Eduardo Rodríguez Veltzé y Juan Del Granado coincidieron en la urgencia de la reforma, aunque vislumbraron vías diferentes para este fin. También abordaron los retos que le esperan al nuevo defensor.
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Eduardo Rodríguez Veltzé y Juan Del Granado coincidieron en la urgencia de la reforma, aunque vislumbraron vías diferentes para este fin. También abordaron los retos que le esperan al nuevo defensor.
¿Hay salidas factibles a la crisis de la justicia? ¿Por qué no se concreta la prometida reforma? ¿Qué opciones quedan para evitar muertes como la de Marco Aramayo? Esos y otros tópicos fueron abordados por Juan Del Granado y Eduardo Rodríguez Veltzé en el tercer streaming de P7 Plus.
Conducido por los periodistas Isabel Mercado y Tuffí Aré, el programa de debate para suscriptores tuvo como invitados a dos abogados notables: el expresidente Rodríguez Veltzé y el exalcalde Del Granado. Ambos coincidieron en la urgencia de la reforma judicial, aunque vislumbraron caminos diferentes para ese objetivo.
Del Granado calificó la muerte de Aramayo, el exdirector y denunciante del desfalco del Fondioc, como “un asesinato judicial”. “La muerte de Marco Aramayo es episodio trágico doloroso, pero sobre todo expresivo de la degradación absoluta de nuestra administración de la justicia. Una administración de la justicia que debería defender la vida, la seguridad, el patrimonio de la gente y hace todo lo contrario. Es una justicia al revés”, dijo.
Consideró que la tragedia del sistema judicial obedece a una serie de carencias históricas que se han intensificado en los últimos años: “carencia de independencia de jueces, de idoneidad de operadores de justicia, de división de poderes, de recursos y carencia de estrategias estatales”.
Ante esta situación, Del Granado expuso la propuesta de los juristas independientes, de la que es parte: sustituir a la Asamblea Legislativa en la selección de postulantes a cargos judiciales por una comisión ciudadana, con especialistas idóneos, que califique méritos eliminando la política. Esta selección será entregada en ternas al Parlamento para que tras su depuración sea sometida a referendo ciudadano.
Eduardo Rodríguez Veltzé, por su parte, sostuvo que es necesario dejar que las investigaciones den un fallo sobre la muerte de Aramayo, pero apuntó que hay responsabilidades que recaen en el Ministerio Público, la Produraduría y otras instituciones con funciones establecidas en la CPE.
Calificó como interesante la propuesta de reforma de los juristas independientes, pero planteó una reflexión sobre los consensos políticos. “El cambio no sólo se debe dar en los altos estrados de magistrados, sino en todos los jueces. Si no hay consensos políticos no vamos a ir a ninguna parte. Ahora hay un ministro de Justicia que reemplaza al Consejo de la Magistratura y habla por el Tribunal Supremo, lo que ha desconfigurado la división de poderes”, sostuvo el expresidente.
Para Del Granado, el gobierno ha demostrado que no tiene ninguna voluntad política para encarar la reforma judicial. “Está en manos de la ciudadanía hacer uso del poder que le da la Constitución. Los consensos políticos no funcionan, confío en los consensos de la gente”, recalcó.
Rodríguez Veltzé pidió a los medios mayor nivel de interpelación a los primeros mandatarios. “No puede ser que no tengamos la voz de Arce para promover la reforma y convocar a consensos cuando la gente sufre. Debería ser un compromiso del Presidente con responsabilidad ante la ciudadanía”, recalcó.
Los retos del nuevo Defensor
El debate también abordó la elección del Defensor del Pueblo y los retos que le esperan.
“El postulante que resulte elegido debe reconstruir una Defensoría demolida por la política; debe enfrentar al poder que viola los derechos humanos. El Defensor debe tener ante todo idoneidad y responsabilidad de alto nivel para controlar al poder que comete abusos. Debe seguir el legado de Ana María Romero que tuvo alto vuelo”, planteó Juan del Granado.
Por su parte, Rodríguez Veltzé dijo que uno de los principales retos del Defensor está a 600 metros de su oficina y es el panóptico de San Pedro, que evidencia la retardación de justica que afecta a todo el país: “urge un compromiso con la reforma de la justicia”.
Otra de las prioridades del Defensor, en su opinión, debe ser dar al ciudadano mecanismos que le permitan protegerse de abusos de instancias públicas, sean ministerios, gobernaciones o alcaldías. “Bolivia tiene un déficit de derecho administrativo”, subrayó.
No hay voluntad de reforma y los consensos políticos no funcionan. Confío en consensos de la gente
Juan Del Granado
No puede ser que no tengamos la voz de Arce para promover la reforma y consensos cuando la gente sufre
