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Se repite la figura del año pasado. En medio de gritos y abucheos por parte de las barras de oficialismo y oposición, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra volvió a elegir a Israel Alcocer y a Silvana Mucarzel como presidente y secretaria, respectivamente. Al igual que el primer año de gestión, la Vicepresidencia permanece acéfala.
El presidente ratificado, Israel Alcocer, en su primera intervención, se propuso a él mismo para seguir ocupando la presidencia, y a Mucarzel para continuar en el cargo de secretaria y nominó a la concejala de Comunidad Autonómica (C-A), Lola Terrazas, para ser la vicepresidenta.
Terrazas agradeció la nominación y dijo sentirse honrada, pero declinó la propuesta debido a que se mantiene a la espera de un fallo de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional que defina, de una vez por todas, a qué bancada le pertenece la presidencia.
Ante la negativa de Terrazas, Alcocer volvió a tomar la palabra y propuso que se mantenga la directiva con él al mando y Mucarzel como secretaria. Con seis votos, de los cuatro concejales de UCS y los dos del MAS, se ratificó esa plancha y la vicepresidencia continúa sin representante.
Fallo constitucional
Durante su intervención, el concejal por C-A, Juan Carlos Medrano, dijo que la directiva conformada por Alcocer y Mucarzel es ilegal porque no respeta la voluntad popular, ya que su partido obtuvo alrededor de 36.000 votos más que UCS en el legislativo.
“Si vamos a desconocer sentencias constitucionales o reglamentos del Concejo, creo que nos equivocamos de lugar. No deberíamos ser autoridades si queremos desconocer la votación de la gente”, señaló Medrano.
Explicó que existe un fallo constitucional que viene desde Sucre que dice que la presidencia del Concejo le corresponde a C-A, el mismo que fue apelado por la UCS y se está a la espera de una nueva resolución. Además, comparó la actitud de los ucesistas con la del expresidente Morales, cuando desconoció el referéndum del 21F.
“El año pasado podíamos suponer que no conocíamos el derecho, ahora hay una sentencia constitucional que nos aclara que estaban equivocados y erróneamente pusieron una directiva desconociendo la voluntad popular”, añadió.
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En la misma línea, el concejal José Antonio Alberti (C-A) hizo un llamado a la consciencia a los concejales del partido oficialista para no actuar “en la ilegalidad” y les advirtió que desconocer el fallo les podría acarrear procesos penales de hasta seis años.
Por su parte, Alcocer aclaró que no están actuando por fuera de la ley, ya que existe una resolución que suspendió la acción presentada por C-A y se está a la espera de un nuevo fallo constitucional, el cual espera sea en favor de su partido.
“No estamos haciendo nada irregular ni ilícito y es la norma la que nos faculta y nos protege”, remarcó.
Al finalizar la sesión, Terrazas dijo a EL DEBER que se va de la sesión con un sentimiento de esperanza de que el Tribunal Constitucional les dé la razón y puedan asumir la presidencia; sin embargo, también dijo que se lleva un sabor a poco porque sus colegas oficialistas no actuaron “de buena fe”.