No recuerdo que en la historia inmediata haya coincidido tan dramáticamente la Semana Santa con un estado de violencia y muerte en el planeta y en el país. Donde se fije la mirada se imponen el caos, el autoritarismo, la desconfianza y el miedo.

La muerte (asesinato) de Marco Antonio Aramayo ha ratificado esos sentimientos. Nos muestra que hemos dejado que se vaya imponiendo el objetivo de los autoritarios de que la ciudadanía sienta que ante su poder está indefensa. Y las declaraciones de las autoridades y dirigentes del MAS sobre el hecho, quienes junto a los fiscales, jueces y policías son los cancerberos de su proyecto político, dan cuenta de su profundo desprecio por la vida de los otros. En definitiva, nos gobierna gente sin moral alguna, para quienes lo correcto es lo que les interesa. ¿La Constitución, las leyes? Al garete, si no les conviene.

Y no parece que vayan a cortar esta forma de gobernar. Ahí está la situación de la ex presidenta constitucional Jeanine Áñez, y la ilustrativa declaración del viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, anunciando que procesarán a los jueces que, siguiendo lo que mandan las leyes, fallaron en sentido de que en lugar de aplicar el procedimiento penal en uno de los juicios en contra de la ex mandataria, corresponde uno de Responsabilidades. Es decir, quien en el Órgano Ejecutivo debe velar porque se respeten los derechos humanos es el virtual carcelero que pide que no se lo haga.

Hago referencia a dos casos del momento. El MAS tiene muchas más huellas de sangre imposibles de eliminar, pese a los esfuerzos de sus intelectuales. Hay registros de muchos de los actos provocados para incitar a la violencia en la que murieron conciudadanos y de acciones paramilitares de aniquilación de personas, en función a garantizar su copamiento del poder estatal y el establecimiento de un vil culto a la personalidad de su caudillo, actitud que, cual bola de nieve, ya es incontrolable. El MAS necesita imponer miedo e inseguridad.

Una prueba del predomino de esa actitud es que desde su posesión el binomio Arce y Choquehuanca no escucha el mensaje de la ciudadanía para inaugurar una etapa de reencuentro. Estaban dadas muchas condiciones y necesidades para que la nueva gestión del MAS ingrese en una dinámica de acuerdos entre las diferentes opciones políticas, empresariales y sociales, para enfrentar en mejores condiciones la crisis de salud y la crisis económica.

No lo hicieron y más bien siguieron privilegiando escenarios de confrontación, el uso de la administración de justicia, el Ministerio Público y la policía como instrumentos de represión política y la repartija de prebendas para garantizar lealtades.

Así hemos llegado a al actual momento, en que la muerte (asesinato) de Aramayo ha sacudido la conciencia nacional. Sin embargo, pese al miedo comienza a sentirse que, sin orientación clara, la ciudadanía percibe que ha llegado el momento de decir basta y clama a quienes pretenden asumir liderazgos nacionales, regionales o sectoriales poner coto a sus impertinencias particulares para crear alternativas dirigidas a recuperar un mínimo de institucionalidad que defienda a la ciudadanía frente al poder del Estado.

¿Comenzaremos a vislumbrar el camino que nos conduzca a reconstruir un estado de derecho, democrático e inclusivo como para acometer las tareas del desarrollo?

Que el luto que estamos sobrellevando nos obligue al acuerdo, como un homenaje a las víctimas de un proyecto cada vez más sangriento y frustrado.