El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, no empezó su gestión con el pie derecho. Su principal contrincante, el excandidato Gary Áñez, fue el primero en pedir su renuncia “porque está imposibilitado mental y anímicamente”.

El diputado del MAS Ányelo Céspedes anunció que iniciará una convocatoria para ir a un referéndum revocatorio por su “incapacidad” de hacer gestión.

Fue superado por conflictos como el transporte, el comerciantado y un contrato de basura.

Su promesa electoral de entregar un bono escolar y computadoras para los estudiantes fue calificada como ilegal, sin embargo, pese a esto la cumplió.

En lo político, le salpicó el proceso por los “ítems fantasma” en la alcaldía por el que su antecesora Angélica Sosa se encuentra encarcelada. También fue criticado por su falta de compromiso con las medidas de presión que se asumieron en la región cruceña por el censo y la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, aunque por esta última aclaró su apoyo incluso con alimentos a quienes participaban del paro.

Una crítica reciente es por la falta de cumplimiento a su compromiso con el proyecto Buses de Transporte Rápido (BTR) y retiro de los cordones.

Otro problema que enfrentó y que derivó en medidas de presión fue por la falta de dotación de medicamentos para los hospitales de primer y segundo nivel. Enfrentó un paro de dos días de los trabajadores en salud. Se suma el pedido de acciones para hacer frente a la inseguridad ciudadana tras los robos en motocicleta e intento de rapto de las diferentes calles de la ciudad y de los establecimientos educativos. El ordenamiento de los comerciantes es un reto que trabaja de manera coordinada con el sector.