A medida que avanza el juicio denominado Golpe II, contra la exsenadora Jeanine Añez, se devela con mayor claridad que la interrupción del proceso democrático en noviembre de 2019 fue planificada y organizada con anticipación y detalle, utilizando no solo un discurso mentiroso, sino bastantes recursos económicos.

La consigna principal fue el argumento del fraude que nunca se logró comprobar; por el contrario, el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) y al menos siete organizaciones de prestigio en el mundo desmintieron esa versión.

El mismo Tribunal Constitucional confirmó que hubo golpe, no fraude ni vacío de poder y que se violaron no solo los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino la propia Constitución Política del Estado.

Nadie puede dudar porque existen filmaciones de la televisión y de los mismos parlamentarios de oposición que Añez primero se declaró presidenta del Senado en una sesión sin quórum y minutos después, en el hemiciclo de Diputados, en una burda sesión congresal, se declaró presidenta ante sillas vacías.

Nunca se leyeron las renuncias de Evo Morales y de Álvaro García Linera, presidente y vicepresidente, respectivamente, las mismas que debían ser aprobadas por los asambleístas. A Añez nadie la posesionó, ella se declaró presidenta.

A todo ese burlesco espectáculo, que con seguridad pasará a la historia como uno de los hechos más vergonzosos, hay que sumarle el motín de la Policía en todo el país y el pedido, ellos dicen “sugerencia”, de las Fuerzas Armadas para que renuncie el presidente constitucionalmente elegido y al que le faltaba meses para cumplir su gestión.

Luego se debe sumar a ese espectáculo el decreto que autorizaba a las FFAA el uso de la fuerza y violencia, a matar bolivianos, sin que tengan ninguna responsabilidad, lo que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata y en la persecución de ministros, gobernadores y dirigentes.

El golpe estaba planificado, desde hace meses, basta solo revisar las conclusiones de sus cabildos celebrados un mes antes de las elecciones, ya anunciaron que habría fraude. Por eso también los cívicos y políticos de oposición se dieron a la tarea de destruir las actas electorales y atacar los tribunales.

Las pruebas del golpe y de la ilegal asunción de Añez, sus compinches y asesores políticos al poder sobran, solo hay que hacer una recopilación cronológica de esos luctuosos hechos que derivaron no solo en el asesinato de ciudadanos, sino uno de los mayores descalabros económicos del país.

Bajo ese panorama, quién puede conscientemente presentarse a defender a Añez, solo quienes también son responsables, coautores y beneficiados de uno de los peores regímenes de facto que tuvo nuestra historia.

Existen infinidad de pruebas, autoritarismo, irracionalidad, violencia e ilegalidad, no solo durante el golpe, sino en el gobierno de Añez. Está claro que todos los caminos nos conducen a comprobar que hubo golpe de Estado. (Iván Canelas Alurralde es periodista)