"Las familias indígenas están siendo despojadas de sus territorios. Primero eran los avasallamientos y ahora son las amenazas de muerte", denunció Tomás Candia, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob Orgánica).

El dirigente indígena llamó a conferencia de prensa junto con Abdón Justiniano, parlamentario movima del Parlamento Indígena y presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cpib Orgánica); y Adolfo Chávez, relacionador internacional de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Lo hicieron luego de las denuncias de Maida Peña, de que recibió amenazas de muerte de parte del narcotráfico en la TCO Bajo Paraguá, donde tuvo que renunciar a su cargo como cacique de la comunidad Porvenir.

Según Chávez, en algunos territorios indígenas ya se está incentivando esta red de tráfico y los habitantes son parte de una convivencia ilícita, donde el narcotráfico está tomando fuerza y poder, cambiando a caciques, dirigentes,  amedrentando. Chávez dijo que las amenazas no solo quedan en intenciones, informó que en Porvenir han dado plazo de 72 horas "para que la hermana (Maida Peña) desaloje. Han procedido a matarle a sus animales, un perro, y a amenazar la chanchería", denunció.

Mandó un mensaje al nivel central, exigió que se haga todos los esfuerzos de poner un control de vigilancia en ese sector, el mismo que fue retirado hace más de tres años sin previo aviso, según dieron a conocer el anterior alcalde de San Ignacio y comunarios de la zona. Chávez aseguró que el decomiso del helicóptero al narcotráfico, que se conoció a través de los medios, "fue primero a instancia de la Federal de Brasil; si ellos no hubieran actuado, el Gobierno boliviano no iba a hacer nada", aseveró.

Asimismo, Chávez indicó que, como Coica, están cruzando información con los indígenas de Brasil, que habitan por esa región. "Les damos toda la documentación que nos permite (denuncias y quejas formales que se están haciendo en Bolivia) que ellos puedan hablar con la Policía Federal del Brasil y neutralizar y sacar de esa zona a los que están metidos en asuntos ilícitos. Ninguna de las personas que convive con el narco debe quedar suelta", sostuvo.

Adelantó que todas las denuncias serán de conocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; el Consejo de Derechos Humanos, con asiento en Ginebra; y la CIDH.

Abdón Justiniano apuntó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, le dijo que "bajo su responsabilidad está la vida de esta hermana dirigente, Maida Peña, amenazada de muerte por el narcotráfico en la Chiquitania". 

En la misma línea de Chávez, pidió a Del Castillo que viabilice inmediatamente  el resguardo de la vida de Peña y de su familia. "No puede ser que los pueblos indígenas de nuestras comunidades estén sujetos a amenazas y a la expulsión de su propio territorio, de su propia casa grande", dijo sobre el plazo dado por el nuevo cacique y varios comunarios, para que Peña abandone la comunidad con su familia, luego de denunciar complicidad con el narcotráfico.

Adolfo Chávez lamentó que el narcotráfico también esté operando en otra zona, como el parque Madidi, donde hubo el secuestro de tres niños chimanes. "Nos preocupan el secuestro, la prostitución, etc., precisamente por las ilegalidades que se están dando en nuestro país", denunció.

Este 28 de abril, después de que se denunciara por los medios el secuestro de tres menores indígenas chimanes, partieron a su rescate y a la aprehensión de los responsables apenas cuatro policías y una representante de la Defensoría del Pueblo de Palos Blancos. Hasta el cierre de esta nota no se tenía noticias de ellos.

Hasta el momento ni el Ministerio de Gobierno ni la Gobernación se han pronunciado sobre el tema.