— ¿Cuál es su diagnóstico del país en este momento?
En 2020 (cuando Luis Arce asumió la Presidencia), el país estaba en un escenario de colapso en lo económico, sanitario y educativo. Por supuesto, que estábamos en colapso pleno en el ámbito político. En la economía hay elementos que muestran una reactivación, como por ejemplo la generación de empleos, aumento en las cifras de exportaciones y el mejor crecimiento de los últimos siete años. Hay indicadores que muestran que el país está recuperando. Por ejemplo, en Santa Cruz, La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) autoriza por día el abastecimiento de combustible para 30 motocicletas y cerca de 20 automóviles nuevos. Son datos importantes.

— ¿Cómo impacta el aumento del parque automotor en el subsidio de los combustibles?
El subsidio ocasiona un gasto muy grande en las arcas nacionales, pero todavía las exportaciones de gas tienen un superávit que nos permiten cubrirlo. YPFB está trabajando en políticas para sustituir la importación de carburantes y cubrir nuestras necesidades internas.
Me llama la atención que haya un importante incremento en la importación de motocicletas.

— ¿Por qué le llama la atención?
Muchas personas utilizan la motocicleta, por ejemplo, para trabajar de Delivery. Durante la pandemia en el país se perdió un millón de empleos y cuando a uno ve estas cifras, lo primero que se viene a la cabeza es que hay una gran cantidad de personas que están creando emprendimiento propio. Lo fundamental es que los bolivianos y las bolivianas tengan la posibilidad de generar ingresos que permitan cubrir sus necesidades básicas diarias. Hay que apuntar en mejorar la calidad de los empleos, con todos los beneficios sociales, etc.

— Desde el punto de vista político y del Gobierno, ¿cuál es la situación de la expresidenta Jeanine Áñez que pide someterse a juicio de responsabilidades?
Desde el punto de vista político, ninguna de las tres fuerzas con representación parlamentaria cuenta con dos tercios de los votos para aprobar el juicio de responsabilidades. El MAS tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, pero no dos tercios. En el caso de la señora Áñez, hoy por hoy, tiene dos procesos abiertos: golpe de estado I y golpe de Estado II. Son casos diferentes. En este momento está siendo juzgada por el golpe de Estado II. 

Enfrenta una acusación por disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Esto significa un actuar de la señora Áñez los días 10,11 y 12 de noviembre de 2019 en su condición de senadora. Ella violentó nueve artículos de la Constitución, tres del reglamento de Senadores y tres del reglamento de Diputados para autoproclamare presidenta.

— ¿Por qué dice autoproclamarse?
Esto no es una figura retórica. Cuando observamos las imágenes de aquel día (12 de noviembre de 2019), la señora Áñez leyó, solo ella y nadie más, e interpretó una serie de artículos y de disposiciones y habló sobre la sucesión presidencial, sobre la ausencia del entonces presidente Evo Morales, interpretó que no consideraba necesario la lectura de las cartas de renuncias e incorporó esta figura del ipso facto que tiene más relación con la Constitución de 1969, que se aplicó en 2001 para la sucesión presidencial de Jorge Quiroga. Sobre esa figura que necesitaba ser vicepresidenta en Ejercicio tomó el mando de la Cámara de Senadores y, de esa forma, pudo tomar la Presidencia. Ella no juró en ningún lado y no tiene certificado ni documento que la acredite como presidenta. Está siendo juzgada por la vía ordinaria porque era senadora.

— ¿Por qué fue reconocida por la Asamblea Legislativa dominada por el MAS?
En el país hay factores de poder y poderes fácticos instalados. La señora Áñez tenía el poder Ejecutivo y el control de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales del país. El señor (Arturo) Murillo caminaba de forma descontrolada y detuvo a 1.000 ciudadanos. Había una situación en la que dos poderes están confrontando, pero el monopolio de las fuerzas estaba con Áñez.

— ¿Qué implicancia tenía el comunicado que emitió el TCP en momentos de convulsión?
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un comunicado que equivale a una nota de prensa, que no cuenta con ninguna vinculatoriedad jurídica ni de carácter legal. Eso creó una confusión en la población de que se tenía un respaldo en el ente que resguarda la constitucionalidad en el país. El TCP solo puede pronunciarse con sentencias, autos constitucionales y declaraciones constitucionales.

— ¿El TCP puede emitir un comunicado de oficio?
No, pero es un comunicado. Es una opinión. Corresponde que se investigue quién solicitó al TCP que se manifieste o si fue un pronunciamiento a iniciativa propia de la institución. No cualquier persona puede solicitar control de constitucionalidad.

— ¿Por qué este hecho está fuera de la investigación?
Eso el Gobierno no lo investiga. Hoy en día eso no forma parte del proceso en contra de la señora Áñez, pero he dicho públicamente que habría que preguntar de dónde surge la iniciativa de hacer el comunicado del TCP, si fue a iniciativa propia de la institución o si alguien preguntó sobre el tema de la figura de ipso facto.

— ¿Este caso de Áñez complica al Gobierno y al MAS?
No, no tiene ninguna incidencia política sobre el MAS ni en el Gobierno. Es un proceso que está considerando la responsabilidad que tiene la señora Áñez en tres días puntuales en los cuales ella se autoproclama presidenta. No puede ser que una persona haga una interpretación personalísima de la Constitución, de los reglamentos y en base a ello, finalmente, se proclame presidenta.

