales, administrativos o económicos, donde también se podía prever algún interés mal habido, sino que también hacía negocios con asesinos de los más inescrupulosos sin que nada pasara.

Fue un caso que removió muchos más, que generó indignación y que el Gobierno trató de encaminar para su propio beneficio, creando primero una comisión que evaluara todos estos casos donde la justicia fue sin duda mal administrada y después, para que de ahí saliera un germen para un nuevo impulso para una reforma judicial que se atascó en su primer empentón con el grupo de expertos que no fue tal.

Lo cierto es que no todos los casos fueron revisados, que muchos culpables están prófugos y que se rompieron algunas roscas, pero otras no, y lo más probable es que devuelvan el golpe, y sin reforma, la exposición es mayor.

Lo curioso es que no hay, ni por derecha ni por izquierda, una noción de propuesta de reforma concreta que ayude a atajar los males del sistema, sino apenas unos someros análisis de la situación actual, cargados de demagogia y de intenciones de justificación, pero nada concreto al final. Es obvio que hay que atajar la corrupción y formar mejores profesionales, pero eso no se consigue ni eliminando la elección directa de jueces ni restaurando el supuestamente abolido sistema de méritos que siempre acaba beneficiando la más pudiente y que se puede permitir más años sin trabajar y no al más capaz, ni al más honesto, que tal vez tenga que encontrar trabajo para llevar la comida a casa.

La reforma no puede demorar más, pero hay que pensarla bien, consensuarla y digerirla para que no haya sorpresas como con el Código Penal de hace años o la estrategia contra el enriquecimiento ilícito de hace nada. Atajar la corrupción, en cualquier caso, no depende de un cambio filosófico en la interpretación del derecho, sino de que las víctimas puedan denunciar sin miedo a las consecuencias y que los corruptos sean despedidos y alejados implacablemente. Ojalá al menos eso sí se pueda consensuar.