José Luis Saavedra

El pasado  4 de abril los expertos en clima de la ONU que conforman el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), alertaron que el mundo no tiene sino tres años para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y -lo más importante- debe prepararse para abandonar los combustibles fósiles.

Los expertos del IPCC, luego de una serie de evaluaciones científicas, consideran que el abandono del carbón es justo y necesario y que el mundo debe renunciar en al menos un 60% como mínimo al petróleo y en un 70% al gas. Sin embargo, en Bolivia, el régimen  del MAS actúa en un sentido radicalmente contrario y decide explorar y explotar hidrocarburos nada menos que en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia.

El gobierno del MAS ha anunciado formalmente el ingreso de las empresas petroleras a la Reserva de Tariquia y ha decidido viabilizar el proyecto hidrocarburífero en el área de Astillero, es decir la exploración del proyecto Astillero-X1. Es así que YPFB Chaco, la subsidiaria de YPFB Corporación, prevé iniciar operaciones de exploración hidrocarburífera en Astilleros a mediados del presente mes con la perforación de un pozo en un principio y varios otros después (en los bloques San Telmo norte y en el bloque Astilleros).

El viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, confirmó el ingreso de YPFB  a Astilleros este mes, y  que tiene planificado llevar adelante el proyecto exploratorio en el área, en base al plan de manejo aprobado en 2014, en el gobierno de Evo Morales, y sin respetar la ley de creación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia en 1992.

Sin embargo, la exploración hidrocarburífera en Tariquia tiene una serie muy preocupante de ilegalidades, violaciones y prevaricaciones que, en los límites del presente artículo, vamos a tratar de explicitarlas, no tanto desde el ámbito jurídico, sino más bien desde el campo socioambiental. Y para ello recurrimos a la palabra autorizada del experto Jorge Campanini, del Cedib, quien, en relación con el caso de Astilleros, refiere que los funcionarios del gobierno y de las empresas petroleras “han dicho o han mencionado que el tema Astilleros, o el problema Tariquia, es reciente; eso no es cierto, ya lleva muchos años y  estaba planificado y pensado desde el momento en que se diseñaron los bloques (petroleros), el año 2007”.

Este plan “no es nuevo porque el 2011 Petrobras solicitó hacer un convenio de estudio en Astilleros, en San Telmo. El año 2012 presenta sus resultados y el (mismo) año 2012 YPFB le autoriza a que prosiga para la firma de los contratos. Y no es nuevo porque (también) hay una gran cantidad de registros de prensa que muestran cómo ha ido evolucionando la preocupación en relación a Tariquia por parte de las comunidades y por parte de las autoridades. Y, asimismo, hay una gran cantidad de manifiestos, actas resoluciones por parte de las comunidades, además de movilizaciones, rechazando la actividad en Tariquia desde el 2015, incluso antes. Entonces, no es nuevo”, explica.

Y añade que “parte del problema también es el tema del plan de manejo, que se ha hecho en un tiempo récord. Quiero remarcar que el 30 de diciembre de 2014 se emite el informe jurídico y ese mismo día sale la resolución administrativa aprobando dicho plan. Ese plan ha sido licitado y  entregado a una empresa el año 2014, el mes de julio. Y el 18 de agosto de 2014 se ha firmado el contrato con esta empresa, es decir entre agosto y el 15 de diciembre del 2014 se ha construido (todo) un plan de manejo para una de las áreas más sensibles que tenemos en el país”.

Según refiera Campanini,  este es un elemento “clave” que hay que tomar en cuenta, porque lo que ha hecho este plan de manejo es modificar el área protegida, cambiar la zonificación de la misma, alterar zonas, como la zona de protección estricta, la de uso moderado, y otras más, donde también las comunidades realizan actividades económicas.

Esto es importante porque muchos funcionarios de la empresa, incluso el mismo viceministro señalan que, en el caso de Astilleros, la zona de uso moderado, según el plan de manejo, (que por cierto desconocen y rechazan las comunidades, por todo este proceso fraudulento y por la forma en la que se ha impuesto), aun así en esta zona de uso moderado no se puede realizar actividades de corte extractivo o vinculadas a la extracción; es decir, quienes han entregado una licencia ambiental en esta érea protegida, sobre este tipo de zonificación, tienen responsabilidades, no debía haberse entregado esta licencia ambiental.

El bloque Astillero está pues en una zona de uso moderado y no en una de amortiguación. “Y en la zona de uso moderado, tal como señala el reglamento (de çareas protegidas), no se puede hacer actividades extractivas. Y (por tanto) no se debía haber dado esa licencia ambiental”.

Finalmente, en el campo de los impactos ambientales, hay que tener en cuenta que los efectos no se limitan a un área que ellos (los burócratas) determinan (arbitraria e inconsultamente). Y el estudio de Petrobras señala que no solamente es un pozo o dos, son varios (al menos cinco), que van a ser afectados por la exploración en Astillero y en San Telmo. “Por tanto, permitir Astillero es permitir que se abra Tariquia por completo y después muchas otras áreas protegidas”, advierte.

Frente al anunciado ingreso de la empresa petrolera al área de Astillero, el movimiento cívico y los pobladores se han movilizado y han realizado, el 6 de abril, una marcha multitudinaria en rechazo contundente a la intervención petrolera en el área protegida. De las resoluciones emergentes de esta masiva marcha hablaremos en un próximo artículo.

José Luis Saavedra Profesor de Teoría y Política Poscolonial