La Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), se encuentra bajo presión para autorizar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por la designación irregular de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

Se requiere de 2/3 para avanzar, lo que significa que  se debe lograr un acuerdo con la oposición representada por Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Áñez envió una carta a los líderes de los partidos opositores, en busca de apoyo, y anunciaron que existe predisposición, sin embargo, se encuentran en proceso de análisis.

ACEPTACIÓN Para el activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca, citado por ERBOL, el MAS debería aceptar el juicio de responsabilidades, con el objetivo de acelerar el juzgamiento por las masacres de 2019.  

“Yo creo que sí, porque hay siete informes de Derechos Humanos a nivel internacional que claramente demuestran que en Bolivia, concretamente en la ciudad de El Alto ha habido masacre, ha habido asesinatos, ha habido tortura, juicios extrajudiciales y deberían haber aceptado para que esto se acelere”, manifestó.

Dijo también que ahora, “políticamente la figura se ha invertido”, porque antes la oposición rechazaba el juicio de responsabilidades y el MAS quería la autorización, pero ahora la situación es diferente.   

Recordó que las víctimas solo quieren justicia y que en un estrado judicial se identifique a los autores de las vulneraciones a los derechos, aunque tiene sus dudas respecto al uso de este caso “para lavarse las manos” si no consigue los dos tercios. Alerta de una “movida estratégica”, tomando en cuenta que, por norma, el caso se archiva cuando el juicio de responsabilidades no logra dos tercios en dos ocasiones en la Asamblea Legislativa.

En el caso Senkata-Sacaba, Áñez tiene acusación por genocidio para juicio de responsabilidades. Los otros implicados, exministros y exjefes militares y policiales, están en proceso ordinario.

UN ACUERDO Juan del Granado, abogado y exalcalde de la ciudad de La Paz que participó en el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza, cree que si el MAS no aprueba el juicio político para Áñez será una “vendetta” porque no se está buscando el esclarecimiento de la verdad, sino una venganza.

Advirtió que esa intención perjudica al Gobierno, y no respeta el debido proceso, además de cometer “un ridículo jurídico”, al procesar por separado a la exmandataria.  

“El enjuiciamiento se concentró en un solo proceso hace 30 años como manda la Constitución, no se puede separar como se lo hace con la señora Áñez, Eso va en contra del estado de derecho, el debido proceso y las normas claras”, argumentó.

Para del Granado, es el partido azul y el Gobierno que vulnera las normas constitucionales y recomendó que para evitar “el tire y afloje” entre oficialismo y oposición, lo que debe hacerse es encontrar acuerdos.

SIN MANDATO El MAS, en la Asamblea  Legislativa no viabilizará un juicio de responsabilidades contra la expresidenta. 

El diputado Renán Cabezas, anunció que presentará un Amparo Constitucional para revertir la decisión judicial y buscar una sanción para los jueces por cometer prevaricato.

Su colega del oficialismo, Gualberto Arispe, reiteró que no viabilizará el juicio argumentando que su mandato no fue constitucional en 2019.

Explicó, según Urgente.bo, que para no dar luz verde al pedido, el partido azul se basará en la Sentencia Constitucional 0052/2021, que dice que el 2019 no hubo “vacío de poder” ni “sucesión constitucional” y fue un gobierno “de facto”, pero no supo aclarar que García Meza, pese a su condición tuvo un juicio político.

“No se va a dar mayor explicación. Si la oposición está ayudando es su problema”, concluyó.