Quiso mostrar que tenía respaldo y solo logró enfurecer a los peticionarios. El informe que prestó el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, a la comisión de autonomías de la Cámara de Diputados será utilizado como una prueba de que esa autoridad está intentando obstaculizar la averiguación de los hechos respecto al fallido proceso de compra de 41 ambulancias.

Este lunes, luego de las más de cinco horas que duró el informe, tanto la diputada Lissa Claros como su colega Guillermo Benavides anunciaron, por separado, que solicitarán la transcripción del informe con el fin de que este sea utilizado como prueba de cargo tanto en las investigaciones sobre las 41 ambulancias como las nuevas denuncias que vayan a presentarse.

“El señor gobernador no ha respondido a las preguntas que se le ha hecho —dijo Benavides—. Ha evadido, ha buscado explicaciones superfluas y no adecuadas”. El cuestionario que se elaboró para este acto de fiscalización contemplaba 13 preguntas, pero, según Claros, Mamani no respondió ni a la mitad. “Lo que lamentamos, inicialmente, es que el gobernador ha llegado tarde; segundo, que no ha aportado absolutamente nada de documentación y, tercero, no ha respondido ni la mitad de las preguntas que le hemos podido realizar”, dijo.

Los diputados cuestionaron que Mamani haya llegado hasta el hemiciclo acompañado de un grupo de personas que cumplieron el papel de “barra” porque aplaudían sus intervenciones y reprochaban las de los parlamentarios. Según Claros, estas personas eran militantes del MAS y funcionarios que agredieron verbalmente a los miembros de la comisión. En una de las grabaciones del informe se puede ver cómo se produce un cruce de palabras entre las personas de ese grupo y el propio gobernador.

Fue cuando la diputada Marina Morales le pidió que responda a las preguntas formuladas incluso por escrito, por considerar que Mamani estaba respondiendo con evasivas. La gente que acompañaba al gobernador comenzó a hacer bulla y Benavides pidió que se desaloje la sala, porque el alboroto viola el reglamento. "No voy a permitir que trate así a mi gente", dijo el gobernador quien incluso se levantó para acompañar sus palabras con las manos. La misma actitud tuvo, quien también exigía que se responda a las preguntas. “Responda, responda, responda a lo que se le pregunta”, le decía.

El artículo 84 del Reglamento General de la Cámara de Diputados dice que el público debe guardar “silencio y respeto a las Diputadas y Diputados, no pudiendo interrumpirlos por motivo alguno. En caso de infracción, la Presidenta o Presidente ordenará su inmediato desalojo”, lo que no ocurrió.

SIN DAÑO ECONÓMICO

Antes de ingresar a prestar su informe, el gobernador declaró para los medios paceños y su argumento se basó en que las ambulancias no fueron compradas y no se erogó ni un solo centavo en este proceso de compra que, finalmente, fue anulado por una resolución administrativa, así que señaló que no existe daño económico para el Estado.

Sin embargo, Benavides, que es abogado y profesor universitario, le dijo en el acto de fiscalización que la anulación no procedía, porque esta debía realizarse antes de que se emita la orden de pago. Señaló que el contrato fue protocolizado ante notario de fe pública, así que su resolución no debía ser unilateral.

El diputado también le recordó que él es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Gobernación, y quien firmó el contrato, así que tiene responsabilidad incluso por lo que hagan sus funcionarios. Respecto al acta de recepción definitiva de las ambulancias, firmada pese a que los automóviles no habían llegado a Bolivia, responsabilizó a sus subalternos.