El asesinato, a manos del sistema judicial puesto al servicio del  Movimiento al Socialismo (MAS), del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo y los esfuerzos masistas por enjuiciar a la expresidenta constitucional Añez, sin respetar el debido proceso, no sólo forman una unidad para el análisis, sino que expresan una realidad de fondo, representativa de las consecuencias a las que el proyecto delincuencial, impulsado por este partido desde el 2006, llevan.

Una de las consecuencias, en principio, muestra a la fracción gobernante del MAS deseosa de desvincularse de tal proyecto que impulsaran junto a Evo Morales. Esta fracción pretende el distanciamiento, presionada precisamente por la urgencia de borrar las huellas delictivas que le comprometen y habilitarse como opción viable. La discrepancia interna tiene como primer y último motivo la pelea en torno a quién cargará con las consecuencias que el proyecto delincuencial causa.

La disputa, además de tan cobarde motivo, se encuentra empero con un obstáculo insuperable para la fracción gobernante. Se trata de desligarse de los rasgos totalitario-delictivos que caracterizaron la gestión de Morales (quien representa la otra fracción) y de la cual fueron hombres importantes los hoy gobernantes. Tal es así que, en términos generales, esos rasgos continúan en la actual gestión de Luis Arce: la persecución y el encarcelamiento de opositores políticos, como Añez; o a quien denunciara actos de corrupción de cualquier autoridad de gobierno y/o de la mafia sindical afín al MAS, como el caso de Marco Aramayo. Ambas fracciones masistas son responsables por la falta de independencia del sistema judicial y del ministerio público. A todos ellos les resulta funcional que la cúpula de ambas instancias del Estado se encuentren conformadas por operadores del MAS. Esto es lo que ha llevado al fallecimiento de Amarayo y lo que hoy continúa manteniendo privada de libertad a la expresidenta Añez.

Es debido a ello que la fracción gobernante mantiene la decisión de controlar y someter a la oposición y continuar desarrollando el esquema totalitario, en la estructura estatal. Sin embargo, la burda utilización masista del sistema judicial es tal que la presión que ejercen para ello, en un momento dado, “quebró” a algunos operadores de justicia, llevando a la Sala 4ª. en lo penal, del Tribunal de Justicia de La Paz, a reconocer que Añez debe ser enjuiciada no por la vía ordinaria, sino en un juicio de responsabilidades.

El efecto de ello es devastador para ambas fracciones, porque implica un desmentido a la idea masista de golpe de Estado, con el que supuestamente habría asumido Añez el gobierno, en octubre del 2019. Se entiende que la falacia del supuesto golpe no era sino una coartada para encubrir el fraude electoral de ese año; fraude que motivó la protesta de la ciudadanía democrática y puso al país todo ante una crisis nacional general. Debido al interés común de ambas fracciones, de continuar manejando la justicia desde las oficinas del partido, resultan insultantemente cínicas las condolencias expresadas por el ministro de Justicia, Iván Lima, a los familiares de Aramayo.

A la fracción gobernante, sin embargo, hasta podría resultarle de alguna utilidad admitir, finalmente, un juicio de responsabilidades a Añez. Respetar la decisión de la Sala 4ª  -después de teatralizar alguna pantomima de pataleo, para consumo interno- le ayudaría a exhibir un barniz de respeto a la legalidad y desmarcarse de la propuesta de un juicio sin valor legal, al que inicialmente se había sumado.

Pero lo más importante, en su menuda pelea interna, le permitiría ampliar el distanciamiento con la fracción de Morales, quien comienza a ser considerado, internacionalmente, como el capo de todos los capos del narcotráfico en Bolivia, y su base de operaciones, el Chapare, como una gigantesca factoría. Todo ello, hasta sembraría en la fracción de gobierno la sensación de esperanza por haber ganado un valioso tiempo político, para formular un plan B masista, ante el truncado, en octubre del 219, narco proyecto. Con esta hipotética operación, por supuesto, incluso podría intentar tender puentes en el parlamento y fuera de él, con instituciones profesionales, colegiales, regionales, municipales o empresariales, sin desligarse, necesariamente, de las que mantiene con los sindicales paraestatales.

De todas maneras, son al menos tres elementos actuando en la presente coyuntura: el peso de las consecuencias del manejo totalitario delincuencial del MAS desde el 2006; la imposibilidad de recuperar el truncado proyecto narco estatal y por último, las disputas internas debido al interés de la fracción gobernante de simular una apego a la democracia y a la lucha contra el narcotráfico. Estos tres elementos, sin embargo, existen en un contexto mayor, en el que interactúan y del cual reciben, a su vez, su influencia. Se trata de la sociedad boliviana toda y de la correlación social y política de fuerzas que en ella se configuran, debido a las luchas sociales de todo matiz.

Esas luchas condensan, en último término, el conflicto entre los principios totalitarios y los principios democráticos; habida cuenta que la confrontación de estos principios alcanzó, el 2019, uno de sus picos más altos. Esa situación confrontacional fue rápidamente reposicionada, desde, por lo menos, los últimos siete meses, debido a las pulsiones autoritarias y antidemocráticas del gobierno.

Tales pulsiones, hoy por hoy, se refieren al hostigamiento a líderes cívicos, a autoridades políticas contrarias al MAS, al seguimiento y vigilancia a periodistas críticos. Son tales prácticas las que marcan la continuidad de Morales y Arce; sin contar, claro, la instrumentalización de la justicia, del ministerio público y el permanente atropello de los derechos de quienes no comulgan con la corrupción, el narcotráfico y el totalitarismo.