La justicia subordinada al MAS se ha transformado en un grosero instrumento de acoso y tortura usado para controlar a los opositores y a los disidentes, pero también opera contra quienes tienen el infortunio de caer en sus oscuros dominios. 

La reflexión es oportuna a propósito de la muerte sufrida por el exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) Marco Antonio Aramayo Caballero, quien experimentó la furia desproporcionada, casi vesánica, con que este instrumento del poder priva de sus derechos humanos y constitucionales y maltrata a quienes se atreven a contrariar a los caudillos masistas. Tal percepción está corroborada no por opiniones sino por hechos. Y estos hechos, que conforman una base descriptiva y objetiva sobre el suplicio de Aramayo, que bien podría ser incluida como fundamento fáctico de un proceso ante la justicia, están descritos en un informe del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), que ha adelantado algunos de estos elementos en un pronunciamiento publicado ayer. 

“Su muerte es la trágica conclusión de una serie de vulneraciones a sus derechos fundamentales que han afectado al señor Marco Antonio Aramayo y que también afectan a las personas privadas de libertad en general”, expresa el documento del ITEI. 

En efecto, si algo caracteriza al suplicio judicial que tuvo que soportar Aramayo, desde el momento en que se atrevió a denunciar la rampante corrupción en el Fondioc, en 2015, fue la sistemática vulneración de sus derechos humanos y constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Estos derechos se han vulnerado en el caso de Aramayo y también, para citar algunos ejemplos, en los casos del extinto exdirector del Servicio Nacional de Caminos José María Bakovic y de la expresidenta Jeanine Áñez. 

Era imposible para Aramayo defenderse de 256 querellas por un solo delito —“una innovación del Poder Judicial contra el Debido Proceso”, ironiza el referido documento—; fue sentenciado políticamente de antemano por el expresidente Evo Morales y nunca la justicia emprendió “una debida investigación” porque resultaba más fácil inculpar a Aramayo por las irregularidades y delitos cometidos antes y hasta después de su gestión; “el Aparato Judicial ha hecho caso omiso del derecho a la presunción de inocencia, ostentando con orgullo todos los atributos de una justicia ineficiente y corrupta”, expresa el informe.

Además de señalar al Gobierno, a la justicia sumisa al poder y a la Policía como el tridente que lo acosó y mortificó, el documento expresa que Aramayo, en romería interminable por las cárceles del país, incluso cuando padecía Covid-19, sufrió torturas biológicas, “cuando lo privaron de alimentos”; físicas, en aquellos episodios en que lo golpearon, y psicológicas, al ser amenazado, extorsionado, insultado y humillado. Lo dice el ITEI, especialista en esta materia. 

Hoy, Aramayo ha muerto bajo el acoso de la justicia sumisa al MAS. La pregunta que debemos responder es cuál es el límite de tolerancia a este inhumano estado de cosas.