Una de las mayores amenazas en la defensa del medioambiente es el riesgo que corren sus activistas, dirigentes y quienes denuncian irregularidades o delitos en este contexto.

No son extrañas las desapariciones, los asesinatos, los amedrentamientos que terminan afectando a estas personas y a los pueblos indígenas, generalmente los más afligidos por los crímenes ambientales.

Con este contexto se adoptó en 2018, luego de varios años de negociaciones, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú.

El mismo busca garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, por ello busca que los Estados garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promueven la protección del ambiente. El acuerdo, con la adhesión de 12 países de la región, entre los cuales está Bolivia, entró en vigor en 22 de abril de 2021, Día de la Madre Tierra.

Hace unos días se realizó en Santiago de Chile una reunión para aprobar la Declaración Política, en la cual los países signatarios reafirman al tratado como “un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medioambiente sano para las generaciones presentes y futuras”.

Bolivia tuvo un papel muy polémico en dicha reunión, pues propuso modificar un párrafo del tratado en el que se pone a la sociedad civil como parte de la mesa directiva del acuerdo. La propuesta no fue apoyada por ninguno de los más de 700 delegados de los países miembros de los 12 Estados; sin embargo, la controversia estaba instalada.

¿Cómo es posible que Bolivia proponga excluir a la sociedad civil de un proceso que justamente busca la participación de todos los actores en el acceso a la información en asuntos ambientales y en su protección? La explicación boliviana es insólita: “Proponemos es que se pueda eliminar, esto no quiere decir que no exista la participación, lo que hará el Gobierno es el diálogo con la parte pública (...), quiero incidir que es un acuerdo intergubernamental”, sostuvo la representante boliviana, insistiendo en que al ser una conferencia de partes, dichas partes ya estaban en la mesa y, por tanto, no hacía falta incluir a nadie más.

Obviamente, esto ha desencadenado una serie de reclamos de parte de las organizaciones ambientalistas y de sus líderes, que además de poner en evidencia este gaffe de la delegación boliviana, manifestaron que el país está lejos de cumplir las medidas consignadas en el acuerdo.

Según diversos ambientalistas, si bien se ha avanzado en algunos procesos de socialización, de otro lado se ha incrementado la violencia, criminalización y amenazas contra defensores del territorio y el medioambiente.

Además de ello, se denunció que Bolivia realizó un cambio de postura que no sólo fue bochornoso para el país, sino que no fue consultado por organizaciones ambientalistas representativas, las mismas que emitieron un comunicado de respuesta 27.164 mm.

Más grave aún, la senadora Cecilia Requena, especialista en temas ambientales, sostuvo que Bolivia fue a la reunión con un relato “discutible” sobre el respeto a la Madre Tierra, excluyendo de su mirada toda la problemática del extractivismo, como la explotación ilegal de oro en áreas protegidas.

Nuevamente se pone en evidencia la distancia entre la retórica gubernamental de defensa a la Madre Tierra y los intereses gubernamentales. El grado de vulneración de estos derechos es imposible de ocultar, por ello es natural que se pretenda no incluir en estos espacios a quienes lo revelan permanentemente.  Con todo, este impasse queda como una muestra más de la orfandad en la que se encuentra la defensa de los derechos ambientales en Bolivia.