La Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) viabilizará los juicios de responsabilidades contra la exmandataria Jeanine Áñez y paralelamente trabajará en la transformación del sistema judicial, informó el jefe de esta alianza opositora, Carlos Mesa, en un comunicado.

"Con relación a los juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez, iniciados y promovidos por el MAS, Comunidad Ciudadana atenderá el pedido expreso de la expresidenta de viabilizar con el voto de sus parlamentarios la autorización de estos juicios, por constituirse en su derecho y garantía para una adecuada defensa en función al cargo que desempeñó", señala el escrito.

CC señaló que simultáneamente trabajará en la renovación de los altos cargos fiscales y judiciales, para que sean las nuevas autoridades, "elegidas mediante mecanismos creíbles que garanticen su imparcialidad e idoneidad", las que brinden un escenario de garantía para estos juzgamientos.

La semana pasada, Añez publicó una carta dirigida a Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, en la que solicitó que, como líderes de los dos partidos de oposición en el Congreso, viabilicen un juicio de responsabilidades en su contra. La medida tiene como fin "establecer la verdad de los hechos" mientras goza de "plena convicción" de su inocencia, aseguró.

Actualmente, la ex jefa de Estado atraviesa un juicio oral ordinario por el denominado caso "golpe de Estado II", proceso que CC señala es una "farsa".

"El proceso penal del caso denominado golpe II es inicuo y espurio; constituye una farsa, decidida de antemano por el Movimiento Al Socialismo, que busca mantener el encarcelamiento y condenar a la expresidenta Añez y otros procesados. Este juicio fue montado por Evo Morales sobre un delito inexistente: el falso golpe de Estado", señaló CC.

"La injusticia y la manipulación judicial son contrarias a la verdad histórica de los hechos", apuntó la alianza opositora.

El Tribunal Supremo de Justicia (TDJ) derivó a la Asamblea Legislativa cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez, los casos de presentación violación del derecho a libertad de expresión a través de un decreto, un crédito de Fondo Monetario Internacional (FMI) no aprobado en la Asamblea Legislativa, la ampliación de los servicios de Fundempresa y las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.