Con el compromiso de garantizar el derecho a la información medioambiental, justicia para defensores y consulta previa, en abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú. Bolivia es uno de los 12 países que firmó el documento, pero ¿cuánto avanzó?
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Bolivia es uno de los 12 países que firmó el acuerdo regional que establece garantías al derecho a la información y justicia para defensores ambientales.
Con el compromiso de garantizar el derecho a la información medioambiental, justicia para defensores y consulta previa, en abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú. Bolivia es uno de los 12 países que firmó el documento, pero ¿cuánto avanzó?
“Bolivia es campeón en no cumplir sus acuerdos internacionales, por lo menos los de derechos indígenas: Convenio 169 (sobre pueblos y territorios indígenas), la declaración de los derechos de los pueblos indígenas tanto de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como de la OEA (Organización de los Estados Americanos) no los ha cumplido”. Con esa frase la líder indígena uchupiamona Ruth Alípaz resume su respuesta.
Este “visionario” acuerdo regional en temas ambientales busca garantizar el acceso a la información, impulsa la participación pública en la toma de decisiones, exige el acceso a la justicia para líderes indígenas y plantea su protección frente a las amenazas. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú y entró en vigencia hace un año.
Sin embargo, ya en 2021, líderes medioambientales locales veían con escepticismo la promesa gubernamental de cumplir las medidas del Acuerdo de Escazú.
“Durante los últimos tres años y principalmente durante el gobierno del actual presidente, desde el Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia) hemos podido ver que se ha incrementado la violencia, criminalización y amenazas contra defensores de territorio y medio ambiente”, explica el abogado investigador Franco Albarracín.
Desde la sociedad civil, la Fundación Gaia Pacha socializó con niños y jóvenes el contenido del Acuerdo de Escazú. “Los niños y jóvenes se mostraron bien interesados y tenemos un grupo a nivel nacional de Agentes por la Resiliencia Climática”, destaca el coordinador Rodrigo Meruvia.
Advierte que el trabajo que se realizó sobre el Acuerdo de Escazú, en los diferentes niveles del Estado, “es muy poco”. “Falta operativizar la aplicación y generar acciones para socializar el acuerdo”, comenta.
Reuniones y pocos resultados
Es difícil obtener una respuesta del gobierno respecto a los avances que ha realizado Bolivia para implementar lo establecido en el Acuerdo de Escazú. Página Siete intentó comunicarse con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.
En 2021, la Defensoría del Pueblo elaboró un estudio sobre las actividades que realizó el gobierno para implementar el Acuerdo de Escazú. El informe indica que la implementación del acuerdo requiere de una evaluación inicial, proyección de objetivos y seguimiento. “Se propuso en una primera instancia elaborar una línea base para conocer la situación inicial, sobre la cual el Estado Plurinacional de Bolivia desarrollará acciones a futuro”.
El documento establece que entre el 25 de marzo y el 26 de agosto del año pasado se realizaron seis reuniones entre diferentes instituciones, como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de la Presidencia, Tribunal Agroambiental, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Hidrocarburos y Energía, y la Defensoría.
La Defensoría señala que se realizaron tareas de difusión y socialización del Acuerdo de Escazú en medios de comunicación, con materiales impresos y mediante talleres con organizaciones indígenas. Sin embargo, aclara que muchas de estas actividades fueron difíciles de consolidar.
El resumen, señala que algunas instituciones del Estado tuvieron problemas para dar continuidad a los representantes que participaron en las reuniones de coordinación. Además, la tarea de socialización enfrentó problemas debido a la pandemia.
La institución defensorial recomienda que las instituciones del Estado conformen una comisión permanente para coordinar la implementación del acuerdo, con la participación de la Defensoría del Pueblo “en calidad de veedor”. También plantea elaborar un plan de corto y mediano plazo para la conformación de mesas y sensibilización.
Amenazas a líderes ambientales
En abril de 2018, Alipaz denunció ante las Naciones Unidas que el gobierno no cumplió con la consulta previa y que había megaproyectos hidroeléctricos que atentaban contra los territorios indígenas. Ahora, cuatro años después, la líder indígena uchupiamona asegura que recibe amenazas de grupos mineros que le dicen “te vamos a dinamitar”, o las mismas autoridades la desprestigian ante la comunidad.
“¿A quién te quejas? Yo tendría que poder sentar una denuncia”, señala. No encuentra respuesta.
“Me querían elegir como miembro del directorio de mi pueblo, pero dijeron que yo no puedo ser parte porque ‘tengo antecedentes’; eso es criminalizar” lamenta Alípaz. En la comunidad, los dirigentes de organizaciones afines al gobierno la acusan de recibir plata. Además, lamenta que su iniciativa de turismo sostenible en su región ha sido multada tantas veces que las cuentas están congeladas.
El 9 de marzo, el poblador de la comunidad El Cajón Isidro Gareca se dirigía a la ciudad de Tarija para denunciar las actividades hidrocarburíferas en la reserva de Tariquía. Durante el trecho a pie que lo llevaba a la carretera escuchó cinco disparos en medio de la oscuridad y de la espesura del bosque. ¿A quién se queja?
Para denunciar este amedrentamiento, La Contiocap emitió un manifiesto con el respaldo de 48 organizaciones. La Defensoría del Pueblo no se manifestó.
¿A quién acudir?
