La expresidenta Jeanine Áñez pidió a los líderes de la oposición, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y Luis Fernando Camacho, de Creemos, que viabilicen en la Asamblea Legislativa el juicio de responsabilidades en su contra. Hay cuatro procesos en curso, pero el principal es por los hechos de Sacaba y Senkata que dejaron al menos 20 muertos en 2019. Esa decisión y pedido, más que de los opositores, recibió el respaldo firme de los familiares de las víctimas, que la vieron como un paso positivo para obtener justicia.

En la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa se encuentran cuatro proposiciones acusatorias contra Añez a la espera de un eventual tratamiento. Una es por los hechos de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). Los otros juicios están relacionados a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que autorizó el Gobierno transitorio sin aval del Órgano Legislativo; la ampliación ilegal mediante un Decreto Supremo de la concesión a Fundempresa y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión.

El ministro de Justicia, Iván Lima, utiliza como bandera cuando se refiere a este tema, la conminatoria a Mesa y Camacho para que la oposición otorgue los dos tercios que son necesarios para aprobar los juicios.

“Los hechos de Sacaba y Senkata no se juzgan porque debe hacérselo a través de juicio de responsabilidades para lo que se requiere dos tercios. Por eso, llamamos a los dos líderes opositores, Mesa y Camacho. Está en manos de ellos otorgarle dos tercios”, repitió el último domingo en una entrevista con medios estatales.

En la carta dirigida a ambos líderes políticos, Áñez señaló: “Por la presente me dirijo a ustedes a objeto de solicitarles interponer sus buenos oficios, ante los asambleístas legislativos nacionales de sus respectivas agrupaciones políticas para otorgar viabilidad a los requerimientos acusatorios de juicio constitucional de responsabilidades contra mi persona, con el fin de establecer la verdad de los hechos ante el país”, reza el pedido.

El líder de Creemos y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respondió a través de sus redes sociales que solicitará reunirse con Mesa, para exigir juntos un juicio justo para la exmandataria.

“Comprendo que este pedido es un grito desesperado de la expresidenta que se siente acorralada por el poder político del MAS y la justicia corrupta. Esta situación nos emplaza a las fuerzas políticas de oposición a generar acciones conjuntas con el fin de exigir justicia para todos en igualdad de condiciones, un poder judicial independiente y procesos justos y en apego a las leyes”, señaló.

Hizo notar que esta es una situación que lleva a la posibilidad de reencauzar por la vía correcta los procesos que le siguen a la expresidenta, “reorientando el rumbo injusto y abusivo de la justicia”. Resaltó que “la oposición democrática debe trabajar unida para lograr que se respete el debido proceso y evitar que la justicia politizada acabe con la resistencia y la vida de Jeanine Áñez, como ocurrió con Marco Aramayo”, agregó.

El expresidente Mesa, por su parte, señaló que lo consultará con su bancada. “Atendiendo al hecho incuestionable de que usted es la mejor abogada y juez de su causa, derechos, garantías e intereses, y que la autorización legislativa de la Asamblea es una garantía constitucional del proceso judicial que le corresponde de acuerdo a la Carta Magna, que no prejuzga sobre la verdad de los hechos y menos sobre las imputaciones y responsabilidades que puedan atribuírsele, pondré a consideración de los asambleístas de Comunidad Ciudadana su importante y urgente pedido”, señala.

El abogado de Áñez, Alaín de Canedo, señaló que “el pedido de mi clienta no es para salir de la cárcel, sino que todos los procesos que tenga o pueda tener, sean sustanciados en juicio de responsabilidades”, manifestó.

Apoyo
Por su parte, representantes y dirigentes de los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, vieron la decisión de la presidente como una actitud positiva.

El activista y exrepresentante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, señaló que la decisión de un tribunal esta semana de enviar una denuncia de contratación indebida de un supuesto familiar de Áñez a la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) es una señal de que en ese sentido podría salir también la consulta que se hizo al Tribunal Constitucional.

En noviembre el gobierno presentó una acción abstracta en la que consultó si es que ella asumió de forma constitucional o no. “El ministro Iván Lima dijo que de eso dependía procesarla o no en la vía ordinaria por las masacres”.

Acotó que “por eso, la decisión de la Áñez es una novedad positiva, y saludo ese acto de ella de someterse a justicia”, acotó. La dirigente de familiares de las víctimas de Senkata, Marisol Rodríguez también lo calificó como “positivo. Ahí tendrá que demostrarnos su inocencia”, manifestó.