Fue el filósofo y académico estadounidense John Rawls quien formuló el concepto de Estado forajido, que se conoce también como Estado fallido. Si el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada y también la institución que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, fuerza o coerción, entonces, ¿qué significa un Estado forajido o Estado fallido? 

Se define a un Estado fallido como aquel que no ejerce exclusivamente la coerción y no respeta los derechos humanos y constitucionales, las leyes positivas aprobadas por una colectividad y que vulnera, también, sus normas éticas y sociales. Por tanto, los Estados forajidos o fallidos tienen políticas, instituciones y gobiernos débiles. 

Según los politólogos, un Estado fallido está fuertemente contaminado por altos niveles de corrupción, criminalidad e inseguridad ciudadana; es notoria la pérdida de control del territorio o del monopolio legítimo de la fuerza o coerción; posee un sistema judicial colapsado; es incapaz de suministrar servicios básicos; tiene altos niveles de informalidad y pobreza y carece de capacidad institucional para interactuar con otros Estados como miembro de la comunidad internacional.

En un Estado fallido, no hay respeto a la Constitución que otorga validez a las demás normas; el poder político se ejerce sin separación de funciones y está concentrado en el Ejecutivo; no hay un efectivo control y fiscalización del ejercicio del poder político y es inexistente la protección y promoción de los derechos humanos. 

La descripción se ajusta a lo que vemos cotidianamente en el país. El Gobierno viola la Constitución y las normas, por ejemplo, al juzgar a la expresidenta Jeanine Áñez en la justicia ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades; el narcotráfico campea no sólo en el trópico cochabambino sino también en regiones fronterizas con Chile, donde también operan el contrabando y el tráfico de autos robados, y en el norte de La Paz se desarrolla, sin control alguno, la minería ilegal y depredadora del oro; el Estado no controla esas zonas, donde también crece la trata de personas. Las instituciones democráticas para proteger los derechos humanos no funcionan: la defensora del pueblo interina se ha dedicado a defender al poder. 

Además, la corrupción ha llegado a límites intolerables con el desfalco al Fondo Indígena o con las contrataciones directas sumidas en la opacidad y el secretismo. Hay jefes policiales involucrados en el narcotráfico y en el robo de autos; la Policía no es apta para garantizar la seguridad interna y menos para proteger a la ciudadanía de la delincuencia, porque es la primera en vulnerar las normas y cometer delitos. 

La justicia está en estado de descomposición y condena a inocentes y hasta mata a aquellos que han denunciado la corrupción oficialista, como Marco Aramayo. La pobreza rampante es otra de las características de este periodo. 

En suma, la administración masista, por casi dos décadas, ha llevado al país a tomar peligrosamente la fisonomía de un Estado forajido o fallido. Y no será fácil liberarse de este estigma.