Cuando se habla de la profunda crisis de la justicia boliviana, esa que necesita una urgente reforma, pero que no parece preocuparle mucho a las autoridades del Ejecutivo ni del mismo órgano judicial, uno de los problemas centrales de ese complejo de falta de independencia y corrupción se resume en una sola palabra: jueces.

La mayoría de los jueces que operan en la justicia boliviana son transitorios; es decir, no son de carrera. Estos últimos alcanzan solo al 44 por ciento del total. Si en el país hay 1.098 jueces, sólo 483 son titulados, mientras 615 son, por decirlo de manera más directa, improvisados.

Ser titulado tampoco es garantía de que un juez no sea corrupto. El poder del dinero fácil y rápido es tan fuerte que no conoce barreras éticas en muchos casos. Pero al menos el país tendría jueces mejor preparados.

Podríamos resumir que la corrupción es el problema principal de la justicia dado que la falta de independencia es también una forma de corrupción en la que una autoridad, en este caso del gobierno, manipula la decisión de un juez a cambio de favores económicos.

Entonces, si la corrupción es el principal problema de la justicia boliviana, la reforma de la justicia debiera comenzar con la destitución de todos los jueces corruptos, pero esa sería una tarea muy difícil de llevar adelante porque la corrupción no deja factura ni se paga con QR bancario que deje huellas.

En una entrevista con EL DEBER el magistrado José Antonio Revilla Martínez dijo que en la reforma tendría que destituirse a los jueces que no están institucionalizados, y que los jueces corruptos que ponen en descrédito a todo el sistema judicial son menos que los buenos jueces, que son invisibilizados por los escándalos de funcionarios o jueces corruptos en todos los departamentos del país.

Afirma Revilla que quienes postulen a los cargos judiciales deben ser jueces y no los abogados que se quedaron sin trabajo, porque son los que peor imagen tienen. Hay en Bolivia una Escuela de Jueces que es un centro de pregrado donde sus contenidos no van dimensionados a desarrollar aptitudes y habilidades del juez, critica el magistrado.

Desde otra óptica, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres Echalar, dice que el camino es la Escuela de Jueces, que sin embargo tiene el problema de que obliga a los postulantes a hacer una carrera de formación de dos años, lo cual en su criterio es demasiado, considerando que recibe a abogados ya formados que repiten materias que ya estudiaron en la universidad.

Lo ideal, dice Torres, es que la formación sea más específica para jueces, en el manejo y administración de despacho, de herramientas tecnológicas de información y comunicación, y en la generación de valores, de manera que lleguen los mejores y no cualquiera.

El detalle de la falta de jueces no es menor, porque se conoce que hay magistrados que atienden hasta 1.500 casos en un año, es decir, a un promedio de cinco casos por día, lo que implica una recarga procesal porque el parámetro internacional señala un límite máximo de 700 casos al año.

Para tener buenos jueces, en el futuro se tendrá que pagarles mejor, porque por lo menos la teoría dice que un funcionario bien pagado es menos susceptible de recibir dineros de la corrupción para aumentar sus ingresos. Nunca se sabe, pero al menos habrá que hacer el intento cuando llegue el momento. Por ahora, como dijo el relator de Naciones Unidas Diego García-Sayán, la justicia y el Ministerio Público tiene un presupuesto ínfimo, que no llega al 0,50 por ciento del presupuesto nacional, lo que no permite dotarle de una institucionalidad ni pagar remuneraciones interesantes que atraigan a las mejores personas y no a los que tienen hambre de corrupción.