El magistrado Ricardo Torres conversó con EL DEBER tras evaluar el estado de la crisis la justicia con vocales y jueces del país. Reafirmó la necesidad de contar con el 3% del presupuesto estatal y exteriorizó su preocupación por la carrera judicial.

— ¿Cómo vio la práctica del Ministerio de Gobierno de exhibir a jueces y personas que son sospechosas de delitos?En lo que nos toca como Órgano Judicial respetamos el debido proceso y una de las garantías es la presunción de inocencia. Cualquier funcionario que los vulnere está sujeto, incluso a una investigación penal por esta causa. 

—¿Cuántos jueces hay en el país y cuántos han sido procesados por faltas disciplinarias?
Tenemos 1.098 jueces ordinarios y 63 jueces agroambientales. Tenemos jueces en materia penal que atienen arriba de las 1.500 causas cada año. Esto significa una elevada carga procesal y va contra toda estimación profesional y humana para que puedan resolver esa cantidad de causas. Los parámetros internacionales señalan que los jueces tienen una carga anual de 500 causas, como máximo. Se requieren hasta 800 ítems nuevos para responder a la carga de los diferentes tribunales de justicia. 

Debido a los últimos acontecimientos, cuando jueces de ejecución penal se vieron involucrados en hechos irregulares y delictivos, tenemos 18 que están procesados. 

— Pero, ¿qué ha pasado con la Escuela de Jueces del Estado?
Entró en un proceso de desinstitucionalización a partir de 2012, cuando entra en vigencia el nuevo sistema judicial del país. Desde entonces, hemos tenido solo dos directores titulares y esto perjudicó, se abundó en la improvisación. No hubo un objetivo claro para el trabajo que debe desarrollar la Escuela de Jueces, que es vital para el ingreso a la carrera judicial. Por eso, prácticamente naufragó. 

Para ingresar en la carrera judicial se debe hacer a través de la Escuela de Jueces, pero eso no se cumplió y los jueces ingresan vía convocatorias que con el tiempo perdieron credibilidad y llegaron a ser altamente cuestionadas.

— ¿Y qué plan existe para poder remontar esta crisis?
Primero, la Escuela ya tiene un director titular que es Lucio Valda, un profesional con experiencia académica. Habrá diplomados para evaluadores de los operadores de justicia. Se lanzarán diplomados para el personal del Órgano Judicial que desee formarse en auditorías jurídicas. El Consejo de la Magistratura, por la carencia de talento humano, lamentablemente no puede ejercer esa competencia que son las auditorías a fallos y decisiones cuestionadas. El litigante tiene derecho a pedir esas auditorías, cuando crea que un fallo o una resolución no goce de credibilidad o tenga algún cuestionamiento.

También hemos propuesto cambios en la Ley 025 (del Órgano Judicial) para resolver este tema.

— ¿Cómo será ese ajuste?
Se presentó un gran óbice, pues la Ley 025 obliga que los postulantes a ser jueces debían ser formados durante dos años y para nuestra realidad ese es un tiempo bastante exagerado. Es una formación repetitiva respecto a lo que se aprendió en las facultades.

Ese modelo tiene que ser desplazado por uno que tenga énfasis en los principios y valores. Tienen que ser jueces los que tengan valores, convicción, principios, así como habilidades y destrezas para resolver la conflictividad a través de resoluciones probas. Con la actual modalidad, la Escuela de Jueces no puede garantizar esos principios, pues no solo se pueden impartir conocimientos, cuanto se sabe que algunos reciben ayuda en algunos exámenes. Para mí, esa forma de ingreso a la carrera judicial quedó inválida.

— Un informe de EEUU sobre derechos humanos señala que la justicia boliviana “es corrupta”. ¿Cómo ha recibido el contenido de este reporte?
Las recomendaciones que hizo el grupo de expertos del GIEI las recogimos y estamos trabajando en lo que nos compete cómo órgano judicial. En relación de la visita del relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, nos reunimos y hablamos sinceramente sobre los cuestionamientos. Hemos trabajado con autocrítica frente a las observaciones que vienen de organismos internacionales legítimos, pero no reconocemos recomendaciones de países que no están autorizados y no tienen la legitimidad ni moral para criticar. El Estado tiene la suficiente capacidad para solucionar la crisis del Órgano Judicial. No necesitamos recomendaciones del imperio, no necesitamos recomendaciones de países que no se enmarcan en los principios de derechos humanos de organismos internacionales.

— ¿Y cómo anda la reforma a la justicia? ¿Habrá cumbre?
Existe una discusión política, hay profesionales que de manera independiente están discutiendo la crisis judicial, la COB y organizaciones, también. Ahora estamos en una fase de reproche y cuestionamientos que se debe superar.
Las propuestas tienen que llegar a un escenario llamado cumbre o encuentro en un escenario pactado y consensuando entre todos los bolivianos.