En el momento que Áñez asumió el poder habían renunciado todas las máximas autoridades del Estado. ¿Eso no se considera en el proceso?
Eso tiene una hoja de tratamiento. Primero, no teníamos presidente en el Senado porque la señora Adriana Salvatierra había renunciado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La Ley de Violencia Política Contra la Mujer señala que las renuncias son por escrito, personalísimas y se tramitan ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto significa que la señora Salvatierra debió presentar su renuncia escrita ante el TSE. Una vez que esté en el Tribunal Electoral, esa carta debería tratarse en el pleno del Senado para su aprobación o rechazo. Nada de eso sucedió ni fue permitido. El país y la Constitución tienen una línea de sucesión vertical. Esto es para resguardar las mayorías del país. La Presidencia del Estado no puede quedar en manos de unas minorías porque habría un problema de falta de legitimidad y ausencia de respaldo popular.

— ¿En este momento estamos en la etapa de posverdad?
No creo que estemos en posverdad en este caso. La convulsión no significa que se debe escoger a una persona y colocarla de presidente. Hay una línea de sucesión que establece la Constitución porque estamos hablando del presidente del Estado, no de cualquier funcionario. Eso no se cumplió.

— ¿Estos hechos de 2019 provocaron la ruptura del Gobierno del MAS con Santa Cruz?
No hay ese tema del Gobierno del MAS contra Santa Cruz. Este jueves fue entregado el equipamiento para el Centro de Medicina Nuclear que está en Pampa de La Isla. Si el gobierno de Luis Arce tuviera una animadversión, direccionaba la inversión, la atención y las prioridades. O mostraría una actitud de desconsideración, como por ejemplo, en el caso de las vacunas, pero eso no ha sucedido. Sí existen miradas contrapuestas con aquellas personalidades e instituciones que claramente desestabilizaron en 2019, provocaron la ruptura e insisten en ese camino. Llámese Comité Cívico.

—  ¿El Comité Cívico conspira contra el Gobierno de Arce?
El año pasado ha dado muestras de aquello. No es que lo diga yo; habrá que revisar las palabras del señor Rómulo Calvo: “Tenemos la receta de cómo sacar al dictador del poder”. También ha dicho: “Sabemos cómo voltear un gobierno.

—  En El Alto también lo dicen permanentemente. ¿Por qué no los acusa de conspirar?
En El Alto no se ha vertido una amenaza contra el Gobierno del presidente Arce. No lo ha hecho Eva Copa, ni siquiera el señor (Santos) Quispe, que es de la Gobernación. Lo que ha señalado el señor Camacho el día de su posesión (3 de mayo de 2021), lo que ha dicho el señor Rómulo Calvo en el primer paro cívico (10 de octubre de 2021) y en el segundo paro del 8 de noviembre ha sido textual y directo. El Comité Cívico tiene un problema de acreditación democrática e institucional. Los procesos electorales son para respetarse. En 2020 hubo un ganador en las elecciones y pensábamos que con esto se resolvería la crisis política en el país.

—  ¿Sigue la crisis política?
Sí, sigue. En realidad, en 2020 se resolvió quién gobernará el país y el beneficiado por el voto popular resultó Luis Arce. Esa voluntad se debe respetar, son cinco años de mandato. No se puede emitir advertencias de ruptura de gobierno porque no es constitucional, no es legítimo ni institucional. No hay que sembrar dudas sobre la transparencia del proceso ni mencionar frecuentemente que hubo fraude sin mostrar pruebas.
El Gobierno anunció en dos oportunidades que impulsará la reforma judicial. 

— ¿En qué estado se encuentra el proceso?
No cabe duda de que el sistema judicial en su conjunto atraviesa, posiblemente, su momento más crítico. Sin embargo, los estudios no lo mencionan como la principal preocupación de los ciudadanos.

La economía y las tensiones políticas están entre las principales preocupaciones y más abajo está la justicia. Pareciera que el boliviano ha normalizado esa justicia esperando que no le toque una travesía angustiosa por los tribunales. También hay que reconocer que hay un problema en la institucionalidad. Muchos han comenzado a cometer ilícitos, con consorcios de fiscales, asociados a abogados, médicos privados y algunos jueces que liberan feminicidas.

Hay una debilidad institucional en el país, pero la justicia ha mostrado situaciones críticas, como el caso del señor (Marco) Aramayo, donde hay responsabilidad del Ministerio Público que puede tener a una persona girando sobre una búsqueda de soluciones que nunca llegarán por su forma de actuar.

—  ¿Cuál es su lectura del caso Aramayo?
Los jueces que fueron conociendo el caso Fondo Indígena se ensañaron con Marco Aramayo. Lo retuvieron bajo diversas modalidades, con un maltrato que lo hicieron viajar por el país en condición de detenido. El Ministerio Público, la corporación de jueces y administradores de justicia tienen hoy unas libertades que necesitamos reformar para garantizar que no hagan un manejo arbitrario de la justicia. También se necesita establecer barreras para que haya equidistancias entre el poder político y el judicial.