Marco Antonio Aramayo era un traidor. Podemos dudar de muchas cosas en este opaco episodio protagonizado por él, pero si hay una verdad evidente, es esa. Quienes antes habían merecido su obediencia jerárquica ven así a la persona que se da la vuelta y los delata; es decir, muerde la mano que le había dado de comer, como se dice.

Cuando una persona toma conocimiento de un acto delictivo, no solo se considera elogioso y hasta patriótico que lo denuncie, sino que lo que es penado es el silencio y la omisión de hacerlo. Pero eso vale en la lógica que quizá mi lector use para entender el funcionamiento de la administración pública. Vivimos otros tiempos y otros son los códigos. No importa lo que diga la ley; manda el 55%.

En todas las sociedades, salvo excepción que desconozco, el traidor es siempre tratado con mayor severidad que el enemigo. Este merece respeto, el traidor solo desprecio. Las razones sicológicas y legales para esta lógica son fáciles de adivinar. En la mafia, donde por encima de cualquier consideración formal o legal, priman los lazos de lealtad, siempre asumida como incondicional, el traidor es visto con mayor desprecio aún y castigado con particular crueldad.

Hago estas consideraciones sobre la mafia porque, si este es un país democrático gobernado por un poder legítimamente constituido, en el proceso de autocratización que vivimos, el poder termina pareciéndose en su lógica a la mafia. En una democracia, nadie está por encima de la ley, en la mafia, nada está por encima de la voluntad del jefe. Nuestro país ha incurrido en todos los vicios de la política y no es la primera vez que somos gobernados así. Lo importante es reconocerlo y ajustar las lecturas.

Si dejara que mi imaginación se convierta en letras, escribiría por ejemplo que después de que el Sr. Aramayo hiciera quedar tan mal a un Gobierno dizque  defensor de los indígenas pobres denunciando un carnaval de malos manejos -justamente en una entidad cuyo objetivo era beneficiar a esos indígenas- que alguien de arriba habría dicho “a ese hay que liquidarlo”. Eso bastó para que se abrieran las compuertas de la ferocidad de la máquina judicial. Quién fue ese “alguien”, podemos suponer pero no demostrar, así que lo llamaré simplemente la Voz.

En una autocracia, el deseo de la Voz es para muchos más que una orden porque en lugar de los límites de la legalidad, busca el límite del deseo, en este caso el de la saciedad de la venganza, y esta solo se encuentra en la aniquilación. Una vez expresado su deseo, la Voz tiene otras cosas de que ocuparse y no se entera siquiera de que para satisfacerlo se han fabricado diez o quinientos procesos. Esos son solo detalles.

De hecho, la cantidad de procesos a los que fue sometido Aramayo, 259, es tan absurda, que me resisto a creer que haya surgido de una estrategia. Solo una máquina descontrolada, sin sensatez humana por detrás, puede llegar a esos excesos, que, más que servir al propósito de satisfacer el deseo de la Voz, ponían en evidencia el descaro vengativo del poder. Con un proceso basta para liquidar a un hombre que solo tiene una libertad y una vida que perder. Pero la máquina es voraz y no tiene pudor.

¿Funciona así el poder autocrático en el que vivimos? No creo que la cosa sea tan sencilla. El poder no es un hombre sentado en una silla que desea y aprieta un botón. El poder para merecer el nombre tiene que ser capaz de transformar deseos en actos a través de mecanismos de transmisión que dependen para su ejecución de cadenas de mando en las que intervienen personas de segundo, tercer y cuarto niveles. Estas son las que han realizado los varios actos que han generado los procesos que han llevado a los siete años de padecimiento que culminaron con la muerte de Aramayo. ¿Quién es entonces culpable de esta muerte? ¿Todos, nadie? ¿La Voz?

No puedo dejar de imaginar que en estos días pasados alguien fue a decirle a la Voz que Aramayo estaba a punto de morir, y que la Voz, ya no dijo nada y sonrió con la inconfundible sonrisa de la venganza consumada.

Jorge Patiño Sarcinelli es matemático y escritor.