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Los cuatro imputados por el atentado en Potosí, que provocó la muerte de cuatro universitarias, fueron llevados a la cárcel de Cantumarca por seis meses con detención preventiva. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) los identificó como integrantes de un grupo de choque del MAS en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF). Sin embargo, el oficialismo negó conocerlos y pidió no politizar la tragedia.
La Fiscalía investiga a los sospechosos por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, tenencia, porte y portación ilícita y tráfico ilícito de armas.
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó a EL DEBER que no conoce de nombre ni en persona a ninguno de los cuatro implicados en la tragedia de Potosí. Sin embargo, espera que los militantes de su partido en la Villa Imperial corroboren la información y aseguró que en caso de ser miembros del MAS serán apartados.
“Haremos un análisis político. En caso de ser militantes no pueden hacer ejercicio porque ha sido un atentado contra la vida de las jóvenes. No podemos defender a nadie, si son o no son del MAS tiene que pagar”, aseveró.
Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura (MAS), pidió a los políticos y medios de comunicación “no politizar” la desgracia suscitada en la UATF, y exigió a las autoridades que los responsables del “hecho criminal” sean sancionados “con todo el peso de la ley”.
“No puede ser que se indique que han sido masistas o pititas (los responsables). Este hecho, quiérase o no, ha causado una consternación en muchos padres de familia y en la gente joven. Ha existido un hecho criminal y esos señores deben ser juzgados”, dijo el parlamentario.
El martes, Roxana Graz, presidenta del Comcipo, apuntó a los cuatro implicados como afines al partido de Gobierno. Asimismo, detalló que las intenciones detrás de este hecho serían estancar el proceso de elección de la Federación Universitaria Local (FUL) de Potosí y, de este modo, demorar el Congreso de Universidades para prorrogar en el cargo a dirigentes antiguos como Max Mendoza, allegado e íntimo amigo del expresidente Evo Morales.
Se constató que de los cuatro imputados, Milton Fuentes ocupaba el cargo de director Administrativo y de Financiero de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí. Al mismo tiempo, sería el hombre de confianza de Marcial Ayali, expresidente de la misma institución. También trabajó como director de Desarrollo Humano del municipio de Uyuni en 2015.
Mauricio Quintanilla Rojas, alias “Motín”; Manfred Flores Canaza; Milton Fuentes Apaza, alias “el Licen”, y el presidente del comité electoral de la FUL potosina, Ariel Quispe son los cuatro investigados que, según la Policía, planificaron el atentado y se reunieron la madrugada del lunes para adquirir la granada de gas de la cual fue borrada la serie.
Relación de los hechos
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, el 9 de mayo, a las 9:15 de la mañana, Ariel Quispe instaló una asamblea estudiantil al interior del coliseo universitario, donde asistieron cerca de 1.000 personas.
Luego a las 9:45, Fuentes habría activado la granada de gas lacrimógeno de triple acción y Flores se ocupó de lanzarla hacia el palco, provocando caos y temor entre los asistentes, ocasionando una avalancha humana para salir del lugar.
Producto de este hecho se registró el fallecimiento de Gilda Paita, de 22 años de edad, Rayza Colque, de 24; Gladys Acuña, de 33, y Daniela Quentasi Mamani, de 22 años. Además, cuatro estudiantes aún luchan por su vida en terapia intensiva y otras 86 personas se recuperan de las lesiones.
Según las declaraciones testificales, la noche del 8 de mayo Mauricio Q. R., Milton F. A. y Juan Q. G. se reunieron al interior de un vehículo particular con el propósito de comprar la granada de gas y coordinar los roles de cada integrante.
El Ministerio Público continuará con la investigación para determinar el grado de participación de cada sospechoso y conocer si existen más involucrados.
Audiencia
Más de siete horas duró la audiencia cautelar. La defensa de los imputados planteó dos incidentes para detener el proceso, pero los mismos fueron resueltos y luego el juez inició el acto.
La cesación a la detención será considerada el 3 de noviembre próximo, según la determinación del juez.
Los abogados defensores plantearon la apelación correspondiente para sus clientes, pues consideran que no merecían ser detenidos preventivamente.
La sesión estuvo fuertemente custodiada por la Policía que desplegó efectivos desde la ciudad de Oruro para reforzar la seguridad ante la cantidad de universitarios que permanecieron en puertas del juzgado durante todo el día.
Grupos de familiares de las estudiantes fallecidas lograron llegar hasta las celdas judiciales y reclamaron por la protección que reciben de la Policía. Los familiares afirmaron que los acusados ingresaron a la universidad para manipular a estudiantes que buscan profesionalizarse.
Borran material periodístico
El juez segundo de instrucción penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Omar Cardozo, ayer impidió a un periodista de El Potosí transmitir la audiencia de medidas cautelares de los cuatro involucrados en el atentado a la UATF.
Según la información del medio local, el comunicador sufrió el decomiso de su grabadora y aunque luego se la devolvió, con intermediación de la Defensoría del Pueblo, constató que el audio relacionado al relato de los hechos fue borrado, pese a que el procedimiento es público.
“Por su importancia, este diario determinó transmitir la audiencia, pero el juez no lo permite. Cuando el periodista Marbin Valda estaba grabando el audio de la relación fáctica (la descripción de cómo ocurrieron los hechos), Cardozo ordenó la incautación de su grabadora”, alertó el medio.
Durante la audiencia, el juez aclaró que no ordenó incautar la grabadora del periodista Marbin Valda. Pero el comunicado aseguró que cuando se dio cuenta que el equipo había sido levantado por los funcionarios, pidió su devolución, pero estos se negaron.
La grabadora solo fue devuelta por la mediación de Vilma Martínez, delegada defensorial, y comprobaron que la grabación había sido borrada.
Incluso, una de las periodistas de Al Punto Noticias dijo a EL DEBER que tampoco se permitía a los medios cargar las baterías de sus equipos y que tampoco quisieron darles el nombre del juez.
“Aquí no nos dejan ni cargar el celular, es increíble, apenas hemos conseguido que nos den el nombre del juez. Ahí adentro nadie quiere dar nada”, reclamó.
Sobre los incidentes, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales medios escritos de Bolivia denunció actos de censura y atropello judicial contra el trabajo de Valda del diario El Potosí, y exigió la vigencia plena de garantías al trabajo informativo que están señaladas en la Constitución Política del Estado.
“Estas acciones de impedimento a la labor periodística, el decomiso de un equipo de trabajo y la eliminación del registro documental de audio representan una abierta censura y son hechos deplorables”, señala el pronunciamiento de la ANP.
