Mientras escribo estas líneas, me resuena el debate que tuve el martes 15 de marzo del presente año, en el canal 11 en Santa Cruz, en un programa de debate dirigido por Daniel Valverde que abordó el tema del Censo 2022, sus componentes sociales y demográficos, y la importancia de la coordinación en su realización, entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los diferentes niveles de gobierno. Debate en la cual tuve el honor de compartir ideas con Carlos Hugo Molina quien fue proyectista de la Ley de Participación Popular y que actualmente coordina un proyecto de investigación de largo alcance sobre temas de migración en el país.

La falta de información por parte del INE en relación al avance del cronograma del Censo llevo a diferentes instituciones de Santa Cruz a conformar una comisión impulsora del Censo que ese martes anunció una seria de movilizaciones en caso de que el INE reiterará su negativa de coordinar el avance y la realización del Censo con los diferentes niveles de gobierno. Ante ello el director del INE salió recién ese día a informar que el Censo se hará el 16 de noviembre de este año, como indica el Decreto Supremo N° 4546, que la boleta censal ya estaba terminada en su versión preliminar, la misma que ya había sido revisado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Naciones Unidas, faltando solo la revisión de algunos pequeños detalles y que la semana que viene se empezaría con la actualización cartográfica. Todo esto evidenciando una falta de información y coordinación oportuna entre el INE y los diferentes niveles de gobierno, respecto a las actividades y etapas del Censo 2022. Hecho que continuo después, cuando el INE se reunió con representantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), algunos sectores sociales para informar sobre el avance del Censo y no con representantes de la Alcaldía y la Gobernación de Santa Cruz; aspecto que preocupa porque pone en riesgo la legitimidad de los resultados del Censo. Lo que llevo finalmente a que, en Santa Cruz, el martes 5 de abril, se realice una marcha con la participación de diferentes instituciones como la UAGRM el Comité pro Santa Cruz, la Gobernación donde señalaron que el INE se cierra a brindar información e indicaron que el Gobierno tiene la intención de retrasar el censo.

La importancia de un Censo, coordinado con los diferentes niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en sus distintas etapas y el seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en relación al tema, radica en que nos mostrará una información fiable de una serie de temas de la población boliviana como salud, educación, trabajo, etc. También porque nos servirá, entre otros aspectos, para medir el impacto de la pandemia en el ámbito de la salud, educación, laboral, etc.; saber cuántos fallecieron realmente con el Covid-19; el uso y acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en este contexto; las nuevas formas de trabajo y estudio; el uso de la medicina tradicional, los cambios de residencia, el retorno al campo en la cuarentena y finalmente saber cuántos accedieron a las vacunas contra el Covid-19 en el país. Asimismo, identificar a los grupos poblacionales que, por su condición de género, edad, lugar de residencia, pertenencia étnica, experimentaron situaciones de desventajas respecto a otros grupos de la población. Por ello, la necesidad que el Censo tenga una boleta enmarcada en los estándares de calidad que recomiendan los organismos internacionales, además que la actualización cartográfica, la capacitación de los censadores, la logística del empadronamiento, entre otras sub etapas del Censo sean realizados en coordinación y escuchando las sugerencias de los diferentes niveles de gobierno para garantizar su éxito en el país.

Finalmente, es necesario mencionar que la importancia del Censo 2022, radica en que sus resultados, servirán para la discusión del pacto fiscal y la reasignación de recursos públicos para los diferentes niveles de gobierno y posteriormente la planificación de la gestión pública en el país. Por ello la necesidad de que sea realizada de una manera coordinada y transparente en el marco de los estándares de calidad que recomiendan los organismos internacionales para garantizar su legitimidad.