Es por demás conocido que en los 14 años de gobierno del señor Evo Morales, uno de sus planes prioritarios fue el traslado de grupos indígenas del occidente al oriente, empezando por Pando. El objetivo del plan era electoral –por lo que no puede ser llamado política pública– para lograr ganar la mayoría de senadores por Pando y neutralizar el número de la oposición. Ramón Quintana, hombre fuerte del partido de gobierno y de la confianza de Morales, tuvo a su cargo esa especie de migración.
Otra finalidad paralela era defenestrar a Leopoldo Fernández, líder de la región, entonces Gobernador del departamento Pando. Para ello, se le urdió una supuesta “masacre” de campesinos, pero la verdad es que tuvo lugar un enfrentamiento. Se le colgó, pues, el hecho para detenerlo durante una década y más. Desde hace algún tiempo se viene repitiendo la historia, esta vez en Santa Cruz, pero a través de la violencia y el despojo, acciones de continuación por el gobierno de Luis Arce.
Son grupos de “interculturales”, armados, del occidente del país, protegidos por el silencio de las autoridades pese a denuncias, haciendo evidente el encubrimiento y complicidad de algunos organismos y funcionarios. Son víctimas de despojo las Comunidades indígenas nativas del Oriente, propiedades privadas y empresariales. A pesar del número y la repetición incesante de estos avasallamientos, ni el Gobierno ni la Justicia prestan la más mínima atención, campeando la impunidad.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene a su cargo ubicar tierras de supuestas disputas para otorgarlas a los avasalladores. Sin embargo, para estos no hay propiedad imposible de invasión, por saneada que se encuentre. Tan funestas condiciones colocan al país como “tierra de nadie”, en la que no hay autoridad ni ley. No en vano en Latinoamérica ocupamos el último lugar en inversión extranjera, por la absoluta falta de seguridad jurídica, inseguridad que estrangula nuestro presente y futuro, ampliando la pobreza.
Fuentes oficiales y los depredadores pretextan que se trata de los “sin tierra” y se les dota terrenos en el fértil trópico cruceño. En primer lugar, los llamados asentamientos talan indiscriminadamente los recursos forestales, “chaquean”, etc., para negociar al mejor postor, sacando enorme rédito económico. No son “asentamientos” dedicados a la agricultura ni mucho menos, solo buscan el lucro, desatendiendo incluso las sayañas y tierras que detentan en sus lugares de origen.
Ofrecemos algunos casos de invasión y despojo en Santa Cruz y Cochabamba: En el primero, provincia San José de Chiquitos, 12 haciendas avasalladas, una comunidad de la Chiquitania, cuatro predios privados, inclusive uno de la iglesia Católica. En casi todas estas los interculturales ingresaron a bala; Guarayos, Las Londras, el 28 de octubre de 2021, es un caso emblemático, 70 personas armadas secuestraron y torturaron a periodistas, trabajadores, empresarios y policías durante 12 horas. Solo hay un detenido. En Cochabamba: haciendas Angostura y Maicapampa, sin contar otras no denunciadas por amenazas de muerte. En ciudad de La Paz, toda su periferia está siendo “loteada” por traficantes.