La renuncia de la vocal María Angélica Ruiz generó renovada inquietud respecto a la situación del TSE. Como era previsible, algunos actores políticos de la oposición y sus operadores mediáticos se apresuraron a declararlo “bajo sospecha” (sic). Con miras al próximo ciclo electoral, es fundamental blindar la institucionalidad electoral en lugar de caer, otra vez, en el deplorable asedio.

Los episodios de crisis por efecto del alejamiento de sus autoridades han sido una constante en el organismo electoral. Bastará recordar que en 2000 la entonces Corte Nacional Electoral se desmoronó por la renuncia en cascada de sus vocales. Declinaba así el ciclo de personalidades puestas al servicio de la democracia pactada y sus partidos sistémicos (MNR, ADN y MIR), hoy residuales o extintos. Luego vino el período de transición hasta la conformación del TSE como órgano del poder público.

La nueva institucionalidad electoral, resultante del proceso constituyente, significó un gran salto cualitativo: pasó de ser una entidad encargada de solo administrar elecciones a un poder del Estado con mandato para impulsar el ejercicio de la democracia intercultural. No es poca cosa. Claro que entre el marco normativo y su realización institucional hay distancia. Doce años después de su creación, todavía no tenemos un Órgano Electoral Plurinacional con la suficiente fortaleza, autonomía e independencia.

Después de nuevos episodios de renuncias y renovación, la situación de mayor fragilidad del Órgano Electoral se produjo en la coyuntura crítica de 2019. El TSE fue a la vez protagonista y víctima de un proceso electoral fallido que terminó con la ilegal destitución de sus vocales, detenidos arbitrariamente al amparo del régimen transitorio. Luego se designaron nuevas autoridades como resultado de un acuerdo político para convocar elecciones. La institucionalidad dio la talla en los comicios 2020 y 2021.

Más allá de marginales y antidemocráticos grupos de la oposición, que incluso alentaron salidas autoritarias (“junta militar”), los actores políticos relevantes y todas las misiones de observación electoral reconocieron y avalaron la transparencia y resultados del último ciclo electoral en el país, así como el desempeño del TSE. Esa confianza institucional debe preservarse más allá de la renuncia de algunos vocales. Es fundamental cuidar la actual Sala Plena en lugar de sembrar nocivas sospechas en su contra.

Una condición ineludible para evitar nuevas coyunturas críticas en torno a las elecciones es contar con un organismo electoral cuyos actos se sujeten plenamente al principio de legalidad y sea equidistante respecto a los actores políticos. Para ello es necesario evitar la reciclada pauta de descalificación y asedio contra el TSE y sus vocales. El reto radica más bien en generar condiciones de confianza y apoyo para las necesarias tareas de blindaje del sistema y de la institucionalidad electoral.