El asesinato “judicial” de Marco Antonio Aramayo es el nuevo episodio trágico y grotesco, de esta nuestra tragedia judicial que viola la Constitución y la ley y que, en lugar de proteger la vida, la dignidad, la seguridad y los derechos, provoca la muerte de un ciudadano que, como miles, guardaba detención “preventiva” desde hace siete años.

Más de 200 procesos judiciales, que lo trajinaron inhumanamente por 50 centros penitenciarios en todo el país, 23 órdenes distintas de encarcelamiento “cautelar”, dictadas por 84 jueces a instancias de 92 fiscales, varias de ellas conocidas y avaladas por la Fiscalía General, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que rechazaron todos los recursos judiciales presentados por Marco Antonio que, a sus 54 años, después de semejante viacrucis, expiró este pasado martes 19 de abril.

Otra vez todos se han rasgado las vestiduras; las cabezas gubernamentales del sector han dicho que la administración de justicia no “ha sido humana” o que el régimen penitenciario “no escatimó esfuerzos para salvarle la vida”, llegando al cinismo de expresar “condolencias” a los familiares. Se han ordenado “investigaciones”, otra vez se han dispuesto intervenciones, ahora de los juzgados disciplinarios que no sancionaron a los jueces, y desde la Fiscalía General y el Consejo de la Magistratura han tratado, contradiciéndose, de disimular la descomunal persecución judicial. El fraude se conoció en 2013 por denuncias periodísticas, logrando Aramayo poner en marcha una auditoría en 2014 que tímidamente dio cuenta de Bs 170 millones desfalcados. Pero las evidencias principales que recogió la prensa y otras investigaciones institucionales detallaron de otros montos cercanos a los Bs 1500 millones y, especialmente, de la vinculación íntima del descomunal raterío con el poder político que había convertido al “fondo” en el principal instrumento de prebendalización, soborno y división de varias dirigencias originarias, buscando un chivo expiatorio para descargar ese pesado fardo que lastraba definitivamente a un gobierno extraviado.

Por eso la Contraloría del señor Herbas involucró a Marco Antonio en las “responsabilidades” y los jueces de instancia, en sólo 24 horas, de denunciante y testigo principal de los hechos delictivos lo convirtieron en sindicado, lo encarcelaron al día siguiente de su declaración testifical en marzo de 2015, hasta que el 19 de marzo de 2022 la muerte acabó con su cuerpo vejado y torturado. 

Los gobernantes desde 2015 hasta hoy, los que se están rasgando las vestiduras y especialmente los que utilizaron a los jueces y fiscales, para garantizar la impunidad de su base dirigencial podrida, tienen la responsabilidad. Por supuesto que los promotores del fraude y de la tramoya para mantener impunidades tienen que ir al banquillo, pero ¿qué hicieron en un año los gobernantes transitorios? Con fines de corto alcance trataron de involucrar en el caso a exgobernantes del masismo, pero nunca atendieron los reclamos escritos que mandó Marco desde todas las cárceles, “es que también es masista”, dijeron los interventores o los ministros de Jeanine que aparecieron recién, muy compungidos, en el velorio.

Basta de cinismo. Recojamos lo que según su hijo fue la última voluntad de Aramayo: que se investigue el latrocinio del Fondioc, que se identifique y sancione a todos los responsables, de los tres gobiernos últimos, por acción o por omisión, y que se recuperen los dineros malversados de los pueblos indígenas. Pero que se investigue a jueces y fiscales que, en tropa, 170 en total, a lo largo de siete años violaron la ley y la Constitución con todas las triquiñuelas imaginables convalidadas por magistrados, por vocales y ejecutadas por funcionarios policiales y penitenciarios.

Es que no se trata de algunas “excepciones” de jueces y fiscales serviles al poder de turno, como ha reclamado la Asociación de Magistrados de Bolivia; no pues, es un ejército mercenario de 84 jueces que se pusieron al servicio de los execrables fines gubernamentales de acallamiento de los denunciantes y de impunidad de los delincuentes.

Pero además, y sobre todo, BASTA de esta degradación absoluta de la justicia que a cada momento se revela en escándalos. Ayer los feminicidas condenados liberados, hoy las inermes víctimas de las torturas judiciales, ayer, hoy y mañana los adversarios políticos enjuiciados, como la ex presidenta Jeanine Áñez, no para que se esclarezcan y sancionen los delitos, sino para los fines subalternos de venganza.

A fines de 2021, 10 juristas independientes dijimos que con esta justicia al revés la vida, la libertad y la dignidad de todos están en riesgo, junto a todo el sistema democrático. Redoblemos el esfuerzo y la decisión por la reforma judicial, como el camino que nos queda, con la Iniciativa popular y el referendo.