La senadora Cecilia Requena (CC), presidenta de la Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, apunta que entre las instituciones encargadas de garantizar la justicia para las poblaciones indígenas se encuentran el Tribunal Agroambiental y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ninguna de éstas cuenta con la confianza de las poblaciones vulnerables.
“En Azariama no le aceptan ni la denuncia a una persona que ha sido agredida porque la comunidad considera que él hizo algo malo. Hay un señor que tuvo que salir de la comunidad y si sus hijos lo quieren visitar, les quitan hasta el celular”, denuncia Requena. En estos últimos meses la legisladora ha recibido al menos 10 denuncias sobre temas ambientales que llegan desde diferentes puntos del país.
Franco Albarracín, del Cedib, acota que la Defensoría del Pueblo conoce las denuncias de avasallamientos y de vulneración de derechos humanos y persecución a defensores. “En ningún momento ha hecho nada al respecto, por lo tanto, en los defensores y líderes indígenas existe una percepción muy negativa de la Defensoría del Pueblo y existe la percepción de que está parcializada con el partido de gobierno. Desconfían”, explica.
Este medio intentó comunicarse con la Defensoría del Pueblo, pero no obtuvo respuesta.
Albarracín indica que el Tribunal Agroambiental tiene poca credibilidad por la falta de confianza que pesa sobre los tribunales de justicia. “Al formar parte de la estructura de justicia, el tribunal está también desacreditado por la población en general”, apunta.
Esta poca confianza, en su opinión, provoca que la población no acuda a denunciar a estas instancias y recurra a ONG, organizaciones de la sociedad civil o de derechos humanos.
La COP1 de Escazú
Conmemorando el primer año de vigencia del Acuerdo de Escazú, se celebra la primera Conferencia de las Partes (COP) en Chile, desde el miércoles.
En esta reunión se revisará la aplicación del Acuerdo de Escazú y se avanzará en la operativización. Los participantes de los 12 países miembros también abordarán las reglas de procedimiento de la COP, modalidades de participación y disposiciones financiera del Acuerdo de Escazú.
El vicecanciller Mamani participa de forma virtual en la COP1. Foto: Captura de pantalla
En el encuentro participa en representación de Bolivia el vicecanciller, Freddy Mamani. En su primer discurso, la autoridad destacó que Bolivia cuenta con jueces agroambientales en todo el país y plataformas virtuales para la distribución de la jurisprudencia de casos ambientales. “Se ha cumplido con la propuesta de código procesal ambiental, con el objetivo de regular procedimientos y competencias de la jurisdicción ambiental”, dijo.
Ayer, activistas alertaron “un intento por parte del Gobierno de Bolivia de frustrar la COP1. Bolivia propuso se retire la propuesta de incluir al Público (sociedad civil, Pueblos Indígenas, etc,) en la Mesa Directiva”.
Este trabajo de Página Siete fue realizado en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.
Acuerdo de Escazú
Acuerdo Aunque entró en vigencia el 22 de abril de 2021, el acuerdo fue ratificado por Bolivia mediante la Ley 1182 del 3 de junio de 2019.
Escazú Este acuerdo internacional es producto de una fase preparatoria de dos años y nueve reuniones del comité de negociación.
Acceso Plantea garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la información de manera oportuna y adecuada.
Justicia Es un tratado de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia cuando los derechos de líderes y poblaciones indígenas hayan sido vulnerados.
La deforestación afecta a las comunidades indígenas. Foto: Archivo/ APG
Pueblos no tienen acceso a la información ambiental
Aunque el acceso a la información ambiental es una de las premisas del Acuerdo de Escazú, ésta es restringida para las comunidades.
Cuando nosotros, como legisladores, presentamos peticiones de informes a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), al Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) o a otras instancias del Estado sobre las concesiones mineras, Chepete-Bala o problemas de eutrofización, no nos responden. La información no está en la web y debería ser pública”, advierte la senadora Cecilia Requena.
En lo que va del 2022, la legisladora presentó al menos 28 peticiones de informes ambientales orales y escritos, 18 dirigidos a autoridades nacionales y 10 para representantes departamentales. Es más, según Requena, si las organizaciones internacionales solicitan informes medioambientales al Estado, estás son respondidas, pero no son difundidas ante la población.
Para la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), el acceso a la información en temas ambientales es difícil, como explica el vocero Alex Villca.
“En el caso de la minería, nosotros como pobladores si queremos saber cuántas cuadrículas de tierras en áreas protegidas se están dotando, para nosotros es una información que requiere mucha labor, haciendo imposible tener el detalle”, señala Villca.
Agrega que debido a esta poca información los pueblos indígenas son los “últimos en conocer qué decisiones se están llevando a cabo” respecto a sus propios territorios.
La líder indígena uchupiamona, Ruth Alípaz, cuenta que a finales del año pasado, desde la sociedad civil se realizó un monitoreo de contaminación por mercurio en poblaciones de la cuenca del río Beni, Quiquibey y Tuichi. “El gobierno, en vez recibir la información y tomar acciones sobre este problema, lo que hizo fue tratar de desvirtuar y encontrar ‘peros’ al informe”.
12 países de la región ratificaron el Acuerdo de Escazú, entre ellos Bolivia. Estos días se reúnen en la Cumbre COP1 en Chile.
En Bolivia se ha incrementado la violencia, criminalización y amenazas contra defensores medioambientales
Franco Albarracín, Cedib
Bolivia es campeón en no cumplir sus acuerdos internacionales, por lo menos los de derechos indígenas
