El Censo de Población y Vivienda (CPV) 2022 ha sido confirmado. En consonancia con lo definido el 21 de julio del año pasado en el Decreto Supremo 4546, se informó que sería el miércoles 16 de noviembre en todo el país, aunque luego se abrió la posibilidad de modificar la fecha. Fue declarado de prioridad nacional.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) viene desarrollando actividades preparatorias como la elaboración de los formularios de recolección de información de la Actualización Cartográfica Estadística, según se comunicó mediante su página web, en la que destacan la aplicación del Formulario F1 con información de las comunidades que forman parte de todos los municipios.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, que se manifestó en contra de la realización del Censo “sin previo análisis sobre qué factores o variables deberíamos incorporar en este tipo de situación y no solamente valernos del número de población, que es muy importante, por supuesto. Pero hay que tomar otros índices”. Alertó que, de no tomarse esas previsiones, “va a ser totalmente perjudicial para la mayoría de los municipios y beneficioso para unos cuantos municipios que sabemos que están impulsando este Censo a como dé lugar, en desmedro de los municipios que no hemos desarrollado”. Siendo que él presidente la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), a un principio se creyó que había vertido esas declaraciones en su calidad de tal, pero luego se aclaró que las hizo como burgomaestre de la capital.

Algunos sectores, sobre todo ligados al oficialismo, se adhirieron al reclamo de Leaño. Otros, como la Universidad San Francisco Xavier, se mostraron a favor de no pedir una postergación y más bien plantearon enfocarse en enfrentar el proceso del Censo. En general, hay preocupación por el destino de los recursos tras la redistribución que inevitablemente habrá cuando se conozcan los resultados del trabajo censal.

¿Para qué sirve un censo? Entre otras cosas, para actualizar los datos relacionados con la población y la vivienda de un país determinado y, a partir de esa información, aprobar políticas públicas de beneficio para la sociedad.

Sobre la base del significado de un censo, cabe reflexionar acerca de la preocupación adelantada por el Alcalde de Sucre y luego señalada también por la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca, que demandó un diálogo previo con el Gobierno porque, entre otras cosas, “el objetivo del Censo debería ser redistribuir recursos en función a los que más necesitan; esto podría, de alguna manera, frenar los desequilibrios regionales”.

En efecto, no se trata de hacer un levantamiento de información sin antes definir —y consensuar— las variables y la forma de la adecuación de esos datos en la realidad; es decir, cómo y cuánto van a afectar a los habitantes del país.

Todo lo recolectado por el Censo debe servir como herramienta para mejorar la vida de los bolivianos, sin discriminación alguna. La justicia social de la nueva distribución de recursos económicos y otros detalles, como, por ejemplo, una futura composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es fundamental.

En ese sentido, preocupa, especialmente a regiones como Chuquisaca y Potosí, la asfixiante presión migratoria del campo sobre las ciudades capitales. El progresivo traslado de migrantes de las áreas rurales hacia las grandes urbes del país, irremediablemente, aumenta en número las poblaciones de las ciudades del eje central y disminuye las de los demás departamentos.

Del nuevo “mapa” que salga del Censo, de esa radiografía de la realidad de los bolivianos no deberían salir favorecidos ni perjudicados, sino que, bajo criterios de sabiduría, justicia y equilibrio, se tiene que velar por una redistribución que atienda a aquellos territorios más necesitados por contar tanto con una mayor como una menor población. (R)