Quiso mostrar que tenía respaldo y solo logró enfurecer a los peticionarios. El informe que prestó el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, a la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados será utilizado como una prueba de que esa autoridad está intentando obstaculizar la averiguación de los hechos respecto al fallido proceso de compra de 41 ambulancias.
Ayer, luego de las más de cinco horas que duró el informe, tanto la diputada Lissa Claros como su colega Guillermo Benavides anunciaron, por separado, que solicitarán la transcripción del informe con el fin de que este sea utilizado como prueba de cargo tanto en las investigaciones sobre las 41 ambulancias como las nuevas denuncias que vayan a presentarse. “El señor gobernador no ha respondido a las preguntas que se le ha hecho —dijo Benavides—. Ha evadido, ha buscado explicaciones superfluas y no adecuadas”. El cuestionario que se elaboró para este acto de fiscalización contemplaba 13 preguntas, pero, según Claros, Mamani no respondió ni a la mitad. “Lo que lamentamos, inicialmente, es que el gobernador ha llegado tarde; segundo, que no ha aportado absolutamente nada de docum



