Bolivia necesita una radiografía demográfica para planificar su desarrollo, pero la realización correcta del Censo está en riesgo por las disputas sobre las categorías indígena y mestizo, las “debilidades” en cuanto a la transparencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y por unas distorsiones sobre la población que causarán confrontaciones.
Los desafíos del Censo y los problemas que afronta su preparación fueron analizados por el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, y los analistas del grupo de reflexión de la Agencia de Noticias Fides (ANF) Saúl Flores, Pedro Portugal, María Teresa Zegada y Gabriela Canedo con la moderación de la coordinadora, Estefani Tapia.
Juan Carlos Núñez destacó la importancia de levantar información demográfica de alta calidad “si es que se desarrolla de manera muy técnica y nada politizada” con el propósito de saber “no solo cuántos somos y dónde residimos, sino cómo estamos” respecto a las condiciones sociales y económicas.
El país necesita conocer los indicadores de necesidades básicas insatisfechas para medir la pobreza y sobre todo para realizar una eficiente planificación del desarrollo, pero existen problemas en la etapa preparatoria que comprometen la celebración de un Censo bien hecho.
En ese sentido, alertó sobre la necesidad de que el INE realice una “capacitación de calidad” para los empadronadores para evitar las improvisaciones vistas en el 2012 cuando se tuvo que convocar a última hora a maestros, policías y militares para empadronar y se vio a algunos estudiantes llenando formularios en las calles contaminando los datos.
Y expresó sus dudas acerca de que el INE tenga a tiempo una adecuada actualización cartográfica en los próximos cuatro meses como se ha planteado la institución con diez mil colaboradores. “Habrá que ver si efectivamente logran avanzar en ello”, sostuvo.
De forma especial, cuestionó la estrategia comunicacional del INE porque considera que la actual es “una gran debilidad” ya que no avanza en “transparencia y acceso a la información” para la población y la academia.
“Una pena que el director del INE (Humberto Arandia) diga que se va a relacionar con la sociedad civil a través de la página web del INE. Es muy limitante ese accionar y deberíamos seguir demandando una acción mucho más activa y participativa de la sociedad civil”, sostuvo Núñez.
En ese sentido, lamentó que aún no se conozca la boleta del Censo debido a la “cerrazón de información”, de parte del INE.
Entre otros aspectos, recomendó que la boleta permita conocer el número de viviendas, pero también de hogares porque puede haber más de uno en una sola casa; también que se ajusten las consultas sobre los servicios en educación y salud que utiliza la población flotante como la de la ciudad de El Alto que se traslada a La Paz por sus actividades económicas.
Algo similar ocurre en otras ciudades vecinas a las capitales regionales, pero son datos que hace falta conocer para el manejo presupuestario y la planificación del desarrollo sobre todo municipal.

DISTORSIONES
Además, advirtió sobre las “tremendas distorsiones” generadas porque las comunidades y los sindicatos campesinos presionan a quienes tienen una casa de campo para censarse en esos lugares en vez de hacerlo en las ciudades, algo que ya pasó en 2012.
Un ejemplo, según dijo, es el caso de Coroico porque las estadísticas muestran que tiene profesionales como médicos, ingenieros y arquitectos, cuando en realidad ellos viven en La Paz y van al campo muy poco.
La otra distorsión está dada por la relación entre la población y el número de diputados de las regiones en un escenario de migración a las capitales del eje central, pero sobre todo hacia la prospera y pujante Santa Cruz.
“Estoy seguro que Oruro y Potosí y, especialmente, Chuquisaca van a hacer un bloque para defender el número de diputados que ellos tienen. Entonces esto nos genera un ambiente de confrontación”, sostuvo.
El sociólogo Saúl Flores agregó que “es muy preocupante” que la actualización cartográfica ronde apenas el 17 % a pocos meses del evento y acusó al Gobierno de no tener interés en el Censo como lo tienen los municipios por razones presupuestarias, de inversión y reconocimiento político.
Sostuvo que convocar al Censo para el miércoles 16 de noviembre podría ser una respuesta para evitar la distorsión de las presiones comunitarias para que la gente se traslade desde las ciudades al campo.PUBLICIDAD

DISPUTA
La socióloga y antropóloga, Gabriela Canedo, agregó que además de todos esos problemas, también está la disputa política entre quienes defienden la auto identificación indígena y los que reclaman la inclusión de la categoría de mestizo, lo que supondría una pelea para saber “si somos República o Estado Plurinacional”.
Lamentó que todas las distorsiones mencionadas “embadurnen” el Censo, un evento esperado para radiografiar la realidad nacional y con mucha inversión, pero que aparece como contaminado durante su preparación.
Para el intelectual indianista, Pedro Portugal, el Censo “es una muestra más de los males profundos que tenemos en Bolivia y que nos los remediamos” y consideró que es el reflejo de “unas elites alienadas” que piensan en modelos ajenos al país y no miden lo que deberían medir.
Sostuvo que la polémica sobre el mestizaje “es un disparate, pero viene generado por otro disparate anterior que se hizo, que es la auto identificación étnica”.
“Parece que quienes hacen la planificación estatal son grupos de presión, cuyo cerebro está más en el exterior que aquí”, apuntó al sostener que eso produce una lectura absurda de la realidad, ya que en el Censo del 2001, un 62 % se identificaba con una etnia; el 2012, eso bajó al 40 %, y ahora un sector pide que se añada la categoría de mestizo.
Resaltó que la autoadscripción étnica respondió a un modelo culturalista que puede funcionar en otros países como EEUU donde la nacionalidad norteamericana está consolidada como un marco general.
Al contrario, en el país, el indígena tiene civismo boliviano y hace el servicio militar, “pero Bolivia no le da pelota”, apuntó.
La socióloga y politóloga, María Teresa Zegada, sostuvo que cuando se reconocieron a los pueblos indígenas en la Constitución no se lo hizo pensando en criterios cuantitativos, sino por la preservación de su cultura y sus derechos ante el olvido estatal de esos pueblos.
De tal forma que el Censo no puede suponer una herramienta para reducir los derechos de los pueblos indígenas, sean el porcentaje que sean.
Y acerca el debate sobre lo mestizo, sostuvo que en efecto la palabra “viene de una raíz racializada de la realidad” y consideró que “es una discusión un poco inútil posicionarse y rasgarse las vestiduras”, cuando hay otros temas más relevantes para discutir de cara al Censo. (ANF)